Boldt-Peralada prepara acciones para frenar adjudicación de casino

Por: Roberto Fernández 09:20 PM 2016-06-22

En el consorcio argentino-español Boldt-Peralada, que compite por una licencia de operación de un casino de juegos en Chillán, reina el silencio. Luego que la justicia y Contraloría desestimaran sus recursos, ya no existen impedimentos para que el Consejo Resolutivo de la Superintendencia de Casinos de Juego resuelva la adjudicación de la licencia en los próximos días.


Para ser más precisos, con la dictación del cúmplase de la sentencia de la Corte Suprema este martes, se levantó la orden de no innovar que pesaba sobre el proceso desde diciembre pasado, en el marco de la tramitación del tercer recurso de protección que interpuso la firma, impugnando la tercera votación desfavorable del Core a su propuesta. De esta forma, volvió a correr el plazo de 30 días para que el Consejo Resolutivo adjudique la licencia, lo que debiera ocurrir, a más tardar, el 13 de julio próximo.


Sin embargo, el abogado y representante legal de la firma en Chile, Ricardo Abdala, anunció que en estos días presentarán distintas acciones legales y administrativas, con el objetivo de “zanjar los temas de fondo” que la justicia y los órganos administrativos a los que ha recurrido, no habrían abordado.


Temas de fondo
Abdala declinó entregar detalles de la estrategia legal, pero precisó hace unos días que son básicamente tres las irregularidades que se habrían cometido en el proceso de licitación de la licencia de casino:


En primer lugar, la entrega de 300 puntos solo a la propuesta de su competidor, Marina del Sol, por parte del Consejo Regional, en desmedro de la propuesta de Boldt, que obtuvo cero puntos. Esto dio origen a la presentación de tres recursos de protección ante la justicia por parte de Boldt, en que los dos primeros fueron acogidos, forzando a repetir las votaciones, pero finalmente, el tercero, fue rechazado por la Suprema el 9 de junio pasado.


En segundo lugar, el vencimiento de la boleta de garantía de Marina del Sol en enero de 2015, lo que según Boldt, ameritaba su exclusión del proceso. Esta irregularidad fue denunciada por Boldt ante la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) en mayo de 2015, sin embargo, el órgano fiscalizador descartó aplicar sanciones en medio de un contexto de acusaciones que apuntaron al superintendente de la época, Renato Hamel. Luego la firma recurrió a la justicia, sin éxito. Y finalmente, presentó un requerimiento ante Contraloría, la que declinó pronunciarse debido a que se trataba de una tema zanjado por los tribunales.


Y en tercer lugar, la denuncia presentada por Boldt contra Marina ante la SCJ, según la cual la sociedad penquista no contaba con el capital pagado que señala en su estatuto. En este caso, al igual que el anterior, la denuncia también fue desestimada.


Dilatación del proceso
El proceso, que comenzó en enero de 2014 y debió concluir el 31 de agosto de dicho año, se ha dilatado debido a sucesivas paralizaciones judiciales y administrativas, resueltas a partir de acciones legales interpuestas por Boldt, así como también por resoluciones administrativas. 


De hecho, la primera ocurrió en julio de 2014, cuando la Corte de Apelaciones de Concepción dictó una orden de no innovar en el marco de la tramitación del recurso de protección que Boldt presentó contra el Gobierno Regional, impugnando la votación desfavorable del Consejo Regional por su propuesta de casino en Chillán. No fue sino hasta el 28 de abril de 2015 que la justicia levantó dicha paralización, con el fallo de la Suprema que obligó a repetir la votación.


Luego, fue la SCJ la que determinó,  el 18 de mayo de 2015, suspender el proceso, con el objetivo de analizar dos presentaciones hechas por Boldt, referidas al vencimiento de la boleta de garantía de Marina del Sol y el no pago del capital en la constitución de la sociedad. El 4 de agosto de dicho año, la SCJ rechazó los incidentes planteados y dejó sin efecto la suspensión del proceso.


El 7 de agosto se entregaron los antecedentes al Consejo Resolutivo para que adjudicara definitivamente la licencia, pero habiendo un segundo recurso de protección pendiente de fallo por el mismo motivo del primero, el organismo resolvió el 25 de agosto postergar su decisión hasta que los tribunales se pronunciaran.


Pero tras el fallo de la Corte penquista en noviembre, el Core repitió su voto desfavorable y Boldt presentó su tercer recurso el 9 de diciembre de 2015, lo que originó una nueva orden de no innovar, que mantuvo paralizado el proceso hasta el martes de esta semana, con el cúmplase de la sentencia de la Suprema.


Lo que viene
Ahora, lo que corresponde es que la SCJ remita nuevamente la proposición del superintendente con los antecedentes de las evaluaciones técnicas y de los organismos del Estado consultados (incluyendo el pronunciamiento del Gobierno Regional) al Consejo Resolutivo, para que éste resuelva la adjudicación.


Según el reglamento del organismo, éste tiene 30 días hábiles de plazo para resolver, de los cuales solo restan 14.

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