Parlamentarios entran al debate sobre modificación de remuneraciones

Por: Camilo Díaz Fotografía: Mauricio Ulloa 12:40 PM 2016-06-05

El pasado miércoles 1 de junio, la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados dio comienzo al análisis del proyecto que busca la baja de la dieta parlamentaria de los congresistas del país, la cual fue ingresada específicamente el año 2014 por los diputados Giorgio Jackson, Vlado Mirosevic, Sergio Aguiló. Alejandra Sepúlveda, Roberto Poblete, Claudio Arriagada, Yasna Provoste, Cristina Girardi y la diputada de la zona, Loreto Carvajal (PPD).

En rigor la iniciativa propone el reemplazo del artículo 62 de la Constitución por el que dice: “Una ley determinará la dieta que percibirán los diputados y senadores, incluidas todas las asignaciones que a estos correspondan”, enmienda que actualmente señala: “como única renta, una dieta equivalente a la remuneración de un ministro de Estado”, lo que en la actualidad se traduce a un monto que asciende los $9.121.806, bruto, y que para el monto líquido, varía en el caso de los senadores, de acuerdo a la hora de aplicar los descuentos de salud, impuestos y previsión.

En tanto los diputados, que también se rigen bajo un mismo sueldo bruto que los senadores, reciben una dieta líquida de libre disposición de $6.580.000.
Caso aparte son las asignaciones que reciben los congresistas para efectos de sus denominados, “gastos operacionales”, donde los dineros ascienden mensualmente a $8.299.500, en el caso de los senadores -salvo para los senadores de las regiones IV, V Cordillera, VI y VII, cuyo monto es de $8.758.068, por concepto de mayor gasto en combustible-, mientras que para los diputados -hasta el año 2014- alcanzaban los $5.088.600, que hasta la fecha actual ha aumentado, pero no supera en cifras a lo dispuesto para los senadores, entendiendo que a nivel territorial, estos últimos abarcan mayor representatividad.

También los congresistas, cuentan con recursos adicionales para “asesorías externas” y para “personal de apoyo”.

Necesidades del país
Loreto Carvajal, enfatiza la necesidad de un cambio a nivel constitucional pues “tenemos que ser consecuentes entre lo que decimos y hacemos. Mantener estos altísimos montos significa no estar en sintonía con las necesidades más profundas del país, y legitimar la seria desigualdad económica que vivimos diariamente”.

La diputada de la zona también se refirió al tiempo en que la propuesta lleva de ingresada al Congreso (2014). “Dos años es mucho tiempo de espera, sobre todo cuando hay muchas personas que sienten al igual que nosotros que no tiene mucho sentido que sigamos teniendo altísimas dietas parlamentarias, que son fijadas por la Constitución, mientras miles de familias tienen que vivir con el sueldo mínimo”, indicó Carvajal.

 Contrarios
Su par del Partido Radical, el diputado Carlos Abel Jarpa, apuesta porque se mantenga un equilibrio entre los dineros recibidos por representantes de los tres poderes del Estado.

“Tiene que haber un equilibrio entre el Poder Judicial, Ejecutivo y Legislativo. Por lo tanto el salario que tienen que recibir los parlamentarios y los ministros de Estado y los de la Corte Suprema, para mí deben ser similares, acorde con la función que cumplen”.

Jarpa agregó que “lamentablemente la labor parlamentaria se ha traducido hoy en día, en lo que son los ingresos, los gastos y nadie analiza que el tema y el trabajo de los parlamentarios es el trabajo legislativo, eso es lo importante”.

Finalmente para el radical, el foco se debiese apuntar a las mejoras de los salarios mínimos del país, que actualmente está en $239.464.

Jorge Sabag, en tanto, también contrario a dicho recorte salarial, apunta que la solución está en limitar el número de reelecciones, dos períodos para los diputados y uno para senadores, “porque si las campañas no tienen límite, van a seguir pidiendo fondos a la empresa privada. Por eso creo que es una idea populista y que los únicos que quedarán bien con esta decisión son los  autores de esta medida”. 

Pese a lo anterior, el parlamentario de la falange reconoce que frente a los gastos operacionales podría existir una reingenería, “por ejemplo, que no exista las asesorías, en ese sentido estamos abiertos a cualquier modificación, pero no para hacer populismo con la transparencia (...) pero ¿dónde dice que vamos a subir las pensiones a los jubilados o vamos a subir el salario mínimo?, en ninguna, por eso en estos temas hay que ser serios y no tratar de legislar sin argumentos”, finalizó Sabag.

Sueldos ministeriales
En el caso del gremialista Víctor Pérez (UDI), la discusión no debiese pasar por una definición de los propios parlamentarios, a cuánto deben recibir como salario, pues si hoy se busca que sea rebajado, bien en el futuro los mismos pueden elevarlo aún más, por lo que a su juicio, lo que se debiese modificar es la máxima que regula las remuneraciones de los ministros de Estado.

“La dieta de los parlamentarios, no lo fijan los parlamentarios, sino que de acuerdo a la Constitución, sea la de los ministros de Estado. Y por lo tanto, lo que se debiera discutir es el nivel de remuneración que tienen los ministros de Estado, pero lo peor sería que nosotros nos fijáramos nuestra propia remuneración, ya sea a la baja, alza o mantenerla. Creo que la discusión tiene que estar dada cuánto es lo que el país está dispuesto a pagarle a un ministro, que es el criterio que establece la Constitución y del cual soy partidario que se mantenga”, explayó el senador, mientras que su par, la senadora Jacqueline van Rysselberghe, prefirió por el momento no referirse al tema.

Tras la sesión del pasado miércoles, los miembros de la Comisión de Constitución de la cámara baja, optaron porque el próximo miércoles 8 de junio, se reanude la discusión, a la que estarán invitados los autores de la iniciativa, entre ellos, la parlamentaria de la zona, Loreto Carvajal.

A nivel local, destacan en los gastos operacionales de los diputados, los sobre $5 millones en traslado por parte de la diputada Carvajal, y los cerca de $4 millones registrados por el desaforado Rosauro Martínez (RN), que el 13 de junio cumplirá dos años desde que la Corte Suprema ordenara dicha condición, por la investigación en curso que lo vincula con causas de derechos humanos.

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