La gran deuda con Ñuble

Por: 08:30 AM 2016-08-19

Un grave problema existente en Chile y que data de hace tiempo es la notoria insuficiencia de las construcciones carcelarias, desbordadas por un exceso de presos en condiciones promiscuas y que, consecuentemente, viven en un clima constante de tensiones que no pocas veces desemboca en actos de violencia.

Esa triste realidad, que Chillán comparte, demanda una reestructuración a fondo del sistema carcelario, a fin de convertirlo en justo y eficaz, apto en verdad para lograr uno de los principales objetivos de la condena: preparar la posterior reinserción social de los presos, una vez liberados.

Las fallas evidentes que se observan revelan la vigencia de antiguas causas, de raíces políticas, jurídicas y presupuestarias. No es casual la crisis que hoy vive Gendarmería, las irregularidades detectadas y el descontento de sus funcionarios. Tampoco fue casual la masiva fuga e incendio de la cárcel de Chillán el 27 de febrero de 2010, o la ocurrida en julio pasado, y episodios que aparecen como historias mínimas, pero que revelan la profundidad y alcances humanitarios del problema, como fue el reciente suicidio de un reo condenado por robo que se encontraba en una celda de aislamiento, castigado por haber recibido drogas desde el exterior. 

También se suma el problema de que el personal con que cuenta Gendarmería no llega a cubrir las necesidades de los reclusos, y no solo en el control de la seguridad y hechos de violencia, sino también en la atención de la salud de los presos, su enseñanza y la realización de las tan importantes actividades laborales o de recreación que requieren para su rehabilitación.

Esta limitación evidentemente reduce la aspiración de recuperar socialmente a los presos y capacitarlos para el trabajo honrado en el futuro, una vez cumplidas sus condenas. Todo concurre, en cambio, para que el tiempo de prisión sirva para que el recluso se perfeccione en el delito. 

El hecho de que esta dolorosa cuestión social sea un poco menos dramática que en otros países de Latinoamérica no lo justifica y menos aún sirve de consuelo. 

Aunque el problema sea, como es evidente, de solución a largo plazo, exige ya la implementación urgente de políticas estatales adecuadas, emprendidas sin demora, con firmeza y voluntad de logros estables.

Entretanto, las autoridades de esta administración y de las anteriores, que conocen la situación, solo han atinado a formular promesas, proyectos inconclusos y soluciones parciales que poco han contribuido a reparar este problema. Abundan las promesas, como aquella de sacar la cárcel del centro de Chillán, lo mismo que los proyectos bienintencionados, como el nuevo penal provincial que se viene gestionando, sin éxito, desde 2006.  De hecho, en el inventario de las grandes deudas de los tres últimos gobiernos, la  nueva cárcel de Ñuble ocupa el primer lugar.  

En definitiva, escasean los hechos concretos y, en especial, sigue ausente la decisión firme de encarar la cuestión carcelaria mediante una política de Estado que la aborde en todos sus complejos aspectos. Probablemente si se procediese de esta última manera, se progresaría muchísimo en la lucha contra la delincuencia.

Cambiar la percepción de un Estado ausente en un tema de tanta trascendencia requiere de prontas acciones oficiales que la desmientan.

Comentarios