Subsidio al gas natural

Por: 08:25 AM 2016-07-07

Nuevamente algunos parlamentarios han mostrado su preocupación por los altos niveles de contaminación debido a la combustión de leña, y han planteado que implementar un subsidio a combustibles alternativos y menos contaminantes, en sectores de menores ingresos, debiera ser una de las líneas de acción del Gobierno.

Ciertamente, los niveles de polución en Chillán han alcanzado cifras alarmantes y la aplicación de las medidas restrictivas del Plan de Descontaminación Ambiental (PDA) -vigente desde este año- no parece estar teniendo el efecto esperado.

Frente a ello, los senadores Guido Girardi y Jacqueline Van Rysselberghe, se mostraron a favor de una medida como ésta. Asimismo, Girardi pidió hace unos días que se le dé suma urgencia al proyecto de ley que prohíbe el uso de la leña para calefacción domiciliaria en Santiago.

Como se recordará, el año pasado el senador Felipe Harboe planteó la conveniencia de subsidiar el precio del gas natural. ENAP realizó un estudio de costos para evaluar esta opción, de manera de hacer más competitivo su precio frente al valor de la leña, sin embargo, arrojó resultados negativos.

En Intergas, la empresa distribuidora de gas natural, la idea es vista con muy buenos ojos, toda vez que hoy los precios no son atractivos para los consumidores residenciales, y si bien se prevé una baja en las tarifas, la leña sigue siendo por lejos el combustible más económico.

Una encuesta realizada por la Universidad del Bío-Bío a fines de junio reveló que un 66% de los chillanejos está dispuesto a dejar la leña, y en particular un 46% dijo que lo haría si existiera un subsidio, de un universo en que solo un 13% no usa leña.

De acuerdo a un estudio comparativo de precios de combustible para calefaccionar una superficie de 80 a 100 metros cuadrados a una temperatura promedio de 20 grados Celsius, en mayo de 2016, encargado por Intergas, el costo mensual, en el caso de la leña seca, alcanza a los 50 mil pesos, mientras que el gas natural, a los $73 mil. Por su parte, el gas licuado de petróleo llega a los $104 mil; la electricidad, a los $215 mil; y la parafina a los $82 mil. Sin embargo, cuando se considera el costo social anual determinado por el gasto en salud pública que representan los efectos de las emisiones contaminantes, según un estudio de la CNE de 2002, la leña se empina hasta $1 millón 250 mil, mientras el gas natural y el gas licuado de petróleo apenas alcanzan los $4 mil; y $26 mil la parafina.

Si bien las consecuencias sanitarias del uso de leña son extremas, implementar un subsidio a otros combustibles sería inconveniente, ya que generaría distorsiones y el país ya tiene sobrada experiencia en la materia. Además, seguir escalando en la entrega de subsidios no solo elevará el déficit fiscal, como ha ocurrido con los gobiernos populistas de América Latina, sino que se generarían otros negativos en un contexto marcado por el uso excesivo de subsidios sociales que la administración Bachelet ha masificado, con los perversos efectos que se han observado.

El camino debe ser el fortalecimiento de la fiscalización, no solo a los consumidores de leña, sino que a los comercializadores informales, pues la leña seca constituye un dendroenergético eficiente cuando se usa de manera adecuada. Además, el Estado debe certificar el uso de estufas de baja contaminación, generando fiscalizaciones en los hogares con medidas perentorias de cumplimiento, sujetos a multas. La base del problema hoy, que explica el escaso efecto del PDA, está en la débil fiscalización, y las instituciones públicas deben asumir su cuota de responsabilidad en ese fracaso, pues pretender erradicar la leña de Chillán es un objetivo irreal, ya que su uso es parte de la cultura.

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