Polémicas preelectorales

Por: 03:20 PM 2016-07-30

En las últimas semanas, y como suele ocurrir en el inicio de los periodos de campañas electorales, han comenzado a aparecer comentarios en las redes sociales y denuncias en la prensa, sobre la supuesta intervención del Gobierno para favorecer a sus candidatos en los comicios municipales del 23 de octubre de este año. 

Para muchos, se trata de una preocupación vieja y coyuntural, de la cual mucho se habla, pero poco se concreta para corregirla; para otros, es simplemente la política real, una forma que adhiere a ciertos códigos que nadie exulta, pero sí comparten, en el entendido que se quieran resaltar logros y se busquen generar lazos con las bases que le dan sustento electoral a la coalición de la que forman parte. 

Este tema incluso debe entenderse más allá de lo que pueda hacer La Moneda, el mayor operador político si lo vemos desde esta perspectiva. En los gobiernos comunales, tanto de la Nueva Mayoría como de la oposición, es frecuente también ver a ediles y funcionarios municipales en reuniones de campaña, sobre todo cuando el alcalde va a la reelección.  Así, los climas se enrarecen y las acusaciones de “intervencionismo electoral” se multiplican. 

A nivel local, los hechos más significativo y recientes son la inauguración del Teatro Municipal, donde se ha cuestionado el uso de recursos fiscales en actividades que sirven de lucimiento personal del alcalde que va a la reelección, y la destinación de $1.500 millones para mejorar sustancialmente los espacios deportivos de tres populosas poblaciones de la ciudad, lo que de seguro le significará un positivo aumento en su capital de votos.  

Evidentemente, entre los protagonistas de la política no hay neutralidad para analizar las acciones del competidor. Lo ocurrido con el Teatro, por ejemplo, para unos es simplemente el justo reconocimiento que Zarzar merece por una gestión exitosa, mientras que para sus opositores se trata de la manipulación de un logro que le pertenece a toda la ciudad. En el caso de la inversión en canchas sintéticas, sus detractores lo acusan de oportunista y populista, mientras que sus seguidores argumentan que son inversiones sociales en sectores vulnerables planificadas con antelación.    

La verdad es que no deberían sorprendernos este tipo de polémicas y acusaciones, pues son parte de nuestro sistema político y tienden a hacerse patentes durante años electorales o precedentes. 

Lo principal, en el caso de los alcaldes, es no abusar de su privilegiada posición de autoridad, ya sea como controlador de la billetera municipal, como de la vidriera pública que les otorga su cargo. Los funcionarios, en tanto, deben poner atención en que las reuniones políticas en que participen se desarrollen en un horario posterior al término de la jornada laboral y sobre todo que no exista mal uso de los recursos fiscales. Si ello así ocurre, las críticas, del sector que provengan, carecerían de sustento, pues no se estarían cometiendo faltas a la probidad. 
Cabe recordar que durante los 20 años en los cuales la ex Concertación estuvo en el poder, lo mismo que en los 4 años de la Alianza, cada administración movilizó parte importante del aparato público en períodos preelectorales. Y aunque siempre será la Contraloría quien tenga la última palabra ante las diferentes denuncias, no parecería lógico impedir que las actuales autoridades, sean del color político que sean, lleven a cabo este tipo de actividades, en la medida que ello no entorpezca su labor y actúen con transparencia y apegados a la probidad administrativa. Por el contrario, debe sancionarse con severidad a quienes trasgreden las regulaciones que garantizan los adecuados estándares de ética que se requieren antes y después del ejercicio del derecho a sufragio.

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