Piden sesión especial de la cámara por caso “falsos exonerados"

Por: La Discusión Fotografía: Agencia Uno 10:00 PM 2016-06-27

Parlamentarios de la UDI y RN anunciaron que pedirán una sesión especial en la Cámara de Diputados, luego que la magistrado Mireya López decreta sobreseer de manera temporal y parcial el caso de los falsos exonerados políticos.
En el listado de los 54 parlamentarios sobreseídos aparece en diputado chillanejo Carlos Abel Jarpa (PR) como el segundo legislador que más número de certificados firmó (403) siendo superado solo por la diputada Isabel Allende (598).
Ayer, el senador Víctor Pérez (UDI) enfatizó sobre otra arista que se abre a partir del fallo judicial. 
“Más allá del sobreseimiento de los parlamentarios en el caso de los certificados falsos de exonerados políticos, hay un tema de fondo que estos documento se emitieron con un grave daño al patrimonio fiscal”, afirmó el senador de la región quien emplazó al Consejo de Defensa del Estado y al Gobierno a “apelar a esta resolución de los tribunales y a establecer qué falsos exonerados siguen hasta ahora recibiendo un pago que no les corresponde  y suspenderlo”.
Para Pérez Varela “hay elementos muy claros que nos indican que aquí se engañó al Estado para sacar un provecho económico, y se trata de una situación que se debe corregir, y quienes deben defender los intereses del Estado tienen que asumir su responsabilidad”.
El senador de la UDI añadió que “en estos casos es muy evidente que hubo pago de favores políticos, porque claramente no es comprensible que parlamentarios hubiesen entregado casi 600 certificados”.
Por eso insistió en que “este caso para el Consejo de Defensa del Estado y para el Gobierno no puede terminar aquí, y tienen la obligación jurídica y moral de apelar a esta resolución y seguir insistiendo hasta descubrir toda la verdad y suspender el pago a quienes consiguieron este beneficio de manera irregular”.
No hubo delito
La magistrada concluyó que no se encuentra completamente justificada, por ahora, “la comisión de un hecho constitutivo de ilícito penal en lo que dice relación a la extensión de sendos certificados políticos emitidos por quienes desempeñaban el cargo de diputado a la fecha de emisión de estos documentos”.
Los documentos que confirmaban la relación laboral de los afectados con el Estado y su afiliación política al momento de sus despidos, tras el golpe, eran presentados al Programa de Exonerados Políticos del Ministerio del Interior para obtener los beneficios previsionales otorgados por la Ley 19.234.
En todo caso, según especificó la magistrada en su fallo de 55 páginas, el sobreseimiento se mantendrá “hasta que se presenten nuevos y mejores antecedentes para la investigación”.
La ministra también acreditó la “falsificación masiva de documentos”, pero “el tribunal no pudo lograr la determinación del autor de esa falsedad”. 
Además, la magistrada criticó la “laxitud” de algunos parlamentarios para corroborar la documentación que emitieron.
La ministra fue nombrada por la Corte Suprema en junio de 2013 y en los próximos días dará a conocer su resolución.
La Discusión intentó ayer comunicarse con el diputado Carlos Abel Jarpa, a través de sus asesores directos, lo que no fue posible. 

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