Parientes pobres de la Justicia

Por: 03:10 PM 2016-06-04

Una investigación el Ministerio Público, originada en una querella por cohecho interpuesta por el Consejo de Defensa del Estado, permitió conocer esta semana la existencia de una red integrada por funcionarios de Gendarmería que cobraban entre $100 mil y $300 mil a los internos para arreglar sus evaluaciones de conductas, otorgarles beneficios de salida dominical, cambiarlos a mejores dormitorios y dejarles ingresar celulares.

Es  inevitable que el episodio traiga a la memoria otros sucesos que han puesto en entredicho, por distintos motivos, el buen funcionamiento de Gendarmería, institución encargada de resguardar los recintos penitenciarios, de velar por la seguridad y dignidad de los presos, y de facilitar su reinserción social. El más reciente es la denuncia de apremios ilegítimos en contra de tres reos y que tiene a cinco funcionarios de la rama suboficial querellados y con un sumario en su contra.

Similar procedimiento ha ordenado la institución para el primer caso, incluso con la designación de un fiscal especial, lo que resulta positivo en cuanto revela la preocupación por la grave denuncia. Sin embargo -y por lo mismo- no se entiende que los involucrados sigan prestando funciones en otras unidades de la zona y que la investigación iniciada en 2013 haya avanzado de modo tan lento los últimos 2 años. 

En todo caso, un análisis responsable de esta delicada situación no puede obviar el tema de fondo, y que es la compleja realidad en que se desempeñan los funcionarios de Gendarmería, cuyas quejas por las bajas dotaciones y remuneraciones y las peligrosas (incluso insalubres) condiciones en que deben realizar su trabajo se confunden con el enorme peso de la responsabilidad que la sociedad espera que asuman.

Todo lo anterior apunta a una institución que opera en condiciones de precariedad y, de hecho, es bien sabido que Gendarmería ha sido tradicionalmente considerada el “pariente pobre” del sistema de justicia. El mejor y más cercano ejemplo es la cárcel de Chillán, cuya reubicación es una promesa incumplida de las últimas tres administraciones.

Este precario estado de cosas, que ha sido reconocido por las autoridades del actual Gobierno, debiera ser abordado con la urgencia y seriedad que amerita. 

En todo sistema penitenciario, pero sobre todo en uno en que la infraestructura carcelaria presenta tantos déficits como pasa en Chile donde la inseguridad y la falta de segregación son males persistentes, la institución encargada de su funcionamiento es un pilar esencial de la administración de justicia, pues no solo debe velar por la integridad y el trato digno de quienes están privados de libertad por sus delitos, sino que también debe contribuir a su rehabilitación y posterior reingreso a la sociedad.

Es evidente que los gendarmes trabajan en uno de los entornos más hostiles que puede haber, como es el interior de una cárcel, y que deben lidiar con personas de alta peligrosidad. En más de un sentido, ellos también están presos, y el trato cotidiano con delincuentes y con los modos de vida del mundo carcelario implica, además de un ambiente sicológicamente opresivo, un espacio muy permeable a la corrupción y el abuso.

Abordar los muchos y complejos problemas que aquejan a Gendarmería debiera figurar entre las prioridades del Ministerio de Justicia, tanto en beneficio de sus funcionarios, como en el de los presos y la ciudadanía en general.

Comentarios