Salario mínimo

Por: 08:20 AM 2016-06-22

La discusión sobre el monto del reajuste del salario mínimo -actualmente es de $250 mil- se instaló ayer en el Parlamento, con el envío del proyecto del ley respectivo por parte del Ejecutivo, que inicialmente propuso un aumento de $10.000 con una próxima negociación en un año, pero avanzada la tarde la aumentó a $26 mil en 18 meses. Ello, a raíz de la acalorada discusión que se generó en la sesión de la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, donde los parlamentarios de la Nueva Mayoría insistían en un incremento mayor al propuesto inicialmente, sin llegar a acuerdo.

Y si el Gobierno decidió enviar el proyecto de manera unilateral, al no lograr un monto de consenso con la CUT -que pide un reajuste igual o superior a los $40 mil en 18 meses, cifra similar a la obtenida en la negocación de 2014-, a eso de las 20 horas de ayer informó que enviará una indicación con la nueva propuesta.

Según explicó el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, la nueva fórmula consiste en un alza “en cuatro escalones, en que parten con un aumento de $7.500 en el primer instante, a los seis meses son $6.500 adicionales, después $6.000 y después $6.000”. Para el secretario de Estado, “esto es en general un aumento de 1% de productividad aproximado más la inflación, tanto la inflación que se ha acumulado desde el último reajuste -en enero de este año- hasta junio, que esperamos sea en torno al 2% y hacia adelante estamos suponiendo una inflación anual del 3%”.

La nueva propuesta, que también fue rechazada por la CUT, busca equilibrar adecuadamente la responsabilidad macroeconómica con la necesidad de absorber el aumento del costo de la vida -inflación- que en la práctica, reduce el poder adquisitivo. En ese sentido, un alza real del salario mínimo debe partir de un piso equivalente a la variación del IPC. 

De acuerdo a lo anterior, la primera propuesta, que suponía un reajuste del 4%, se podría interpretar como un alza cero o incluso, una reducción real del salario mínimo, si se considera que en los últimos 12 meses la inflación acumula un 4,2%. Para el Gobierno, sin embargo, la inflación debe medirse desde el último reajuste de enero en adelante, que de acuerdo a las proyecciones, debiera rondar el 3%.

En ese sentido, se valora la flexibilidad de Hacienda al replantear el reajuste, situándolo en 10,4% en 18 meses, porque no hay que ser economista para entender que el costo de la vida para las personas que perciben el mínimo se ha encarecido más allá del 4,2%. De hecho, el llamado “IPC de los pobres”, que reúne a los bienes y servicios que consume el quintil de menos ingresos, registra una variación acumulada de 4,6% en los últimos 12 meses.

Al respecto, se entiende la preocupación de la autoridad, que apunta a ser responsables, pues se teme que un alza mayor pueda afectar la empleabilidad de los trabajadores con menor capacitación, principalmente los jóvenes, que son precisamente los que perciben el mínimo, en un contexto de desaceleración económica que ha comenzado a mostrar sus efectos negativos en el mercado laboral. 

De igual forma, es clave que el reajuste no represente una presión inflacionaria, porque en la práctica, los principales afectados por una mayor inflación serían precisamente los que menos ganan, y en Chile, según un estudio de la Fundación Sol, uno de cada cuatro trabajadores percibe un sueldo igual o superior al mínimo.

Es de esperar, entonces, que en los próximos días -la ley debe regir a partir del 1 de julio- prime el entendimiento a nivel político y gremial, porque si bien es deseable que el mínimo llegue a niveles que permitan satisfacer las necesidades básicas, no sería responsable cumplir ese anhelo a costa de los propios trabajadores.

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