[Editorial] Otra desviación política

Por: Fotografía: Mauricio Ulloa 10:55 AM 2016-09-07

En materia política, los sondeos de opinión pública adquieren especial repercusión en los procesos electorales, dado que son percibidos como un anticipo de lo que puede suceder.

Conviene sí recordar que las encuestas confeccionadas con rigor profesional pueden ser una buena fotografía de un determinado momento del estado de la opinión pública, en tanto que la misma medición sistemática efectuada en forma periódica puede poner en evidencia la manifestación de una tendencia. Pero para anticipar el futuro, las utilidades de los sondeos son aleatorias, por la sencilla razón de que la opinión pública es cambiante y, en ocasiones, muy volátil. Del mismo modo, cuando las encuestas son utilizadas para hacer acción psicológica, se alejan del rigor científico para transformarse en instrumentos de campaña y de manipulación. 

Ejemplo de aquello es Chillán Viejo, donde desde antes de la fallida elección primaria entre Felipe Aylwin y Jorge del Pozo arreciaban los estudios de percepción política con resultados diametralmente opuestos, dependiendo del candidato que lo contrató. Ya superada esa controvertida etapa y coincidiendo con el inicio del período oficial de propaganda del proceso para elegir a alcaldes y concejales, este rito continúa, ahora midiendo a los seis postulantes inscritos ante el Servel. 

Recientemente, dos sondeos fueron aplicados en la comuna histórica: uno por el Instituto Libertad, ligado a RN, lo que ya le resta credibilidad, por ser el partido de uno de los candidatos y otro elaborado por una desconocida consultora, Comunicación Positiva, divulgado ayer. Ambos entregan resultados diametralmente opuestos, pues mientras el primero otorga un empate técnico entre el actual alcalde, Felipe Aylwin y el RN Rodrigo González; el segundo plantea la misma situación entre Aylwin, y el candidato independiente Samuel Jiménez. 

El problema, sin embargo, no son las estadísticas de cada uno, sino un elemento clave para la credibilidad de cualquier estudio de opinión: el rigor metodológico. En ambos casos sus realizadores solo se limitaron a informar el tamaño de la muestra (400 y 387 personas, respectivamente), sin entregar detalles sobre qué variables estadísticas influyeron en su determinación.

Como era de esperar también, en ambos casos se han generado airadas críticas de aquellos que no se han visto favorecidos por los resultados, acusando en cada una de las entregas falta de transparencia debido a la supuesta contratación de estos sondeos por parte de quienes precisamente aparecen como ganadores. 

Ante tal escenario es primordial entonces que por transparencia y la necesaria credibilidad y respeto hacia la ciudadanía que no solo las respectivas consultoras transparenten las metodologías usadas para la medición, sino también se haga público quién ha encargado el trabajo cuyos resultados se están difundiendo, ya que eso permite a quien accede al dato recibirlo con la información necesaria para poder evaluarlo. 

Además, esta transparencia es necesaria porque, tanto o más que el dato duro, influye su interpretación, ya que con el mismo número se pueden plantear interpretaciones muy variadas y no es un dato menor que quien hace el análisis esté trabajando para uno u otro candidato. 

En definitiva, tanto los responsables de estudios de opinión pública como los medios de comunicación que los difunden deberían velar por cumplir su trabajo éticamente y con el mayor profesionalismo posible, al tiempo que los candidatos deberían hacer públicos sus contratos con consultoras y abstenerse de usar esos trabajos financiados por ellos para fines proselitistas.

 

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