[Editorial] Infancia desprotegida

Por: Fotografía: Agencia Uno 10:30 AM 2016-07-27

Han surgido nuevas informaciones que dan cuenta de las críticas condiciones en que viven los niños acogidos en hogares del Servicio Nacional de Menores (Sename). De acuerdo con antecedentes recogidos por una comisión investigadora de la Cámara de Diputados, entre 2005 y 2016 habrían fallecido 185 menores, cuyas circunstancias no parecen estar del todo aclaradas. Incluso, ese impresionante y doloroso número podría más que duplicarse de ser efectiva la denuncia del diputado René Saffirio, conocida ayer, que cifra en 477 los menores fallecidos bajo la tutela del Sename.
Acertadamente el Ministerio Público designó un fiscal especial, que tendrá por tarea investigar acerca de estos casos. Si bien la mayoría de los fallecimientos se produjo en establecimientos de salud, hay varios que ocurrieron en hogares auxiliares o gestionados directamente por el Sename, lo que no hace descartable que pueda existir una arista penal.
Es una dura realidad, pero respecto de la cual ha prevalecido la indiferencia y donde el Estado ha incumplido su misión de brindar apropiado apoyo y resguardo a menores que se encuentran en situación de abandono o en riesgo social.
Ñuble no es la excepción. Cada año el Ministerio de Justicia entrega financiamiento para que instituciones asociadas al Sename puedan atender hasta 500 casos de niños que deben ser intervenidos con urgencia por haber sido vulnerados gravemente en sus derechos. Sin embargo, y tal como expuso en la Edición Domingo Yerka Aguilera, directora ejecutiva del centro Llequén -el más importante de su tipo en la región- no se previó lo que hoy ocurre en la provincia, donde 890 niños han sido derivados a estos programas, ya sea por negligencia parental, maltrato grave o abusos sexuales. Por otra parte, se da la contradicción que más de la mitad de los cupos en Ñuble para intervenir a menores infractores hoy están vacantes. De hecho, al año ingresan no más de 150, pese a que según datos del Ministerio Público en 2015 se recibieron 1.200 denuncias por delitos cometidos por menores. La pregunta obvia es qué pasa entonces con esos más de mil niños que ni siquiera fueron formalizados. 
Tales antecedentes, sumados al mal uso de los recursos fiscales y, lo que es más grave, a denuncias de maltrato físico y psicológico hacia menores bajo el amparo del Sename se han ido multiplicando, hacen urgente una intervención de este servicio, lo mismo que agilizar la tramitación legislativa de los proyectos que buscan su modernización.
Chile suscribió en 1989 la Convención de los Derechos del Niño, con lo cual asumió la obligación de ser garante de sus derechos. Sin embargo, lo que hemos ido conociendo con el transcurso de los días nos revela que ha ocurrido todo lo contrario. Es paradojal y hasta insensato constatar que las medidas de protección que se determinan en pos de esa protección se transformen en espacios donde niños y adolescentes viven experiencias tanto o más vulneradoras de las que dieron origen a la intervención judicial. 
No es posible que en Chile no exista una política de infancia acorde a los requerimientos sociales actuales, así como tampoco, que aún se siga tramitando el proyecto de Ley de Protección Integral de la Infancia y que no exista una institucionalidad y un presupuesto adecuados que permitan contar con servicios que aseguren el cumplimiento del rol garante y de protección que el Estado debe dar a niños y jóvenes que ven cómo se les arrebata, por desidia y desinterés el tiempo de vivir de una manera digna y acorde con su edad y sus ilusiones.

 

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