[Editorial] Comercio ambulante ilegal

Por: Fotografía: Mauricio Ulloa 04:25 PM 2016-07-11

El problema del comercio ambulante no es nuevo, y sin embargo, al observar la incapacidad de la autoridad municipal de enfrentarlo debidamente, pareciera serlo. Son muchos años los que se viene escuchando a la Cámara de Comercio de Chillán plantear la necesidad de endurecer la fiscalización, así como también de buscar fórmulas que permitan dar una solución eficiente a una problemática que también es social.
En la práctica, la existencia de vendedores callejeros ilegales representa una competencia desleal para el comercio establecido, porque sin pagar impuestos, patentes, servicios básicos, arriendo de local, sueldos de vendedores ni imposiciones de los trabajadores, concurren a ofrecer productos de dudosa calidad con precios más bajos y sin garantía, introduciendo distorsiones en un mercado que además debe competir contra el retail.
Si bien es cierto se trata también de un problema social, la autoridad debe tener claro que independiente de los votos que pueda cosechar por hacer la vista gorda en materia de fiscalización, el foco debe estar en trabajar por el bien común de todos los habitantes, y no por el de unos pocos. En ese sentido, la búsqueda de una solución debe orientarse por ese mismo camino, pero sin dañar los intereses de los demás miembros de la comunidad.
Se observa, en ese contexto, un renovado interés del alcalde Sergio Zarzar por combatir este problema. De hecho, recientemente, un grupo de vendedores ilegales fueron desalojados de las inmediaciones del Persa San Rafael, lo que motivó una protesta de los afectados en la sesión del Concejo Municipal del pasado lunes. 
No obstante, se equivoca el jefe comunal -quien también es empresario del comercio- en su enfoque sobre el tema, pues al referirse al aumento de la oferta callejera en el centro de Chillán responsabilizó a la presencia de inmigrantes extranjeros que venden sin el respectivo permiso.
En primer lugar, hay que aclarar que independiente de la nacionalidad de los vendedores callejeros, en la medida que su actividad no pague impuestos, es ilegal y por lo tanto, constituye una competencia desleal que debe ser combatida. En segundo lugar, no se puede atribuir a la mayor inmigración el aumento de los ambulantes, prescindiendo de la responsabilidad que a la autoridad le cabe en materia de fiscalización y control; eso es asumir una actitud cómoda. Y en tercer lugar, seguir pensando que la tenencia de permisos convierte a un vendedor en legal, es pretender tapar el Sol con un dedo, puesto que un vendedor con permiso es tan dañino para el comercio establecido como uno que no lo tiene. Basta recordar que en la administración Bernucci se entregaron permisos a discreción, con fines políticos, a numerosos vendedores ilegales, lo que significó aumentar el problema y traspasarlo a la administración actual.
Por ello, es clave que la actual administración no continúe el legado, con las consecuencias que ya todos conocen, pues además de las económicas, el comercio ambulante obstruye el paso de los peatones y es factor de delincuencia y de acumulación de basura, aspectos negativos que deterioran la calidad de vida y afectan al turismo.
La solución al problema requiere de inteligencia y de planificación, pero también de mano dura, lo que en un año de elecciones pudiera ser difícil de lograr. En ese sentido, un opción puede ser la creación por parte del municipio, de pequeños barrios comerciales especializados que acojan a estos vendedores, con rubros como las artesanías, la ropa de bajo costo, los accesorios para celular o los artículos para niños, de manera que aquellas personas de esfuerzo que de verdad quieren realizar un trabajo honesto y aportar al crecimiento de la ciudad, tengan la oportunidad de emprender legalmente.
 

 

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