Internet sigue siendo “tierra de nadie” en materia de ventas ilegales

Por: Felipe Ahumada Fotografía: Mauricio Ulloa 10:50 PM 2016-08-24

Desparpajo, esa es la palabra que mejor cristaliza un fenómeno delictual ya cotidiando en la vida de los ñublensinos, como es el de robar artículos en esta misma comuna y luego ofrecerlos a la venta mediante las redes sociales a los mismos chillanejos.

Lo mismo pasa con la venta de plantas de marihuana, oferta de desbloqueo de decodificadores, o como se ha visto recientemente, venta de medicamentos como el clonazepam, a través de Facebook.

La oferta es diaria y si el lunes último la Brigada Antinarcóticos de la PDI detuvo a una mujer quien ofrecía estos medicamentos por Internet (le incautaron 90 grageas cuando las vendía en flagrancia), el martes, la Brigada Investigadora de Robos, detuvo a un deportista quien tenía en su poder una bicicleta de montaña marca Treck, robada en esta comuna y  avaluada en $400 mil la que compró a través de Facebook.

Policialmente hablando, el fenómeno se parte en dos, al tratarse de estafas o robos y de la venta de plantas de marihuana o sicotrópicos y fármacos.

Mientras lo último debe ser investigado por la Brigada Antinarcóticos o el OS7 de Carabineros, en coordinación con el Ministerio Público, en indagaciones que pueden originarse por oficio o por denuncias; en el caso de los robos “necesariamente se debe partir de la denuncia de alguna víctima”, explica el comisario Christian Foster, jefe de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de la PDI.

Foster aclara, que “en el caso de los robos, no se puede actuar de oficio, lo que se hace es recibir la denuncia y la consiguiente orden de investigar emanada por el Ministerio Público, para luego someter toda la información existente en Internet a los análisis de las unidades especializadas que cuenta la PDI, para así poder dar con los artículos robados; y en lo posible con los autores del robo”.

Si bien la historia de la ciberdelincuencia ya ha sumado episodios como las ventas fraudulentas, los correos spam con ofertas de trabajo inexistentes, cadenas de colaboración para causas ficticias, para el phishing, para hackear cuentas bancarias, o el grooming, hoy los delitos más vulgares se pueden cometer a través de la Web.

Es por esta razón que en un seminario realizado en enero de 2015  para los detectives que trabajan en las Brigadas de Delitos Económicos (Bridec) de todos los cuarteles de la PDI del país, se llegó a la conclusión de que en un futuro no muy lejano, la gran mayoría de los delitos que se cometan se realizarán por internet.

Ante tal proyección surge la preocupación natural, por el hecho de que la única ciudad del país en donde la PDI cuenta con una brigada del cibercrimen, es Santiago y todas las causas denunciadas en el resto del país, van a dar allá.

“Pero a nivel nacional, ya son tres las ciudades que cuentan con Brigada del Cibercrimen y las más cercana a la nuestra es Concepción”, explicó el subprefecto Roberto Castro, jefe de la Brigada de Delitos Económicos (Bridec), quienes, precisamente revisan las denuncias de artículos robados ofrecidos por Internet.

“Pero la verdad es que las denuncias que nos llegan son pocas, aumentan a veces y a veces bajan, pero son muy marginales”, aclaró, dejando claro que muchas víctimas, ni siquiera dan cuenta a las policías.

La baja pena como factor
Para el abogado penalista y ex fiscal militar, Rodrigo Vera Lama, el hecho que el delito de receptación, por el que se puede llegar a formalizar a quienes vendan o compren artículos robados por Internet, tiene una pena tan baja, “sin duda es un factor para que el delincuente no tema ser detenido por esta razón”.

Vera Lama asegura que “el delincuente conoce las penas de cada delito tan bien como un abogado y ellos saben cuáles son las que les significan menos riesgos”.

En este punto la Agenda Corta impulsada por el Gobierno creó ciertas agravantes como el operar como banda o el robar sobre 400 UTM, sin embargo, la receptación no tiene pena de crimen, por lo que difícilmente un detenido podrá arriesgar penas privativas de libertad.

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