[Editorial] Educación Superior

Por: Fotografía: Mauricio Ulloa 11:15 AM 2016-06-01

Que la educación superior haya sido el primer punto abordado por la Presidenta Bachelet en su discurso del 21 de mayo es una señal de la prioridad que el Gobierno le asigna a esta reforma, que en principio es un propósito digno de apoyar, pues en teoría busca introducir cambios sustantivos a un sistema que es clave para el futuro del país y que hoy muestra altos niveles de desigualdad y segregación. 

Sin embargo, no se jerarquizará la educación superior con iniciativas de neto corte ideológico y voluntarista, como la que propicia clasificar a las universidades solo en dos grandes conjuntos (estatales y privadas) y establecer regulaciones que amenazan la autonomía universitaria. Tampoco se logrará aquel propósito si en el debate no se superan la politización, confusión y debilidad ante presiones de grupos de interés. 

En efecto, el proyecto del Ejecutivo plantea la creación de una red de universidades estatales, un segundo grupo con los Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica y un tercero para todo el resto de las universidades, que son consideradas privadas y entre las cuales se incluyen a las universidades del G-9, que son aquellos planteles privados del Consejo de Rectores (Cruch).

Se trata, a todas luces, de una simplificación errada y discriminatoria, pues los planteles públicos no estatales que pertenecen al Consejo de Rectores han demostrado a través de los años que el servicio, compromiso y sentido de lo público trascienden las definiciones formales y la naturaleza jurídica de las instituciones. 
La Universidad de Concepción, por ejemplo, sin ser estatal cumple de mejor forma que la mayoría de los planteles del Estado en la generación de bienes públicos, en la vinculación con la sociedad, en el pluralismo y, principalmente, en la atención preferente de estudiantes de segmentos vulnerables, convirtiéndose en un verdadero motor de ascenso social de la población regional y nacional. Por ello, afirmar que el rol público es una cualidad exclusiva de las universidades estatales, además de ser erróneo, conlleva un sesgo ideológico que solo aplauden sectores de la sociedad con discursos trasnochados que han demostrado su fracaso en todo el mundo.

Lamentablemente, desde la asunción de Michelle Bachelet a la Presidencia de la República ese discurso estatista ha permeado con mayor fuerza en círculos políticos oficialistas y el proyecto que enviaría al Congreso el 10 de junio no es la excepción. De hecho, la impropia clasificación de universidades propuesta sería solo la punta del iceberg, pues también se verían afectados aspectos clave como el financiamiento a las instituciones, las condiciones para el otorgamiento de gratuidad a los estudiantes y la autonomía universitaria para desarrollar planes académicos e instrumentos estratégicos de gestión, amenazada por excesivas facultades que tendría la futura Superintendencia de Educación Superior.

Es de esperar que el trabajo parlamentario -en la discusión de la Reforma- permita corregir las discriminaciones sin sustento y los niveles de confusión e improvisación que han caracterizado hasta ahora a la agenda de educación superior del Gobierno. Es fundamental hacer las cosas bien en términos de política pública universitaria. No podemos caer otra vez en fórmulas ideologizadas que llenan el inventario de fracasos de la política tradicional. Hay mucho en juego, pues detrás de las instituciones y del sistema de educación superior en su conjunto están las ilusiones y los proyectos de vida de quienes formarán el motor del país del futuro.
 

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