Parlamentarios coinciden en que situación del G9 debe revisarse

Por: Isabel Charlin Fotografía: Agencia Uno 09:10 PM 2016-07-05

Un profundo análisis durante la discusión parlamentaria es la esperanza que tienen los rectores del G9 (universidades no estatales del Consejo de Rectores) para mejorar el proyecto de Reforma a la Educación Superior que ingresó el lunes al Congreso.


La iniciativa generó reparos en estos planteles -entre ellos, la Universidad de Concepción-, por no asegurar recursos basales en igual medida que a los planteles estatales, en circunstancias que el rol público que cumplen no está en discusión.


Al respecto, si bien el diputado DC, Jorge Sabag, destacó el espíritu de esta reforma, “ya que los chilenos necesitan una buena educación superior, una que no los deje fuera y que no los endeude, esto debe ir aparejado de  una educación superior de calidad. Si no, no sirve. Es obvio que hay miradas e intereses diversos, y se discutirá uno u otro aspecto del proyecto de reforma, eso es normal en democracia”. 


El parlamentario reconoció que hay que discutir algunos temas. 


“Me hacen mucho eco las palabras de los rectores del G9, en especial del rector de la U. de Concepción, Sergio  Lavanchy, quien se siente desplazado de la discusión del proyecto. Nadie puede discutir el rol público de estas instituciones, tanto a nivel nacional como regional, por lo tanto, deben ser debidamente escuchadas y tratadas con la relevancia que éstas se merecen, dada su categoría, y el aporte que han realizado en el transcurso de estos años”, dijo. 


Similar opinión tiene la diputada del PPD, Loreto Carvajal.


“Si bien estoy de acuerdo con el proyecto global, es necesario debatir y perfeccionar varios aspectos que no quedan claros, o simplemente tienen un enfoque que genera discrepancias entre los parlamentarios. No me parece que se trate de generar una pugna entre las universidades estatales y las del G9, como si fuesen antagónicas, cuando lo importante es aunar criterios que nos permitan contar con planteles educacionales que obtengan una mayor inversión en el ámbito de la investigación, docencia e infraestructura”, aseveró.


Carvajal reconoció que “si bien es cierto, las universidades estatales necesitan una inyección de recursos frescos que les permita retomar su importancia, es necesario resaltar el rol que tienen las universidades del G9 en el desarrollo de la regiones. La reforma a la Educación Superior no puede desconocer la vocación pública de universidades como la de Concepción, que se expresa en el pluralismo y la atención preferente de estudiantes de segmentos vulnerables.

Sabemos que será una discusión difícil, en que hay posturas muy diversas, pero lo que debe primar es el hecho de que más jóvenes puedan ingresar a la Educación Superior sin endeudarse por años, como ocurre actualmente”.


“Se escuchará a todos los actores”
Según el diputado radical, Carlos Abel Jarpa, se escuchará a todos los sectores.


“Lo conversamos con el ministro de Hacienda, y estamos conscientes que el proyecto debe mejorar, y para ello, se escuchará a todos los actores. Respecto de la situación contractual de las universidades del G9, mi preocupación como parlamentario y ex alumno de la Universidad de Concepción, será generar condiciones similares, tanto en los derechos y deberes de estas instituciones superiores, con el resto de las del Cruch. Específicamente en su financiamiento y estructura de funcionamiento, éstas deben ser similares. Deseo dejar en claro que comparto la preocupación de los rectores, y se deben analizar todas las aristas en detalle para generar el mecanismo adecuado que entregue los mismos derechos y deberes a estas instituciones”, recalcó.


“Improvisación”
Mucho más crítico del proyecto ingresado al Congreso, se mostró el senador de la UDI, Víctor Pérez.


“Nuevamente vemos mucha improvisación del Gobierno respecto de la reforma educacional, ya que no está claro si todas las universidades y todos los alumnos van a ser considerados en la gratuidad. Ésta es una iniciativa que va a privilegiar a las instituciones estatales, en desmedro de aquellas universidades privadas, pero con una clara vocación y trayectoria pública, como es el caso de la Universidad de Concepción, la cual vamos a defender y no vamos a permitir que por una ley discriminatoria e ideológicamente obtusa, se perjudique a una de las instituciones privadas nacida en regiones y que más ha aportado al desarrollo del país”, sostuvo el legislador


Pérez añadió que “le adelantamos al Gobierno que vamos a rechazar cualquier norma que discrimine o que genere instituciones de primer y segundo orden, por ser estatales o privadas. Acá se debe respetar la trayectoria de una institución casi centenaria como la Universidad de Concepción”.


En tanto, el senador del PPD, Felipe Harboe, prefirió esperar a revisar la totalidad del articulado del proyecto para emitir una opinión.

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