Designarán fiscal para volver a indagar denuncia de corrupción

Por: Felipe Ahumada Fotografía: M. Ulloa 09:35 PM 2016-05-31

Tras la publicación realizada por nuestro matutino y que revelaba los detalles de una investigación que realiza la Fiscalía sobre una denuncia que delataba la existencia de una red al interior de Gendarmería de Chillán que cobraba sumas que iban desde los $100 mil a los $300 mil a los familiares de los reos para ingresarles celulares o hacerlos merecedores de beneficios como salidas dominicales y traslado a los dormitorios de los mozos, desde Gendarmería Regional se anunció un nuevo paso investigativo.

Si bien admitieron que ya en 2013 se hizo una primera investigación que se archivó por falta de evidencias, “ahora y a la luz de los hechos denunciados públicamente, el director subrogante de Gendarmería Regional, coronel Óscar Aravena, designará en los próximos días a un fiscal administrativo para indagar sobre la veracidad de estos hechos”, explicó la institución uniformada a través de su Departamento de Comunicaciones.

Lo anterior demuestra que hasta hoy no existe ningún sumario en curso, pese a que uno de los denunciados, el cabo Alex Castro, no solo está confeso ante el Ministerio Público, sino que en el Juzgado de Garantía de Chillán ya se le formalizó por cohecho e incluso en los próximos meses se espera que se celebre un juicio abreviado en su contra.

“Acá se advierte algo gravísimo y que de llegar a confirmarse que también ocurrió en otras cárceles provinciales, en otras regiones, como se desprende del reportaje hecho por LA DISCUSIÓN, podríamos estar ante un problema sistemático”, afirmó el senador Víctor Pérez (UDI).

El parlamentario pide que “desde el punto de vista penal, esperamos que el Consejo de Defensa y la Fiscalía lleguen lo más al fondo posible, pero desde el punto de vista administrativo creo que es obligación del Ministerio de Justicia pronunciarse al respecto, ordenar todas las medidas necesarias porque esto es un problema de fondo, es un problema que se debe ordenar. Si es que en el ministerio aún no han intervenido en este caso, nosotros les exigiremos respuestas y acciones”.

Para el diputado Carlos Abel Jarpa, “lo dicho anteriormente por el senador Felipe Harboe, respecto a la necesidad urgente de separar las funciones de Gendarmería, queda más en evidencia que nunca. Lamento mucho estos hechos, pero a la vez valoro que se estén investigando, sobre todo cuando el tema de las libertades que se les están otorgando a los reos es un tema muy sensible a raíz de lo que pasó en Valparaíso o en Santiago”.

Como el senador Pérez, el parlamentario PRSD también solicitará que se haga una investigación administrativa a raíz de lo que se ha indagado por la PDI.

“Lo hice cuando surgió lo del video con la golpiza a los reos y lo haré a la luz de esta nueva información, porque sé que habrá una respuesta y confío en que el Ministerio Público y el Ministerio de Justicia sabrán solucionar esto”, finalizó.

Funcionarios vinculados a las denuncias aún siguen como trabajadores activos

Dentro de las declaraciones entregadas a la PDI, por funcionarios y reos, conforme a las diligencias ordenadas por la fiscal Patricia Suazo, hubo una serie de referencias a la utilización de los conocimientos de un reo con habilidades informáticas y de hacker, para eliminar los estados financieros de varios funcionarios, incluyendo las del alcaide de la época (2013), comandante Raúl Arellano.

“Hubo un sumario hecho en esa época y se cerró porque no se encontraron antecedentes al respecto”, dijo el cabo Luis Díaz, presidente de la Asociación de Funcionarios Penitenciarios de Chillán.

El funcionario, quien apeló a trabajar con probidad y transparencia como gendarmes, dijo además que los funcionarios mencionados en el artículo, “ya no trabajan en el plantel del Chillán, están en otras unidades”.

Sin embargo, sí los hay. Si bien el cabo Alexis Castro, pese a estar formalizado por cohecho, es trabajador activo de la cárcel de Quirihue; y el comandante Arellano, es el actual jefe del plantel de Curicó, hubo un mayor que fue trasladado a Concepción y el resto de los denunciados sigue en Chillán.

Curioso lo de Castro. El cabo ha incomparecido a numerosas audiencias, pese a estar confeso, y jamás se ha decretado una orden de detención en su contra. Se espera que sí asista para el próximo juicio abreviado agendado por el tribunal.

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