Piden recusar a ministro que es padre del administrador de las Termas

Por: Edgar Brizuela Fotografía: Mauricio Ulloa G. 10:15 PM 2016-06-23

En la Corte de Apelaciones se realizaron los alegatos entre los abogados de la Municipalidad de Chillán, por un lado, y los de los regantes de la Junta de Vigilancia del río Diguillín y de la DGA por otro, en el marco de las causas que la entidad edilicia enfrenta por la utilización irregular de aguas que nacen en las Termas de Chillán.


Los agricultores sostienen que la entidad edilicia generó obras de captación que derivaron en que miles de metros cúbicos por segundo de agua fueran desviadas de su cauce normal, afectando al río Renegado y a la cuenca del Diguillín, de cual aquel es depositario. 


Las denuncias fueron ingresadas inicialmente ante la DGA, entidad que falló a favor de los regantes, aplicando multas al municipio que posteriormente fueron judicializadas,  de tal manera que unos expedientes pasaron al Primer Juzgado Civil y otros al Segundo Juzgado.


Las denuncias se encuentran falladas en primera instancia. Así, el 2º Jugado Civil absolvió de la aplicación de multas a la municipalidad, mientras que el 1er Juzgado Civil la condenó al pago de 20 UTM. Ambas sentencias se encuentran apeladas: en el primer caso, por la Junta de Vigilancia, y en el segundo, por la municipalidad, encontrándose actualmente en la Corte de Apelaciones de Chillán.


En este contexto, los abogados de las partes en disputa se encontraron el miércoles pasado para entregar los antecedentes que justifican las posturas de cada cual, respecto de lo sancionado por el Segundo Juzgado, y que deben ser ponderadas por los magistrados del Tribunal de Alzada local antes de que en el futuro dicten sentencia.


Y en el marco del debate interno los regantes volvieron a insistir sobre un hecho que en el pasado ya habían puesto sobre la mesa, como es la necesidad de que el ministro de la Corte de Apelaciones de Chillán, Christian Hansen Kaulen, se inhabilite para conocer del proceso,  dado que es el padre del actual administrador municipal de las Termas de Chillán, el abogado Christian Hansen Richter.


El juez de aguas de la Junta de Vigilancia, Francisco Saldías, indicó que efectivamente, tienen aprensiones respecto de la ecuanimidad del alto magistrado, dado el lazo consanguíneo existente con el funcionario municipal, que justamente debe analizar en su ámbito de competencias laborales la regularización de la aguas en el complejo municipal en Pinto y debiera participar de alguna manera en las presentes causas judiciales.


En el escrito presentado ante la Corte de Apelaciones, el abogado de los reclamantes, Pablo Vallejos Sánchez, precisa que lo que se buscaba era “la recusación del ministro Bernardo Christian Hansen Kaulen, quien se encuentra impedido de conocer y resolver los recursos iniciados por esta parte y sustanciados en esta causa”.


“La municipalidad designó como administrador de las Termas al señor Christian Hansen Richter, abogado, quien desempeña dicho cargo desde el año 2013, como es de notorio y público conocimiento, quien es hijo del ministro cuya implicancia se alega por este escrito”.


Agrega que “el ministro Hansen, de no acogerse la causal de inhabilidad, resolverá un asunto en el cual tiene un evidente interés personal, laboral y patrimonial su hijo, en su calidad de administrador de las Termas de Chillán, las que se han beneficiado económicamente con la extracción ilegal de aguas y obras no autorizadas, en desmedro de mi representada y sus integrantes”.


Francisco Saldías agregó que la Corte de Apelaciones rechazó la recusación del ministro Hansen por cuanto documentó que Christian Hansen Richter no aparecería como un actor de los temas que las partes mantienen en disputa. Pero a pesar de ello, cree que el magistrado debiera evitar conocer los hechos en el futuro.


En todo caso, la sala de la Corte de Apelaciones quedó integrada por otros magistrados, sobre los cuales no existen aprensiones por parte de los regantes.


Por su parte, la queja se mantiene pendiente y es probable que pudiera ser esgrimida en la Corte de Apelaciones como en etapas posteriores. 


REGULARIZACIÓN
Los regantes iniciaron su arremetida judicial y administrativa cuando la Municipalidad de Chillán comenzó la regularización de los derechos de agua que le corresponderían por ser el dueño del fundo Termas Minerales de Chillán, de donde nacen diversos cursos fluviales sobre los cuales ha generado obras de captación con el fin de ocuparlos para hoteles y edificios de departamentos.


Los regantes han manifestado  que no reconocen más derechos a la municipalidad que aquellos que se relacionan con el abastecimiento de agua para el hotel municipal (hoy Nevados de Chillán), pero no para los otros establecimientos que han sido edificados y que consumen gran parte de los 80 litros por segundo o más que producen los cursos superficiales.


Saldías precisó que la entidad edilicia, cuando realizó la publicación de los derechos que solicitaba, cometió errores o eventuales irregularidades que ahora también aparecen en las acciones que se presentan ante el Tribunal de Alzada.


Según el expediente que obra en poder de los magistrados, un informe de la DGA detalla al tribunal “la adulteración y manejo de las publicaciones online de los extractos acompañados en las respectivas solicitudes de regularización de derechos de aguas tramitadas”, lo que constituiría un vicio de ilegalidad que tendrían además otros expedientes.


El abogado de la junta advierte que los problemas detectados en el proceso de inscripción de las aguas, particularmente con las publicaciones en medios escritos,  “importa el incumplimiento de los presupuestos legales establecidos en los artículos 131 y 141 del Código de Aguas para toda solicitud relacionada con derechos de aprovechamiento, razón por la cual tales solicitudes son legalmente improcedentes”.


Para los regantes las eventuales infracciones deben derivar en el “rechazo de todas las pretendidas regularizaciones de derechos de aguas presentadas por la Ilustre Municipalidad de Chillán, conforme al artículo 2 transitorio del Código de Aguas.


DGA
El proceso judicial ya ha pasado por varias fases desde las primeras denuncias registradas en 2014. En estos momentos las causas que son vistas por la Corte de Apelaciones seguramente llegarán hasta la Corte Suprema, que deberá resolver las diferencias.


La Dirección General de Aguas se ha hecho parte de los procesos desde el comienzo, cuando tras las denuncias de la Junta de Vigilancia del Diguillín aplicó multas a la municipalidad chillaneja.


Este jueves el director regional de esa entidad, César Saavedra, indicó que al hacerse parte de las denuncias no hacen sino otra cosas que responder a un imperativo surgido desde el momento en que fueron invocados y aplicaron las multas tras un proceso de fiscalización en terreno.


Desde esta perspectiva, no debe sorprender que la entidad estatal presente antecedentes respecto de las causas que se siguen en la actualidad, relacionadas con procesos de fiscalización o entrega de derechos de aguas.


Agrega que existe un proceso normado para la entrega de tales derechos por parte de quienes los solicitan y son en última instancia los tribunales quienes toman las determinaciones definitivas.

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