[Editorial] Discriminación del G9

Por: Fotografía: Mauricio Ulloa 05:30 PM 2016-06-27

La última versión del proyecto de ley de reforma a la educación superior dejó en evidencia, nuevamente, la resistencia de un sector del oficialismo a consagrar a las universidades públicas no estatales del Consejo de Rectores, las llamadas G9.
Resulta lamentable, que ad portas de ser enviado el proyecto al Parlamento, los rectores se enteren de esta inexplicable ausencia, pues si bien se entiende que el Gobierno quiera fortalecer a las universidades estatales, es inaceptable la evidente marginación de casas de estudios que han hecho por décadas un aporte significativo al país, no sólo en cuanto a la formación de profesionales de calidad, sino que también al conocimiento.
El proyecto de ley establece, entre otros elementos, los nuevos fondos para las estatales, pero no señala cómo se seguirán desarrollando las instituciones privadas del Consejo o G9, grupo integrado por las universidades de Concepción, Austral, Federico Santa María, y Católicas de Chile, de Valparaíso, de Antofagasta, del Maule, de Temuco y de la Santísima Concepción, poniéndolas en el mismo nivel que las privadas creadas al alero de la ley de 1981.
Esta situación ha provocado una natural molestia entre los rectores, dado que el texto es muy distinto a lo que se había señalado con anterioridad desde el Ministerio de Educación y porque no se trata de la primera vez que el Gobierno actúa de esta manera; así como también una profunda incertidumbre respecto de un tema tan sensible como el financiamiento. Por esta razón, la semana pasada entregaron una carta dirigida a la Presidenta de la República, en donde exponen sus principales planteamientos, especialmente en términos de financiamiento y en la necesidad de que el proyecto de ley considere y valore el rol y función pública que cumplen estas casas de estudios superiores.
Lo único que piden los rectores es que a los planteles del G9 se les dé un trato equivalente al que reciben las universidades estatales, precisamente porque ambos grupos tienen la misma vocación pública, que se expresa en la generación de bienes públicos -como el conocimiento-, en la vinculación con la sociedad, en el pluralismo, pero principalmente, en la atención preferente de estudiantes de segmentos vulnerables, convirtiéndose de esta forma en verdaderos motores de ascenso social en la población chilena.
Se trata de un tema cuya solución requiere de voluntad política, en que se ha extrañado la voz de los parlamentarios de la Región, a quienes quizás es necesario recordarles, así como también a la ministra de Educación, que por ejemplo, la Universidad de Concepción es responsable del 95% de la investigación científica de la Región del Bío Bío, como lo indica un estudio reciente de la OCDE. A mayor abundancia, y sin ánimo de plantearlo como una competencia, conviene mencionar que en el último ranking QS, en el cual cinco de las nueve universidades del G9 destacaron entre las 50 mejores de América Latina, figuraron sólo dos de las 16 estatales.
Es absurdo que los rectores tengan que estar recordándoles a las autoridades el peso de la tradición, los valores y el compromiso con lo público de estas universidades, pero es incluso más criticable que esta discriminación tenga una raíz política. Lamentablemente, desde el inicio de la administración  Bachelet, el discurso planteado por la Universidad de Chile, a la cabeza de las estatales, ha permeado con mayor fuerza en los círculos políticos oficialistas. Éste plantea, con un sesgo ideológico, que lo estatal es sinónimo de público, y por lo tanto, que las universidades del Estado deben ser privilegiadas en la asignación de recursos fiscales. Esto, además de ser falso, esconde un afán estatista, propio de planteamientos de una política trasnochada.

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