[Editorial] Adolescentes en riesgo

Por: Fotografía: Mauricio Ulloa 10:55 AM 2016-07-25

Según estudios recientes, refrendados por estadísticas de ambas policías, la participación juvenil en la más variada gama de delitos se está incrementando de manera alarmante, sin que se adviertan medidas que permitan detener y revertir esta situación. 
Las cifras son elocuentes y hablan por sí solas: en la Región del Bío Bío casi un millar de adolescentes fueron arrestados el año último, señalados como autores de delitos de robo y hurto; más de 330 adolescentes quedaron detenidos por infracción a la legislación sobre drogas y estupefacientes y la misma cifra de menores de edad fueron apresados por haber cometido lesiones contra terceros. 
Por otra parte, resulta muy inquietante el aumento de la cantidad de jóvenes inculpados por homicidios en los últimos 15 años, a tal punto que las causas penales que involucran a menores de edad, a nivel país, aumentaron en un 15% en los últimos 5 años. En la década de los años setenta los adolescentes eran autores de solo el 5% de los crímenes, pero a partir de 2000 esa cifra trepó al 35%. 
Muchas y variadas son las causas que llevan a una persona a delinquir, pero quizás la que mayor incidencia ha tenido últimamente en la conducta de los jóvenes sea el consumo de estupefacientes. La vinculación con las drogas, entonces, pasa a formar parte del perfil del menor involucrado en delitos. Las cifras también así lo demuestran. Según la Fundación Paz Ciudadana, 73% de los ilícitos son cometidos por personas que están bajo sus efectos.
Similar coincidencia existe sobre la única forma de terminar con este círculo vicioso: la rehabilitación. Esta importante tarea, sin embargo, no se cumple y ello ocurre por diferentes razones. Primero, porque los actores del sistema de justicia juvenil (jueces, fiscales y defensores) no están aplicando las disposiciones de la ley de responsabilidad penal adolescente, que establecen la facultad de dictar como pena accesoria la derivación a un tratamiento de rehabilitación cuando se establece que existe adicción en un imputado, tanto en régimen cerrado como abierto, residencial o ambulatorio. Segundo, porque existen problemas administrativos, por la escasa oferta de agentes terapéuticos calificados y tercero, porque los abogados defensores han interpretado la pena accesoria como una doble sanción hacia el imputado
Por otra parte, el tratamiento para las adicciones, aun con determinación y cooperación absoluta del consumidor, es largo, difícil, siempre provisorio y no tiene nunca garantías de eficacia ni permanencia, mucho menos cuando el paciente es un delincuente que carece de la convicción de someterse a él para recuperarse. 
La discusión sobre fórmulas para desterrar la delincuencia juvenil convoca a múltiples argumentos. Algunos hablan de más mano dura y bajar nuevamente la responsabilidad penal; otros, en cambio, de lograr que acciones de contención realizadas por el Estado contribuyan a eliminar las desventajas que padecen los sectores más castigados por la pobreza y los factores que condicionan negativamente sus posibilidades de inserción exitosa en la sociedad. 
Sin embargo, no puede desconocerse que lo esencial consiste en diseñar políticas que, por un lado, actúen desde la prevención del delito en los menores que se encuentren en situación de riesgo y, por el otro, se dirijan a la rehabilitación y resocialización de aquellos que ya se encuentran en conflicto con la ley penal. 
De no hacer nada estaremos alimentando un círculo vicioso de niños sin oportunidades, cuya salida más visible seguirá siendo el delito.

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