[Editorial] Pensiones de primera

Por: Fotografía: Mauricio Ulloa 11:55 AM 2016-07-12

El país nuevamente se asombró al revelarse el caso de la abultada pensión que recibe la  la ex subdirectora técnica de Gendarmería y esposa de Osvaldo Andrade (PS), Myriam Olate Ríos, cuya situación se conoció en una sesión especial de la Cámara de Diputados -que preside su marido- sobre las previsiones de los funcionarios de Gendarmería.
Ello, no solo porque su jubilación es de 5.214.000 pesos, monto que fue objetado por Contraloría al igual que cerca de 90 decretos más de jubilaciones al interior de la institución, una cifra que excede con creces el promedio de las pensiones de los chilenos, de 210 mil pesos, sino además, porque se trata claramente de un aprovechamiento irregular de las ventajas del sistema de reparto.
Este caso permitió revelar públicamente que las pensiones de los funcionarios de Gendarmería son, en promedio, de 1 millón 100 mil pesos, un 80% más altas que las del sistema de AFP, situación que derivó a que en junio pasado la Contraloría limitara las jubilaciones a 60 UF (un millón y medio).
Si bien se entiende que la labor de muchos funcionarios de Gendarmería tiene características especiales, con altos niveles de exigencia y riesgo, para los chilenos es impresentable este abismo en materia de pensiones, lo que está dado por las diferencias que existen entre los dos sistemas de pensiones que existen en Chile: el de AFP, por un lado, para la gran mayoría de los chilenos; y el de reparto, al que están adscritos los integrantes de las Fuerzas Armadas y de Orden, lo que incluye a Gendarmería.
Lo que es importante saber es que el sistema de reparto del que gozan este grupo de chilenos tiene un serio problema de financiamiento, razón por la cual, en la práctica, las altas pensiones no son financiadas por los aportes que hacen estos funcionarios en su vida activa, sino que el fondo es permanentemente suplementado por el Estado, con dineros de todos los chilenos. Por lo anterior, sus beneficios no son más que un espejismo de un sistema subsidiado.
La pregunta que surge de inmediato, entonces, es ¿por qué el Estado subsidia las pensiones de solo un grupo de chilenos y no las de todos los jubilados? Se estableció una clara discriminación desde la creación del nuevo sistema de capitalización individual en 1981, cuando los militares gobernaban el país y hubo una presión indebida hacia los trabajadores para que abandonaran el tradicional sistema de reparto y se afiliaran al de AFP.
El resultado de ese proceso hoy está a la vista, y quienes confiaron en las promesas de altas pensiones, ahora no tienen lo suficiente para pagar las cuentas de los servicios básicos y ya no están en condiciones de buscar un trabajo. 
Nuevamente los chilenos se sienten estafados y no ven que en el corto plazo se abra la oportunidad de una solución o una corrección del modelo. Y como si fuera poco, a través del pago de impuestos, subvencionan las pensiones de un segmento de trabajadores, que más allá de la importancia de su labor, son tan chilenos como el resto, lo que no justifica un trato especial.
Claramente, a todos los trabajadores les gustaría percibir una pensión con una tasa de reemplazo lo más cercana al 100%, pero a las luz de los resultados tras 35 años de funcionamiento del modelo de AFP, eso sigue siendo un objetivo inalcanzable bajo las actuales condiciones. 
El sistema requiere perfeccionamientos estructurales que apunten a mejorar las pensiones, las que por un lado deben considerar un pilar solidario, pero por otro lado, deben incorporar cambios en los montos de las cotizaciones, en los aportes de los empleadores, en la edad de jubilación, en las comisiones de las administradoras y su relación con las rentabilidades, así como también el fomento de la competencia en este mercado.

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