Impugnarán sentencia por desplome del muro de la cárcel tras terremoto

Por: Felipe Ahumada Fotografía: La Discusión 09:35 PM 2016-09-08

La satisfacción tendrá que esperar un nuevo litigio, entre los propietarios de las viviendas de calle 5 de Abril que se incendiaron a causa de la masiva fuga de reos que huyeron de la cárcel chillaneja, a raíz del terremoto de febrero de 2010.


Pese que la Corte de Apelaciones condenó al Estado a pagar $1.044.490.399 a los afectados, fuentes ligadas al Consejo de Defensa del Estado dijeron a nuestro medio que se está analizando la posibilidad de impugnar las sentencias a través de diversos recursos, para que éstas sean ahora conocidas por la Corte Suprema.


Con este monto, que fue similar al total de lo solicitado por los abogados Francisco Hurtado y Juan Pablo López Matamala, los propietarios estarían en condiciones de reconstruir las mismas viviendas que perdieron. Ahora, “debemos esperar con paciencia y mesura lo que siga en este proceso. No podemos decir ni siquiera que estamos confiados, porque no es resorte nuestro el cómo pueda resolver nuestra Corte Suprema, ni tampoco me siento en condiciones de saber cuánto tiempo más tomará esta nueva etapa”, dijo el abogado Hurtado a LA DISCUSIÓN.


Respecto a los montos estipulados por la Corte de Apelaciones, por concepto de daño emergente y perjuicio moral, éstos buscan la reparación del perjuicio material de haber perdido las casas; y el daño moral apunta a la reparación de los perjuicios emocionales y sicológicos que afectan a quienes sufren una situación traumática.


Sobre los primeros, es decir, los del daño emergente, Francisco Hurtado, quien representa a los propietarios Aurelio Quijada (dueño del local en el que se encontraba el restorán El Sureño), a María Arteaga Fagnilli y  a las familias Contreras Parraguez y a los hermanos Mario y Lorena Bravo Orellana, explicó que “cada monto obedece a una proyección realizada en base a peritos y expertos en construcción, de lo que serían los costos de fabricar una casa como la que cada uno de ellos perdió, es decir se hicieron simulaciones de estas viviendas, en cuanto a materialidad, metros cuadrados construídos y otros detalles estructurales”.


El jurista, aclaró que los ministros de la Corte de Apelaciones chillaneja, “tuvieron en consideración los cambios y variaciones de costos que significa el construir una vivienda el día de hoy, respecto a lo que era hace seis años, porque desde entonces,  la mano de obra subió, también subieron los materiales y además, a raíz del mismo terremoto de 2010, hubo ciertos cambios en las normativas constructivas de Chile”.


“No volvería a construir ahí”
Para Mario Bravo Orellana, quien junto a su hermana, Lorena, son dueños del sitio en que hoy está emplazada una academia de danza, “la noticia me tomó por sorpresa, por un lado nos alegramos porque se ganó algo, sobre todo cuando el riesgo de que se perdiera también existía; pero por otro lado, siento que en lo económico el resultado pudo haber sido mejor”, comentó a LA DISCUSIÓN.


Pese a estar consciente que los montos zanjados por el fallo se dictaron acorde a la proyección de la construcción de cada vivienda, lo que en el caso de Bravo Orellana es de $64.889.245 (más $50 millones por concepto de daño moral), “lo que digo cerradamente es que de ninguna manera volveremos a construir en ese lugar, no al menos en un ámbito habitacional, ya que sería una casa que estaría en un lugar que ahora es prácticamente un sitio eriazo y porque la cárcel sigue ahí y por lo que vemos no hay ningún Gobierno que la quiera sacar, para nosotros eso es un riesgo y no volvería a construir ahí, ni para que me fuera a vivir yo o mi abuela, que es la dueña original de ese predio”, sentenció Bravo.

 

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