[Editorial] El conflicto de Wicki

Por: Fotografía: Mauricio Ulloa 10:30 AM 2016-09-05

Es un hecho grave que el asesor externo contratado por la Municipalidad de Chillán, Sergio Wicki Caro, para realizar el estudio de la realidad del alumbrado público en la ciudad que sería el insumo principal de las bases de licitación del recambio de luminarias, esté vinculado con una de las empresas que postula para adjudicarse el mayor contrato de iluminación pública de la historia del municipio.

Como se recordará, en julio de este año el municipio llamó a licitación para contratar a la empresa que se hará cargo del cambio de 15 mil luminarias por focos led, en toda la comuna, así como de su mantención por 40 meses, proyecto para el cual la Municipalidad estima destinar cerca de $10.800 millones con fondos propios, el monto más grande jamás licitado por la entidad. 

Sin embargo, el proceso ha comenzado a mostrar irregularidades a las cuales es necesario ponerles atención y no seguir desestimando, como la ha intentado hacer el alcalde Sergio Zarzar, quien nunca ha reconocido un error en el proceso y lejos de apartarse de la figura de Wicki, lo mantuvo como asesor. 

Lo más preocupante es el evidente conflicto de interés que tiene el ingeniero Sergio Wicki, quien anteriormente se llamaba Sergio Muñoz, al asesorar al municipio en el estudio de prefactibilidad para el recambio de luminarias, pero también estar ligado contractualmente con la empresa Offersuite, vinculada a Maxlight, una de las cuatro oferentes en la licitación de Chillán.

Lo anterior era razón suficiente para que el Wicki se marginara del proceso definitivamente, para que Maxlight no participara o que el municipio resolviera declarar desierta la licitación y llamar a un nuevo proceso. Sin embargo, decisiones como éstas significarían para el jefe comunal reconocer el error, poner en tela de juicio la probidad del proceso y de paso, retrasar la implementación de un proyecto que debiera comenzar su instalación en septiembre, poco antes de las elecciones.

En agosto pasado, y luego de numerosas consultas de las empresas interesadas que planteaban inconsistencias en las bases de licitación, algunas de las cuales el municipio debió corregir y otras simplemente ignoró, finalmente cuatro firmas presentaron sus ofertas: Maxlight, por $10 mil 588 millones; CyG, una empresa menor ligada a Maxlight, por $10.905 millones; The Pegasus Group Company, por $6.080 millones, firma española con experiencia en Chile; e Instec Ingeniería y Construcción, que ofertó mil pesos y no presentó la documentación requerida.

Si bien la polémica surgió mucho antes de la apertura de ofertas, cuando el ingeniero se presentó ante el gobierno local y fue encarado por el concejal Marcenaro -tras aparecer  su nombre en una publicación del portal Ciper que revelaba cuestionamientos de Contraloría a contratos irregulares en varios municipios- la oferta de Pegasus, que tiene una diferencia de $4.500 millones con la de Maxlight, terminó por configurar un cuadro con demasiados elementos inestables y reavivar las suspicacias sobre el proceso, con más fuerza que antes. A esto se agrega el alcalde, quien parece estar convencido que el proyecto no puede costar menos de $10.800 millones y ha cometido el error de insinuar que adjudicar el contrato a Pegasus -firma que ha prestado servicios para el Ejército, al PDI, Gendarmería y el SII- podría derivar en un fracaso como el del puente Cau Cau.

Por el bien de asegurar la transparencia del proceso, el municipio debería declarar desierta la licitación y llamar a una nueva, con bases que no carguen con la sospecha de haber sido diseñadas a la medida de un oferente y confeccionadas por profesionales que no tengan conflictos de interés.

Comentarios