Desbalance electoral

Por: 07:15 PM 2016-08-13

Cuando faltan poco más de dos meses para la elección de alcaldes y concejales, cabe preguntarse cuál es el fin de las campañas políticas que la preceden. Lo más obvio y simple es señalar que éstas se efectúan para dar a conocer a los electores las propuestas de los candidatos y de esta manera conseguir los votos para alcanzar el cargo al que aspiran. 

Dentro de ese proceso, que forma parte del ejercicio de la democracia, son muchas las maneras de realizar campaña y claramente no se reducen al período oficial establecido por la ley, sino que comienza mucho antes. Incluso, se podría decir que quienes ejercen cargos de carácter político permanentemente están en campaña. 

Al plantearse de esta manera surge un inmediato rechazo por aquellos que compiten desde esa posición de ventaja, ya sea porque podrían usar recursos fiscales en su provecho, o simplemente por la convocante vidriera pública que les ofrece el ejercicio de su cargo. 

Esto último es lo que está ocurriendo en Chillán, donde el municipio ha preparado una agenda generosa en cortes de cinta e hitos comunicacionales durante los meses de agosto y septiembre, justo antes que el alcalde Zarzar, que va por su segunda reelección, deba abandonar su cargo.

Esa conveniente agenda contrasta con las posibilidad que tienen sus competidores, este año con menos recursos para hacer campaña y una inédita reducción de la superficie urbana autorizada para ello. Esto último habría ocurrido por un “error” del concejo municipal, aunque analizando a  quienes se benefician y quienes salen perjudicados con el yerro, podría inferirse otra cosa. 

Más allá de la suspicacia, lo real y objetivo es que el actual alcalde está en una inmejorable posición para hacer campaña, en detrimento de sus rivales políticos, lo que en todo caso no constituye ninguna ilegalidad, pues la nueva normativa electoral, vigente desde este año y, conocida como Ley de Fortalecimiento de la Democracia, permitirá que a partir del 24 de agosto y hasta el 23 de septiembre, los alcaldes en ejercicio que van a la reelección mantengan una campaña legal desde sus cargos, algo que antes no ocurría. 

Lo anterior es una consecuencia no prevista de un cambio positivo, como es la extensión del período legal de propaganda, de 30 a 60 días previos a la elección. Un sinceramiento que pone fin al uso de subterfugios y las campañas veladas, pero que no consideró un periodo igual para que los jefes comunales abandonaran sus cargos, de modo que la nueva normativa en vez de igualar la cancha para autoridades en ejercicio y debutantes, legaliza una situación que solo favorece a los primeros. 

Dentro de 70 días la ciudadanía deberá emitir su voto para elegir a los futuros gobiernos comunales y lo esperable es que la campaña electoral que antecede a los comicios tenga el mayor grado posible de transparencia y que los diferentes candidatos compitan entre sí en un razonable pie de igualdad. Lamentablemente, éste se quiebra con el desbalance  expuesto y puede influir de manera decisiva en favor de los alcaldes que van a la reelección. 

Desde luego, sería imposible garantizar una completa igualdad entre incumbentes y aspirantes por cuestiones que no siempre son verificables, pero lo que sí puede y debe evitarse es que el manejo discrecional de los resortes del poder se canalice desde el propio gobierno comunal, en beneficio de la autoridad de turno.

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