“Debe existir un ente regulador en el mercado de los derechos de agua”

Por: Roberto Fernández Fotografía: Fernando Villa 10:05 PM 2016-07-26

Un intenso diálogo se desarrolló este martes en el campus Chillán de la Universidad de Concepción, en el contexto del seminario taller sobre los cambios propuestos al Código de Aguas organizado por la Facultad de Ingeniería Agrícola con el apoyo de LA DISCUSIÓN, en el que participó el senador Felipe Harboe como orador, y al cual asistieron organizaciones de regantes, agricultores, abogados, profesionales del agro, representantes del sector público y académicos.

En ese contexto, el decano de Ingeniería Agrícola, José Luis Arumí, destacó que existe gran incertidumbre respecto del futuro, dada la menor disponibilidad de agua, los cambios en la agricultura y las modificaciones legales que se discuten en el Parlamento.

Como se recordará, existe un proyecto de reforma constitucional  presentada por un grupo de parlamentarios, en el que se define que el agua es un bien nacional de uso público, el que ya fue analizado por la comisión de Recursos Hídricos del Senado.

Asimismo, hay un proyecto de reforma al Código de Aguas que ingresó a la Cámara de Diputados en marzo de 2011, modificado por una indicación sustitutiva del Gobierno presentada en octubre de 2014 y que fue votada en particular por la Comisión de Recursos Hídricos de la Cámara en noviembre de 2015, y recientemente, el 21 de julio pasado, votada por la Comisión de Agricultura.

En dicho texto, se introducen reformas que le dan al Estado un rol más activo en la administración de los derechos de aprovechamiento de aguas a partir de la incorporación del concepto de interés público a partir del principio de que el agua es un bien de todos los chilenos, estableciendo causales para su caducidad, requisitos para su otorgamiento y limitaciones para su usufructo, así como también una priorización para el uso del agua y un caudal ecológico mínimo.

Son precisamente estos cambios los que han generado preocupación entre los regantes, quienes han planteado que algunas disposiciones de carácter retroactivo constituyen una expropiación y las han calificado de inconstitucionales, pero además, han criticado la falta de rigor técnico en la discusión, lo que se ha reflejado en medidas como el caudal ecológico, que no responde a las distintas realidades hídricas del país.

Mercado versus Estado
En la instancia, el parlamentario destacó que las normas actuales han perdido vigencia ante la heterogeneidad hídrica del país y la menor disponibilidad de agua, donde los usos “no están conversando adecuadamente” y por lo tanto, el Estado debe visualizar las formas de aprovechar mejor las aguas.

En ese sentido, manifestó que hasta ahora el marco regulatorio de los derechos de agua no ha regulado adecuadamente este mercado, donde se observan problemas como la especulación, los abusos y los conflictos por el uso. “El mercado no se autorregula, soy un convencido que la autorregulación no existe, y eso lo hemos visto en otros sectores de la economía también, hemos tenido un Código de Aguas que ha funcionado sobre la base del mercado, pero el sistema no funciona bien. El mercado es muy importante, pero debe haber un regulador”, expresó el senador.

Añadió que por ello es menester fortalecer a la Dirección General de Aguas de manera que pueda cumplir eficientemente su rol fiscalizador y también de investigación, aspectos que debieran abordarse en la discusión del proyecto en el Senado.

En ese sentido, hizo hincapié en la importancia de un debate que incorpore elementos técnicos y que considere la opinión de todos los involucrados.

De igual forma, planteó que en Chile no existe una política nacional de recursos hídricos, “porque no basta con el Código de Aguas, debe haber una mirada de futuro”, y adelantó que en abril de 2017 se presentará un proyecto de ley de gestión integrada de las cuencas.

Expectativas de regantes
Francisco Saldías, presidente de la Junta de Vigilancia del río Diguillín, destacó que se ha avanzado bastante en la discusión, pues recordó que la reforma presentada no se discutió con los regantes. Sostuvo que fruto del diálogo con la DGA, el Ejecutivo ha enviado algunas indicaciones para corregir situaciones “atentatorias”, pero precisó que aún hay aspectos pendientes que esperan plantear en el Senado y que preocupan al mundo agrícola, como el referido al caudal ecológico, los plazos para la regularización de los títulos de los pequeños agricultores, el artículo 2º transitorio, “que le quita la libre disposición a los agricultores de poder heredar sus derechos de agua, dejando en manos de la autoridad determinar si se están usando bien o no los derechos” y el artículo 314, que señala que una vez que se decrete la escasez del recurso hídrico, “la DGA entra con toda potestad a la administración de los cauces y suspende a las directivas de las organizaciones de usuarios, y esa situación es inaceptable”.

En tanto, Margarita Letelier, presidenta de la Junta de Vigilancia del río Ñuble, afirmó que existe cierta tranquilidad, porque aún falta mucho debate para llegar a un proyecto más consensuado, un proceso que podría ser largo y sobre la base de estudios técnicos.

La dirigenta enfatizó que “jamás nos hemos opuesto ni al caudal ecológico ni a la modificación al Código de Aguas, porque uno no puede pretender que la misma ley se mantenga intacta en 40 años, porque el escenario va cambiando y siempre hay que buscar que las cosas funcionen lo mejor posible”, sin embargo, manifestó que la preocupación radica en que “las cosas se hagan sin la suficiente calificación técnica (...) Cuando las cosas se hacen técnicamente, en consenso, conversando con todos los involucrados, no hay drama. El drama se produce cuando se hacen las modificaciones sin considerar la opinión de los perjudicados o favorecidos”.

Comentarios