[Editorial] Queja mayor, fuerte y clara

Por: Fotografía: Mauricio Ulloa 10:20 AM 2016-07-20

El país ha estado sacudido por una seguidilla de escándalos que han puesto de manifiesto la imposibilidad de ver en Chile una democracia consolidada. Ello se explicaría fundamentalmente por el divorcio de la política con la ética pública, que conduce inexorablemente al establecimiento de prácticas corruptas.
El cuestionamiento de parte de la sociedad es ya explícito y por lo mismo uno de los desafíos entrañables para nuestro país hoy es, precisamente, lograr la tarea de una consolidación democrática, objetivo que a la luz de la experiencia reciente depende en mucho de tener mecanismos de control diferentes a los que otorga el Estado y sus organismos dependientes. 
Esa fuerza la da la propia ciudadanía y la existencia de una prensa libre e independiente. Estos dos elementos forman parte del denominado control social que entrega a ambos actores el control informal de las organizaciones representativas. 
Los medios de comunicación hemos asumido nuestra parte de manera cada vez más significativa en lo que respecta a la entrega de antecedentes, denuncias y espacios de discusión acerca de la labor de las distintas autoridades. Sin embargo, la sociedad parece no hacerse cargo aún del poder que tiene como agente de control y fiscalización y de la posibilidad de sancionar a quienes infringen la ley o actúan moral o éticamente de modo reprobable. 
A nivel local, hemos sido testigos de decenas de casos de malas prácticas por parte de quienes desempeñan cargos públicos. Algunas no pasan del alarde del denunciante, pero hay otras donde efectivamente se registran sanciones por faltas administrativas o irregularidades, pero que no reciben posteriormente sanción social por parte de la ciudadanía cuando estos personeros se presentan a una elección popular posterior al cuestionamiento. La noticia se enfría y pasado un tiempo parece que la memoria colectiva no registra estas fallas como algo que deba ser sancionado socialmente. 
El problema no solo es la conveniente impunidad para el político cuestionado, sino sobre todo que una sociedad que no reacciona como es preciso ante este fenómeno terminará por asistir al triste espectáculo de ver cómo se terminan demoliendo los pocos códigos éticos que van quedando de la política honesta y tradicional. 
Dar a conocer que un alcalde, o concejal cometió un ilícito como manejar bajo la influencia del alcohol, la desviación de dineros fiscales a campañas proselitistas, la manipulación de licitaciones para favorecer a empresarios que luego deben pagar esos favores o el extendido clientelismo que marca la tónica de muchos gobiernos comunales, son hasta ahora hechos que no han recibido un adecuado rechazo de parte del electorado. 
Sin embargo, cada elección es una oportunidad para corregir aquel estado de anestesia social. Durante la época de campaña, denunciando los vicios de los funcionarios y el uso de bienes públicos para actividades proselitistas y el día mismo de los comicios, cuando se va a depositar la papeleta en la urna, dejando de ser un simple elector pasivo. 
Se trata de un importante cambio cultural, que supone una actitud mucho más crítica de la acción política, ya no solo la consabida mala evaluación de los partidos o de las instituciones en las encuestas, sino que una queja mayor, fuerte y clara, que se traduzca en una sanción social al momento de emitir el voto. Con certeza, si aquello comienza a ocurrir el próximo 23 de octubre, nuestros representantes comunales ya no sentirán que poseen un cheque en blanco.

 

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