[Editorial] Tercera edad y pobreza

Por: Fotografía: Mauricio Ulloa 04:30 PM 2016-08-06

Los problemas de las personas mayores se agravan con la pobreza y esto es lo que dolorosamente pasa en Ñuble. De acuerdo a los datos de la última Encuesta de Caracterización Socioeconómica (Casen 2013), el 10% de los mayores de 60 años vive en situación de pobreza, es decir casi 10 mil ancianos. 
El número sobrecoge, sin embargo, para los especialistas estos guarismos están lejos de hacerle justicia a la realidad. Ello porque en grado significativo el incremento de los gastos y la ausencia de redes en la tercera edad, los hacen más vulnerables.
A esto se suma el hecho que dificultades visuales o auditivas, el nulo acceso al crédito o simplemente la discriminación por edad eliminan cualquier posibilidad de integrarse al trabajo o generar algún emprendimiento. Junto con ello, las redes sociales se debilitan y la capacidad de adaptarse a los cambios también decrece.
La vejez acarrea un drástico descenso del ingreso y el surgimiento de necesidades antes no consideradas, como los medicamentos. Una reciente encuesta del INP atestigua que los remedios constituyen el segundo principal ítem de gastos de los adultos mayores, después de la alimentación, y a menudo resultan tan importantes que frecuentemente dejan de gastar algunos suministros básicos y les suspenden el agua o la luz.
Otro factor relevante en la situación económica de los adultos mayores es que el 80% de ellos es propietario de su vivienda, lo que paradojalmente perjudica a los más pobres. ¿Por qué? Simplemente debido a que el sistema de puntaje que utiliza la Ficha de Protección Social para medir pobreza o indigencia -y por tanto, asignar subsidios y beneficios- los excluye por el hecho de tener casa sólida, aunque ésta se encuentre en una evidente condición de deterioro.
Las insuficiencias que sufren muchos adultos mayores no se relacionan únicamente con la falta de recursos propios para atender sus requerimientos, sino por los obstáculos para acceder a los propios beneficios que el sistema público ha dispuesto para ellos.
Ello se grafica en el hecho de que la atención de salud está disponible y es gratuita desde el punto de vista formal, pero a veces se dificulta el acceso porque se deben hacer largas filas desde tempranas horas en los consultorios, no tienen cómo llegar, no poseen la información o las habilidades para manejarse en un ambiente que puede ser hostil o lisa y llanamente no se les atiende como se debe.
Sería incompleto este cuadro si no se considerara también a la cuestión jubilatoria. Según cálculos de la Fundación Sol, nueve  de cada diez jubilados en las AFP en modalidad de retiro programado, recibe una pensión menor a los $150.000, lo que es un ingreso menor a la línea de la pobreza. Eso significa que el 90% de quienes jubilan son condenados a vivir en condiciones de pobreza.
Al advertir tantas necesidades elementales de la vida que quedan insatisfechas para los miembros de la tercera edad, se descubre que la presión injusta de la realidad económico social es la que niega un destino mejor y una compensación merecida a los mayores por tantos años de esfuerzo y trabajo.
Es deber de todos reducir los males señalados. De ellos, algunos dependen de gobernantes, legisladores y funcionarios para controlar que se cumpla la legislación que los protege o para crear nuevas medidas adaptadas a este tiempo. Pero otros dependen en gran medida de las familias; éstas deben volver a valorar a sus mayores y reconocer sus conocimientos, capacidades y valores que pueden transmitir no solo a las jóvenes generaciones, sino para reforzar los de la sociedad en su conjunto.

 

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