Indignación por bajas pensiones y presión por cambiar sistema de AFP

Por: Roberto Fernández Fotografía: MAuricio Ulloa 10:45 AM 2016-07-24

La revelación de las millonarias pensiones que obtuvieron ex funcionarios de Gendarmería volvió a levantar la voz crítica sobre el sistema de pensiones en Chile, en que un jubilado de AFP percibe en promedio 210 mil pesos mensuales, una cifra inferior incluso al sueldo mínimo ($257 mil).

Es el caso de Marianela Ruiz, quien se desempeñó como profesora en el sistema municipal toda su vida, en los años ochenta se cambió desde el sistema de reparto al de AFP, tentada por la promesa de una menor cotización y una pensión que bodearía el 75% de su salario, pero después de jubilarse, a los 61 años, hace nueve años, se dio cuenta que fue engañada, pues hoy su pensión es de 174 mil pesos. 

“De no ser por la ayuda de mis hijos, que viven en Santiago, no podría pagar las cuentas. Imagínese que solo entre la luz, el agua y el gas, y algo del supermercado, se me va toda la pensión. Es triste llegar a esta situación en que uno depende de los demás para sobrevivir”, se lamentó la mujer, quien explicó que si bien nunca ganó un sueldo decente y no pocas veces salía a marchar con el magisterio, la realidad actual la obliga a prescindir de muchos bienes de primera necesidad.

“Los remedios son un gasto necesario y de alguna forma me las arreglo para comprarlos, los otros me los dan en el consultorio. Pero es evidente que llegar a la vejez significa incurrir en mayores gastos, principalmente médicos, exámenes, medicamentos, y el sistema público de salud no es muy eficiente, además, es poco digno”, añadió la profesional.

Para la gran mayoría de los chilenos, es evidente que el sistema de AFP no cumplió con lo que se prometió cuando se implementó durante la dictadura militar, y a la indignación general que se ha transformado en un clamor popular se han sumado distintos referentes políticos que intentan capitalizar ese descontento.

Según datos de la Fundación Sol, el 72% de los afiliados que tienen entre 60 y 65 años acumula menos de 30 millones de pesos en su cuenta individual, por tanto, pueden autofinanciar a la fecha pensiones menores a 150 mil pesos mensuales.

A esto se agrega que la Comisión creada por la Presidenta Michelle Bachelet, que estudió el sistema de pensiones, la llamada Comisión Bravo, calculó que la mitad de las personas que jubilen entre 2025 y 2035 y que hayan cotizado entre 25 y 33 años exclusivamente en las AFP, tendrán una tasa de reemplazo menor a 22%. Esto quiere decir que si un cotizante, en los últimos 10 años de su vida laboral, registraba una remuneración imponible de 500 mil pesos, solo podrá autofinanciar una pensión menor a 110 mil pesos.

En el programa de gobierno de Michelle Bachelet figura como uno de los objetivos el envío de una reforma al sistema de pensiones, razón por la cual la Presidenta convocó una comisión asesora presidencial, la llamada Comisión Bravo, para que formulara propuestas que permitieran alcanzar el objetivo de asegurar pensiones dignas. A fines de 2015 dicha comisión presentó 58 propuestas que apuntan a perfeccionar el actual modelo y tres propuestas globales que plantean visiones opuestas sobre el camino a seguir, pues los miembros de dicha comisión no lograron acuerdo respecto de una de las discusiones de fondo: mantener el actual sistema de AFP con perfeccionamientos o implementar un nuevo sistema mixto que considere un rol activo del Estado como garante de un pilar solidario que sustente el modelo.

Sin embargo, la crisis de desaprobación que enfrenta el Ejecutivo sumado a los problemas que han enfrentado las reformas estructurales que ha emprendido, llevaron a la Mandataria ha descartar el envío de un proyecto de ley en su administración, sepultando con ello las aspiraciones de quienes desean un cambio radical del modelo.

En ese contexto, han surgido agrupaciones que vienen exigiendo la eliminación del actual sistema de AFP para ser reemplazado por el clásico modelo de reparto, el mismo del que gozan los funcionarios de las Fuerzas Armadas, Carabineros y Gendarmería, el mismo que conservaron quienes no se cambiaron en los ochenta, y el mismo que sigue funcionando en varios países europeos que tienen un modelo de Estado de bienestar, al borde de la crisis, debido al proceso de envejecimiento de la población.

Movimiento social
Precisamente para hoy domingo está convocada la realización de una marcha contra las AFP en Chillán, la que también se realizará en numerosas ciudades del país, entre Arica y Punta Arenas.

La Coordinadora No Más AFP, que está convocando a la llamada marcha familiar No Más AFP, está integrada por gremios de trabajadores y organizaciones sociales, como la CUT, la Fenpruss, la ANEF, el Colegio de Profesores, sindicatos, estudiantes y el movimiento Asamblea Constituyente, entre otros, cuyo discurso plantea que el sistema de AFP “no da para más”.

La vocera de la coordinadora en Ñuble, María Elena Hellman, quien es dirigenta de la ANEF, sostuvo que esperan reunir a unas 500 personas hoy en Chillán, una cifra baja si se compara con otras marchas que se han realizado en el país, pero numerosa en una ciudad donde las marchas no son habituales.

De todas formas, hizo extensiva la invitación a marchar a todos los chillanejos, a partir de las 11.00 horas de hoy, desde la Gobernación. “También está la variable climática, pues si sigue lloviendo, tendremos que hacer un acto en el estacionamiento techado de la Gobernación y en tal caso es probable que lleguen unas 100 personas”, comentó la dirigenta.

Hellman sostuvo que con las distintas marchas que se realizarán en el país el objetivo es decirle al Gobierno que se requiere con urgencia una reforma al actual sistema. “Los trabajadores de Chile estamos cansados de que nos sigan engañando, el sistema de AFP no cumplió lo que se prometió, por lo que ahora pedimos que se implemente un sistema de reparto solidario y tripartito, es decir, con aportes de los trabajadores, del Estado y de los empleadores”.

Afirmó que las modificaciones que se han propuesto al sistema no resuelven el problema de fondo, que es brindar pensiones dignas. “Por ejemplo, el proyecto de AFP estatal no es una solución, es una AFP más que no podrá introducir cambios sustantivos, porque será una AFP más que operará con las mismas reglas del juego del actual sistema. Las AFP son un negocio”, puntualizó Hellman.

reforma constitucional
Coincidentemente o quizás no tanto, un grupo de diputados oficialistas presentó esta semana un proyecto de reforma constitucional al sistema de pensiones que pone fin a las AFP y establece un sistema público y solidario tripartito de cotizaciones previsionales.

El diputado Jorge Sabag (DC), uno de los patrocinadores de la iniciativa, indicó que “hoy es la oportunidad precisa para que Chile se pronuncie al respecto de un nuevo sistema, que homologue todo el contexto de la previsión y que permita mayor justicia y posibilidades”

“Cuando este fin de semana se va realizar una marcha nacional contra las AFP, se hace muy atingente tocar este tema y hacemos un llamado a abordar todos esta demanda, la de cambiar nuestro sistema previsional. Estos cambios deben conversarse en los cabildos y formar parte de la nueva Constitución; modificar las normas constitucionales que consagran con un candado y un cierre total la posibilidad de, por vía legal, hacer modificaciones al sistema de pensiones”.

El parlamentario agregó que “sabemos que la ciudadanía apoya estos esfuerzos que estamos haciendo, para terminar con un sistema injusto, donde se toma la plata de los chilenos, se administra con las AFP, que se llevan las utilidades, y que entregan pensiones miserables. A lo que sumamos que esa misma plata, de todos los chilenos, es entregada a los bancos, quienes la prestan a los mismos chilenos con tasas altísimas. El mundo al revés”.

Sabag explicó que “el texto legal que estamos presentando, plantea un sistema tripartito de cotizaciones; Estado, empleadores y cotizantes, con una administración principalmente estatal, pero que también pueda tener corporaciones sin fines de lucro que administren distintas expresiones del sistema, de tal modo que no quede entregado a entidades que hacen un uso lucrativo de los fondos de los trabajadores”.

¿reemplazo del modelo?
Según el economista Renato Segura, director del Centro de Estudios Cerregional, “efectivamente se requiere cambiar el sistema, toda vez que los supuestos sobre el cual se construyó ya no son válidos. El aumento de la expectativa de vida, la coyuntura negativa de corto plazo que afecta a una masa creciente de cotizantes en edad de jubilar y las lagunas previsionales que ocurren en los períodos cada vez más cortos del ciclo económico, han afectado significativamente el monto de la pensión para muchos, lo que hace social y económicamente insostenible el actual sistema”.

El profesional subrayó que se requiere reemplazar el actual sistema, precisando que requiere un nuevo diseño, pero manteniendo el principio del ahorro individual. “No se trata de pasar una retroexcavadora sobre el actual modelo”, manifestó.

Consultado sobre el modelo de reparto como una alternativa viable, Segura expuso que “el problema del sistema de reparto es que, tarde o temprano, la acumulación de los fondos será insuficiente para cubrir la demanda y se desincentiva al ahorro, principal beneficio que tiene el actual sistema de AFP”.

En ese sentido, expuso que un nuevo modelo debe ser una mezcla de los dos, más el estímulo al ahorro. “Para una persona que ha contribuido toda su vida con el erario público y es receptor de lo bueno y lo malo de la política pública, es menester que el Estado contribuya en hacer digno los ingresos del sector pasivo. Tener un mecanismo solidario de pensión, es reconocer que el ser humano es eminentemente social y que su ingreso en su vida activa es fruto de vivir en sociedad. Finalmente, estimular la capacidad de ahorro de las personas para mejorar sus ingresos en la etapa inactiva, es un principio básico de equidad, donde cada persona tiene el derecho a los beneficios de su esfuerzo en su ocupación”.

El profesional añadió que “en mi opinión, falta un cuarto elemento. Las empresas deben también ser parte de la contribución en aportar al fondo solidario de pensiones, sobre todo, en aquellas que han generado riqueza con bajo nivel de creación de empleo, lo que debiese ser considerado como un impuesto social para una población que se ha beneficiado o perjudicado con la actividad industrial”.

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