[Editorial] Empresarios y política

Por: 11:50 AM 2016-06-29

El fortalecimiento de nuestras castigadas instituciones debe cubrir un amplio espectro que abarque en su conjunto al sistema democrático dentro del cual el sector privado ocupa un espacio relevante. Denuncias e investigaciones que han salido a la luz los últimos años dejan atónita a la sociedad cuando dan cuenta de episodios originados en una conveniente e interesada inoperancia de los órganos de control y las normas que deben regular su funcionamiento.
No se trata solo de señalar el indiscutible peso de las contrapartes en todos los episodios de corrupción. También debemos lamentar la degradación del rol de una porción del empresariado que ha contribuido a este estado de cosas con excusas que, aunque puedan resultar comprensibles para algunos, para la mayoría están muy lejos de ser aceptables. Frente al doble avasallamiento de la ética para hacer negocios y política, muchos han bajado la cabeza, aceptando con aviesa intención y silenciosamente semejantes reglas de juego, buscando de qué manera podían obtener de ellas algún beneficio de corto plazo. 
Por su parte, las entidades gremiales empresariales más que dar potentes señales de rechazo a estas desviaciones, han actuado con singular tolerancia, acomodándose a ese estado de cosas más que denunciándolo.
En tiempos en que muchos ejecutivos de empresas se llenan la boca anunciando todo tipo de iniciativas según el concepto de responsabilidad social empresarial, todas ellas muy loables, cabe también preguntarse si la vigencia de las instituciones que permitía el desarrollo de la actividad privada propia de la libre empresa no era un bien social del que valía la pena ocuparse, tan precioso como pueden serlo la preservación del medio ambiente o la ayuda a la educación.
Lamentablemente, pseudoempresarios que solo buscan el amparo del Estado y del amiguismo político hemos tenido siempre. A la sombra de cada uno de la mayoría de los gobernantes de las últimas cuatro décadas han crecido y se han enriquecido sus constructores de obras públicas y, por lo general, sus banqueros preferidos; hombres de negocios más sagaces para detectar los comportamientos de quienes administran el Estado que las preferencias y necesidades del mercado.
La habilidad de estos pseudoempresarios para adaptarse ante las cambiantes olas del poder político es asombrosa, casi camaleónica. Uno de los mejores ejemplos, aunque no el único, es el de Julio Ponce Lerou, el ex yerno del dictador Augusto Pinochet, quien es actualmente la novena persona más rica del país, con una fortuna que actualmente llega a los 100 millones de dólares. 
Pero no solo en dictadura Ponce gozó de los beneficios de su “llegada” con el sector público. Ya en democracia, descubrió que su influencia podía mantenerse a través de aportes a campañas políticas de forma irregular. Eso es lo que hoy se conoce como la arista SQM del financiamiento irregular de la política chilena, que alcanza a prácticamente todas las colectividades del país, incluyendo a los opositores al régimen militar, como la DC y el PS e incluso podría tocar a la propia Presidenta Bachelet, pues el recaudador de la segunda aventura presidencial de la Mandataria, Giorgio Martelli, emitió facturas a SQM a través de la sociedad Asesorías y Negocios SpA en los años 2012 y 2013, en pleno periodo de campaña.
En suma, así como la sociedad reclama ejemplaridad en los líderes políticos, en los legisladores, en los jueces y en el periodismo, también exige empresarios que se ocupen de innovar para crear riqueza y empleo, con los riesgos que eso implica, y no financistas y cortesanos en busca de protección para alcanzar lo que, librados a una sana competencia, acaso jamás podrían lograr.

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