Deformando la Educación Superior

Por: Renato Segura 2016-07-06
Renato Segura

En un verdadero zapato chino se ha transformado la reforma de la educación superior. Existiendo una infinidad de caminos para el logro de los objetivos trazados, la autoridad eligió el más engorroso y, probablemente, el más inconducente. Algunas de las razones.

Validó la lógica del mercado en la educación superior. A pesar que, en los inicios de la reforma educacional, la autoridad del ramo declaraba su disposición para “desmantelar la educación de mercado”, la propuesta (aún en revisión) del Gobierno reconoce y valida la existencia de dicho mercado. La sola voluntad del regulador de fijar el arancel de las carreras, es una señal potente que el mercado finalmente se ha impuesto. Bajo dicha lógica, la fijación de precios no augura buenos resultados, recayendo el mayor costo de la ineficiencia en las instituciones estatales, justamente en aquellas que la autoridad ha pregonado defender.

Ha sido creada una institucionalidad inoperante para regular el sistema. El año 2006 se establece un sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior, cuyo brazo operativo recae en la Comisión Nacional de Acreditación (CNA-Chile), organismo público y autónomo. Con un presupuesto anual de $1.700 millones (Dipres, 2016) y diez años de funcionamiento, está en el epicentro de la reforma educacional por ser considerado un organismo inefectivo al momento de asegurar lo que dice que asegura.

Para influir en mejorar la calidad, la autoridad ha impulsado la creación de nuevas universidades y centros de formación técnica estatales. En forma simultánea, la autoridad se ha mostrado errática al momento de definir una política de Estado para respaldar el funcionamiento de las 16 instituciones fiscales vigentes. En este sentido, la opinión del máximo representante del Consorcio de Universidades del Estado de Chile es clara y contundente respecto de la propuesta de reforma de la educación superior: “no hay ninguna preocupación por recuperar la responsabilidad del Estado”.

Para terminar de armar el cuadro, todas las medidas regulatorias que la autoridad ha impulsado para defender el principio de bien público de la educación, ha terminado beneficiando a las instituciones privadas, muchas de las cuales viven y se desarrollan gracias a las generosas contribuciones del erario público. Hace 10 años el 41% de la matrícula del sistema de educación superior estaba en las instituciones “tradicionales”; hoy día, el 73% de la matrícula total está en manos de las instituciones privadas no “tradicionales”. Hace 10 años el 26% de la matrícula estaba en las instituciones estatales; hoy en día la cifra se redujo al 15% (y eso que la autoridad declara su intención de trato preferente hacia las instituciones públicas).

La reforma no hace más que deformar el sistema de educación superior del país, con un involuntario, pero efectivo proceso de exterminio del sistema público de educación. Mientras tanto, como toda obra humana que involucra la dignidad y la justicia social, la ganancia es de los privados y las pérdidas son sociales. Sin temor a errar en forma significativa, una parte importante de las instituciones privadas, que cobijan el 40% de la matrícula total del sistema, no se sustentan sin el aporte fiscal. 

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