Inflación y crecimiento determinarán reajuste del salario mínimo

Por: Roberto Fernández Fotografía: Agencia Uno 09:50 PM 2016-06-18

Gobierno, oposición y empresariado coinciden en que debe primar la responsabilidad, para evitar un impacto negativo en el empleo y la economía

Las alternativas que se barajan parten de un piso dado por el IPC anual, que exhibe un acumulado de 4,2%. Las diferencias surgen respecto del alza real

Diversas posturas han comenzado a expresarse de cara a la inminente discusión legislativa sobre el monto del salario mínimo, ya que la nueva cifra debe comenzar a regir el 1 de julio.

En la Provincia de Ñuble y en Chillán el tema es particularmente sensible, puesto que cerca de la mitad de los trabajadores percibe $250 mil mensuales o menos -monto actual del sueldo mínimo-, razón por la cual el acuerdo que se logre tendrá un impacto directo en dichas familias y en la economía local.

Sin embargo, políticos y empresarios locales coinciden en que la discusión debe ser responsable, pues si bien se trata de un tema sensible, también se deben velar por mantener ciertos equilibrios macroeconómicos y que la decisión no tenga efectos negativos en el mercado laboral.

Ñuble y Chillán
Según un estudio de la Fundación Sol publicado en enero de este año, en base a la Encuesta suplementaria de ingresos 2014 del INE, en la Provincia de Ñuble un 50% de los trabajadores percibe un ingreso igual o inferior a $250 mil; mientras que el promedio alcanza a $380.728.

El estudio también revela que un 60% de los habitantes de la provincia percibe un salario igual o inferior a $300 mil; y que un 70% gana un monto igual o inferior a $390 mil.

Lo anterior da cuenta de una gran heterogeneidad salarial espacial-territorial, que es reflejo de la gran heterogeneidad en materia de calificación de la mano de obra.

Asimismo, de acuerdo a los datos de la Encuesta Casen 2013 sistematizados por el economista Renato Segura, del Centro de Estudios Cerregional, un 45% de los trabajadores en Chillán no supera el umbral del ingreso mínimo, lo que ubica a la ciudad en el primer lugar nacional con mayor proporción de trabajadores que perciben el mínimo (el promedio nacional es de 36%).

La precariedad del empleo en Chillán también se observa en el salario promedio, que según la Casen 2013 se ubicó en $345 mil 664 (en pesos de 2013), un 25% por debajo del promedio país.

En opinión de Renato Segura, la alta proporción de salarios mínimos que hay en la capital de Ñuble obedece básicamente a los mismos factores que determinan la baja estructura salarial de esta zona, donde se conjugan elementos como la escasa diversificación de la matriz productiva, la alta dependencia de la producción de commodities y el alto desempleo.

Según la Fundación Sol, los rubros económicos en que se observan menores salarios son: comercio, hoteles y restaurantes (principal fuerza asalariada del mercado laboral); construcción; agricultura y pesca; y servicio doméstico.

En ese sentido, el encargado de la Oficina Municipal de Intermediación Laboral (OMIL) de Chillán Viejo, Rodrigo Riquelme, precisó que cerca del 60% de los puestos de trabajo que gestionan ofertan el salario mínimo, aunque precisó que a los $250 mil se debe adicionar la gratificación del 25% “que pagan muchas empresas”.

El funcionario sostuvo que “en general, lo que vemos principalmente son puestos de baja calificación, en sectores como agroindustria, comercio, servicios y transporte.

Según Riquelme, cerca del 50% de los trabajadores que han logrado colocar en puestos laborales representan el único o principal ingreso de sus hogares.

Consultado respecto de la discusión sobre el monto para el presente año, el jefe de la OMIL de Chillán Viejo señaló que “lamentablemente, la opinión de los empresarios tiene mucho peso en la definición y los políticos usan el tema para ganar votos, hay mucha demagogia en todo esto” y planteó que debiera existir una política de Estado permanente sobre este tema, que considere el alza del costo de la vida en el cálculo, pero también responder a la pregunta respecto de si el salario mínimo permite cubrir las necesidades básicas.

Discusión prelegislativa
En estos días se han intensificado las reuniones entre el Gobierno, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC); y se continuará por este camino durante la próxima semana. La idea, según el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, es llegar al Parlamento con una propuesta lo más consensuada posible.

Entre los argumentos que se plantean desde el propio Gobierno y desde el empresariado destacan el difícil escenario económico que enfrenta el país, con bajas tasas de crecimiento y un deterioro del mercado laboral, con un desempleo al alza.

Valdés hizo un llamado al “cuidado” en la discusión del ingreso mínimo y afirmó que el salario mínimo en Chile está cerca del salario mínimo promedio de los países de la OCDE.
En esa línea, el secretario de Estado afirmó esta semana que una guía de la discusión será el informe de la comisión asesora presidencial creada en 2014 tras el reajuste de ese año, instancia tripartita en la que participaron los trabajadores, los empresarios y el Gobierno. 

Entre las posibilidades para esta alza se encuentran la presentada por la Comisión Asesora Presidencial, que propuso un reajuste de 2,2% más el IPC por 10 años, llegando a un 6,4% en total.

Por su parte, la Nueva Mayoría propuso un alza de 5 por ciento, es decir, 12.500 pesos, mientras que la CUT fijó una base de 4,2% para negociar, precisamente la inflación acumulada de los últimos 12 meses, es decir, el aumento del costo de la vida en el último año.

Empresarios
El vicepresidente de la Sofofa, José Juan Llugany, sostuvo que “no pueden ser aumentos de salarios en general en términos absolutamente artificiales, tienen que ir acompañando los ciclos económicos y dando una mirada de futuro hacia adelante en relación a la productividad”.

Por su parte, Ricardo Mewes, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), planteó que “tiene que hacerse bajo el paraguas de una discusión técnica (…) concuerdo con lo que dice el presidente del Banco Central, tenemos que ser muy responsables, cuidadosos, de no generar expectativas que al final del día no podamos cumplir”.

En Chillán, el presidente de la Cámara de Comercio, Alejandro Lama, coincidió con Mewes respecto de la responsabilidad que debe primar en el debate, y precisó que el sueldo mínimo debe reajustarse anualmente de acuerdo al IPC. “Es la misma unidad de medida que se aplica a los deudores en UF, todo debe medirse por igual”, sentenció.

El dirigente gremial añadió otro elemento: “un número importante de trabajadores no quiere contratos para no perder beneficios estatales, como los subsidios, es el caso de los los temporeros, por ejemplo.

Debate amplio
La presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, afirmó que “nosotros tuvimos el último ajuste en enero de este año y con eso se cerró el ciclo de los 18 meses y lo que corresponde ahora es una nueva negociación, efectivamente en los marcos que ya ha planteado la Comisión Salarial que no solo ha entregado una propuesta, la más mezquina respecto de un reajuste que nominalmente debiera ser sobre un 7%, porque también hay una propuesta que restringe los tiempos mucho más”.

Desde los centros de estudios, la investigadora de Libertad y Desarrollo, Cecilia Cifuentes, aseveró que “en las circunstancias actuales, subir mucho el salario mínimo puede beneficiar a un grupo de trabajadores, pero perjudicar a otro grupo más vulnerable y en ese sentido, es muy importante tomar políticas prudentes”.

Marco Kremerman, de la Fundación Sol, sostuvo que “la pregunta esencial, independiente de la coyuntura económica, es si el salario mínimo actual en Chile cumple el objetivo básico, que es la satisfacción de las necesidades más primordiales de los trabajadores y su grupo familiar, y en Chile estamos muy lejos de ello”.

Por su parte, el economista Matías Godoy, creador del portal Economía para Todos, indicó que “el salario mínimo debiera aumentar en un 1,25% y 2% real. A esto debemos agregarle el aumento esperado del IPC, que se prevé será de 3,7%. Estamos hablando de que el salario mínimo debiera aumentar en un rango entre 4,95% y 5,7%, dado que la riqueza del país,  sumado a la depreciación del peso chileno, será de ese orden”. 

Consultado sobre el mecanismo que debiera existir para determinar el monto del salario mínimo, planteó que “debiera existir una ley que aumente el salario mínimo automáticamente, año a año, de acuerdo al IPC y la tasa de crecimiento económico del Banco Central. La idea que subyace a este mecanismo es que los salarios no deben perder poder adquisitivo, pero además, deben reflejar el aumento o disminución de la riqueza que registre año a año el país”. 

Responsabilidad
En el mundo político existe cierta coincidencia respecto de la necesidad de ser responsables en el debate y no ceder fácilmente a presiones populistas.

Para el senador Víctor Pérez (UDI), “la popularidad efímera tiene un costo alto”, razón por la cual manifestó que es fundamental actuar con mucha responsabilidad, porque “la experiencia dice que mientras más alto sea el aumento, mayores serán los efectos negativos”.

Advirtió que se debe considerar que actualmente la economía está estancada y que el tema del empleo es una variable que se debe considerar en el debate.

En ese sentido, postuló que la variación del IPC debiera ser el piso, y que la discusión debe centrarse en cuánto más que el IPC debiera reajustarse.

Respecto al mecanismo para fijar el salario mínimo, el parlamentario recordó que en varias ocasiones el conglomerado opositor ha planteado la conveniencia de contar con un método de reajuste bianual de carácter técnico, y no político.

Asimismo, el diputado Jorge Sabag (DC) coincidió con Pérez respecto de la importancia de conjugar adecuadamente la responsabilidad fiscal y macroeconómica con las aspiraciones de los trabajadores.

“Debe ser razonable con las aspiraciones de la gente, pero tampoco irreal. No le podemos mentir a la gente. Si se aumenta en exceso, al final van a tener más billetes en las manos, pero menor poder adquisitivo”, en alusión a las presiones inflacionarias que podría generar un reajuste muy elevado.

El legislador añadió que “debemos buscar un punto de equilibrio, de manera que la economía del país pueda despegar y que el empleo no se vea amenazado”, en el sentido de que un alza muy pronunciada podría desincentivar la contratación de mano de obra.

Sabag también coincidió con Pérez en cuanto a la necesidad de contar con una fórmula de cálculo  permanente en el tiempo, alejada del ciclo político, con una base técnica.

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