Fallo de la Suprema despeja camino para contar con casino en 15 meses

Por: Roberto Fernández 10:20 PM 2016-06-09

En fallo unánime, la Tercera Sala de la Corte Suprema resolvió hoy confirmar la sentencia apelada de la Corte de Apelaciones de Concepción, que el 29 de marzo de 2016 rechazó el recurso de protección interpuesto el 9 de diciembre por Boldt-Peralada contra el Gobierno Regional, por el pronunciamiento desfavorable del Consejo Regional (CORE) respecto de su propuesta de casino, en una polémica votación realizada el 25 de noviembre de 2015, que el consorcio argentino-español calificó como “arbitraria e ilegal”, de la misma forma que criticó las dos anteriores.


Se trataba de la tercera votación del CORE sobre este proyecto, que había sido repetida en dos ocasiones por  decisiones judiciales que acogieron los recursos de Boldt: de la Corte Suprema, el 15 de abril de 2015; y de la Corte de Apelaciones de Concepción, el 27 de octubre de 2015.


De esta forma, se pone fin a 23 meses de judicialización y acusaciones cruzadas, que significaron la paralización del proceso, que se inició en marzo de 2014 con la presentación de las propuestas de Boldt-Peralada, Dreams y Marina del Sol, pero que se vio interrumpido cuando Boldt recurrió a la justicia tras la primera votación del Core, del 1 de julio de 2014, en que se pronunció en contra de los proyectos de Boldt y de Dreams, pero a favor de la iniciativa de Marina del Sol. En esa oportunidad, el Tribunal de Alzada penquista, al tramitar el recurso, dictó una orden de no innovar.


Arista de contraloría
A través de una declaración pública, desde Boldt-Peralada expresaron que “lamentamos el fallo de la Corte Suprema. El proceso de licitación de casino en Chillán ha estado marcado por numerosas irregularidades, las cuales han sido de conocimiento público”. El texto agrega que “en sus tres votaciones, el Gore ha declinado otorgarle puntaje al casino de Boldt-Peralada, aludiendo argumentos tan irrisorios como el estar conectado al sistema eléctrico -cuestión que realizan todas las industrias- o acusar un riesgo de ludopatía por estar ‘cerca’ de una universidad, en circunstancias que el casino de Marina del Sol está a 300 metros de nuestro proyecto”.


En la declaración también abordaron la arista pendiente en Contraloría, organismo ante el cual el consorcio Boldt-Peralada presentó un requerimiento contra la Superintendencia, el 18 de mayo pasado, porque el ente regulador no excluyó a Marina del Sol del proceso en 2015, pese a haberse vencido la boleta de garantía a comienzos de dicho año.


“La misma Superintendencia de Casinos -indica la declaración- reconoció que Marina del Sol no mantuvo vigente su boleta de garantía, por lo que debió haber sido excluida, según un informe jurídico deliberativo realizado por el propio regulador. Sin embargo, el ex superintendente Renato Hamel, optó por hacer caso omiso de este documento y pese a esta flagrancia determinó mantener en el proceso a Marina del Sol. No obstante de todos estos evidentes vicios e irregularidades, mantenemos la confianza en el correcto funcionamiento de las instituciones, premisa que precisamente nos impulsó a invertir en Chile. Es por ello que continuaremos defendiendo nuestros derechos, esta vez en la Contraloría General de la República, donde esperamos queden de manifiesto los incumplimientos en que ha incurrido Marina del Sol”.  


Consejo regional
El consejero regional por Ñuble, Javier Ávila, quien presidió la subcomisión casino que se creó para analizar el tema y recomendó el pronunciamiento desfavorable del Core respecto del proyecto de Boldt, expresó su tranquilidad por el fallo “de saber que hicimos un trabajo apegado a la normativa, serio y responsable” y subrayó que más allá de las declaraciones “que rayaron en la odiosidad, en que el abogado de Boldt llegó a denostar a los consejeros, lo importante es que se confirma que los recursos apuntaban más bien a cosas de forma, pero en el fondo, la norma sí o sí tiene que allegarse al sentido común, y el sentido común dice que no es recomendable instalar un casino de juegos al lado de una universidad”. 


Marina del sol
El presidente de Marina del Sol, Nicolás Imschenetzky, se mostró contento con la decisión, porque constituye el fin de la judicialización del proceso, y aseguró que siempre estuvieron seguros de la decisión que finalmente tomaría la justicia, aunque reconoció que “estábamos preocupados por la demora que ha significado toda la judicialización del proceso, al igual que los chillanejos”. Argumentó que la Ley de Casinos lleva operando más de diez años y que con este fallo se reafirma el respeto al espíritu de la ley, y que “el Consejo Regional actuó bien”, es decir, conforme a derecho.


Manifestó que espera que el Consejo Resolutivo de la Superintendencia de Casinos de Juego “actúe de la manera más rápida posible, que se tomen los antecedentes de la Superintendencia, la evaluación técnica, cuyo resultado hasta la fecha se ha mantenido en reserva, y se adjudique la licencia al mejor proyecto, que estamos convencidos es el nuestro”.


“Nosotros estimamos que la decisión podría tardar unos 30 días, porque se debe convocar al Consejo Resolutivo, que tiene sus plazos”, dijo Imschenetzky. “Y una vez adjudicada la licencia, nosotros calculamos que el casino podría estar construido y comenzando a operar en un plazo de 14 meses”, adelantó, aunque precisó que el hotel tardaría un poco más en estar operando.


Consultado sobre la arista de Contraloría, el empresario penquista recordó que dicho tema ya fue zanjado por la Corte Suprema en un fallo anterior, por lo que sostuvo que “dicha acción va en la línea de lo que ha hecho Boldt, de judicializar todo lo que se le ocurra”.


Al respecto, el abogado de Marina del Sol, Mario Rojas, añadió que el Consejo Resolutivo, cuando en agosto de 2015 determinó suspender su decisión aduciendo fuerza mayor, lo hizo en función de que se despejara la arista judicial pendiente, por lo que no habría impedimento legal para que se convoque y adjudique la licencia. A ello hay que agregar que la Contraloría no ha ordenado la paralización del proceso.


De esta forma, sostuvo Rojas, cuando el fallo de la Suprema llegue a la Corte penquista, y ésta dicte el cúmplase, volverá a correr el plazo de 30 días para que el Consejo Resolutivo se pronuncie, y de esos quedan unos 15 días.


Ello, sin perjuicio de que Boldt interponga un nuevo recurso, que podría ser uno de reconsideración ante la Suprema, o bien que solicite a la Contraloría que suspenda el proceso.

 

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