Juicio suspendido genera debate por ordenanza de casinos populares

Por: Felipe Ahumada Fotografía: La Discusión 10:30 PM 2016-08-17

Una situación puramente técnica forzó la suspensión de un juicio abreviado en el que se determinarían las responsabilidades y sanciones que podrían o no tener cuatro imputados por el delito de “rotura de sellos”, en el contexto de las clausuras a cuatro locales de los llamados casinos populares en el centro de Chillán.


La razón es que el juez de turno en la sala 2 del Juzgado de Garantía de Chillán, Carlos Benavente, debió declararse incompetente toda vez que uno de los litigantes de esta causa es el abogado Ricardo Robles, quien es precisamente quien representa al juez en otra causa.


Sin embargo, algunas situaciones estarían ya algo zanjadas, como el que el único de los imputados en esta causa que no tenía ni siquiera patente para funcionar, decidió aceptar las responsabilidades y buscar una salida alternativa, como una suspensión condicional.


El resto, y por acuerdo estratégico con sus abogados, buscarán llegar a un juicio oral en el que confían que el Ministerio Público no podrá demostrar que tales sellos no fueron materialmente rotos por ellos; ni que ellos -en su calidad de dueños del local- dieron la orden de hacerlo.


En la eterna discusión que versa sobre qué tipo de máquinas son o no de azar y quién tiene las facultades técnicas para determinarlo, abogados como Juan Lezcano pretende terminar abordando este tema tras el futuro juicio, a fin de asegurarles un pasar tranquilo a sus representados.


Pero fue otro de los defensores, Ricardo Robles, quien instaló la polémica jurídica advirtiendo que “si por un lado hay un vacío legal que no especifica que sean solo los casinos legalmente autorizados los únicos que pueden utilizar estas máquinas, considero que el decreto municipal que regula esta actividad terminó siendo la herramienta legal que reconoce y autoriza el funcionamiento de estos locales. En jerga popular, con este decreto el municipio se terminó pisando la cola”.


Para el ex concejal chillanejo y abogado, Giovani Gotelli, “en efecto,  es este mismo decreto el que termina por autorizar la existencia de estos locales. Recordemos que pudieron haberse negado a hacerlo amparándose en que solo los casinos abiertos mediante el dictamen de una ley, o entidades como Lotería, son los únicos autorizados para aceptar apuestas por juego, y de esa manera estos locales no existirían, porque si se instalan se vulnera la ley de rentas municipales. Pero lo hicieron, y ahí están los problemas”


Desde la vereda municipal Pedro San Martín, el abogado de la casa consistorial, estima, por el contrario, que tal ordenanza no constituye error alguno.


“Nosotros partimos de la base de que las apuestas por juego están proscritos por nuestro ordenamiento, también las apuestas por dinero, salvo para los casinos instruidos legalmente. Pero esto se debe separar de lo que son las máquinas de destreza y lo que hicimos en la ordenanza es especificar cuáles no podrían ser utilizadas y dejar paso a un giro que sí nos parece válido”, explica.


En esta misma línea el abogado Omar Blanchait, ex funcionario  municipal, dice no creer “que el error ni los problemas pasen por una ordenanza municipal, que de hecho era necesaria hacer para regular una actividad que de hecho existe en todo Chile, como así en todo Chile existe una ordenanza que los regula”.


El complejo examen técnico
En lo concreto, lo que seguirá siendo el punto de inflexión de todo litigio será el determinar si las máquinas que motivan las clausuras de estos locales son o no de azar.


“Creemos que no se han hecho peritajes, ni exámenes serios por parte de la autoridad y que acrediten que las máquinas objetadas en las clausuras de los locales de mis representados son de azar. Creemos que eso es algo que no se ha determinado, por lo tanto no se puede seguir clausurándolos”, advirtió el abogado Juan Lezcano, quien ha representado en esta causa a acusados en diferentes ciudades.

 

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