[Editorial] Debate sobre pensiones

Por: Fotografía: Mauricio Ulloa 10:45 AM 2016-08-12

Si bien las medidas que se han planteado para mejorar las pensiones de los chilenos son todas discutibles, prueba de ello es la diversidad de fórmulas planteadas por distintos actores, hay un aspecto que conviene destacar en este proceso: la voluntad del Gobierno de avanzar en la definición de un proyecto de ley de reforma que considere en su confección la opinión de todos los partidos políticos con representación parlamentaria, así como de expertos y actores de la industria.

Lo anterior da cuenta de un aprendizaje de parte del Gobierno respecto de la necesidad de dialogar antes de realizar transformaciones estructurales, a diferencia de lo que ha ocurrido con otros proyectos presentados por la actual administración, como las reformas laboral, tributaria, educacional y al Código de Aguas, todas las cuales se han enfrentado a una fuerte oposición, precisamente por la arrogancia y el sesgo ideológico que ha impregnado la actuación de los líderes de la Nueva Mayoría.

En ese sentido, se valora el llamado hecho por la Presidenta Michelle Bachelet a lograr un pacto nacional para concretar los cambios que requiere el sistema.

De hecho, el Gobierno había manifestado previamente que no sería posible abordar una reforma al sistema en el actual periodo, sin embargo, la presión de la opinión pública que estalló luego de conocerse el llamado “jubilazo” -la millonaria pensión que obtuvo en Gendarmería la esposa del diputado Osvaldo Andrade-, que se ha expresado en manifestaciones y en un intenso debate en redes sociales y en medios de comunicación, terminó por convencer a La Moneda de la necesidad de buscar soluciones de fondo a un problema de larga data.

Lamentablemente, en el debate ha reinado la desinformación y la irresponsabilidad, con posturas extremas que en nada contribuyen a acercar posiciones, pero que por su carácter populista han cosechado un masivo apoyo entre las personas. Por ello fue clave el mensaje de la Mandataria en el sentido de que no es posible reeditar el antiguo sistema de reparto que funcionó en Chile hasta 1981, y que lo sigue haciendo para los funcionarios de las Fuerzas Armadas, Carabineros y Gendarmería, debido a las fuertes transformaciones demográficas que ha sufrido el país, pero también debido a los vicios que trae aparejado.

Conviene recordar el trabajo desarrollado por la comisión asesora presidencial sobre el sistema de pensiones, la llamada Comisión Bravo, que sin llegar a acuerdo sobre un modelo a implementar, sí entregó 58 propuestas de reforma al actual sistema, como el aumento de las cotizaciones y la extensión de la vida laboral.

De ahí radica la importancia de lograr un acuerdo nacional que tenga entre sus ejes el imperativo de mejorar las pensiones, principalmente aquellas inferiores al sueldo mínimo; la introducción de cambios que equiparen las ganancias de las AFP con la rentabilidad de los fondos y que aumenten la competencia; y el fortalecimiento del carácter solidario, con la participación de los tres actores clave: los trabajadores, los empleadores y el Estado. Esto requerirá de un esfuerzo de todos, lo que significará para las empresas y para el Estado un mayor aporte, pero para los trabajadores se traducirá probablemente en un aumento de la edad de jubilación.

Probablemente, las medidas que se plantean no sean suficientes y en el camino surjan propuestas innovadoras que permitan proyectar mejores pensiones, sin embargo, es necesario que el debate no caiga en el populismo y en vez de eso, vuelque su mirada en las debilidades del mercado laboral chileno, cuyas inequidades también se expresan en las cotizaciones.

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