Fallo de la Suprema que validó arriesgada decisión de notaria Tejos

Por: Felipe Ahumada Fotografía: La Discusión 10:25 PM 2016-05-23

Defendiendo lo que entendía como absolutamente legítimo, en días de la primera semana del mes de enero de 2015, el comerciante Max Ashton Sanhueza Venegas llegó hasta las dependencias de la Notaría Tejos y a viva voz comenzó a vociferar que “se están cagando a la gente, acá”.


Lo anterior, que quedó registrado en un video producido por el mismo Sanhueza Venegas y reproducido en diversas redes sociales, obedecía a que el notario se negó sistemáticamente a entregarle una copia del contrato que validaba una transacción comercial en la que Raúl Carrasco Fuentes, a través de su representante comercial, Max Sanhueza, le vendió por $250 millones un terreno ubicado en calle Torres del Paine, Nº 1365 a una sociedad agrícola perteneciente al ex notario público Manuel Bravo.


Pero la historia tuvo un vuelco radical porque tras judicializarse esta disputa, no solo la Corte Suprema ratificó el fallo de la Corte de Apelaciones de Chillán que era adverso a sus pretensiones, sino que ahora figura como querellado por estafa. Curioso, si se entiende que en teoría fría la ley estaba de su lado.


Aunque Bravo había firmado voluntariamente el contrato y que la intención de validarlo en la notaría Tejos fue del mismo comprador, sencillamente el titular de la oficina, Joaquín Tejos, se negaba a entregarle el documento que permitía, de hecho, cobrar los siete vale vistas que Bravo le había entregado a Sanhueza.


Pese al escándalo y al video, el agente comercial se fue de la notaría sin el contrato, sin embargo, y asistido por el abogado penquista Felipe Münzenmayer, presentó un recurso de protección en la Corte de Apelaciones en su contra por tres vulneraciones de derechos constitucionales que apuntaban a excederse de sus funciones como notario.


“Pero lo que pasó acá fue que esta persona (Sanhueza Venegas) se aprovechó de una persona como el ex notario Manuel Bravo, quien ya no está en condiciones de tomar decisiones de esta naturaleza debido a su avanzada edad, y le vendió una sucesión de derechos, ni siquiera un dominio de propiedad, en 250 millones, cuando se trata de un terreno que difícilmente supera un valor superior a los 14 millones”, explicó la abogada Susana Jara, quien asumió la representación de Bravo.


Es más, la abogada logró acceder a documentos que acreditaban que esa sucesión de derechos sobre el terreno de calle Torres del Paine, tenía además otros cuatro copropietarios, lo que de hecho Bravo ignoraba.


Tales documentos demuestran que a otros tres clientes, se les vendió de la siguiente manera: en $50 millones, por el 13,75% de los derechos; en 60 millones, por el 43,10%; y en $2 millones, por el 2,11% de los derechos sobre el terreno. “Entonces ¿cómo es posible que a Manuel Bravo le vendan cerca del 30% de los derechos, en 250 millones?, a nuestro entender se trata claramente de una estafa y por esa razón el notario Tejos se negó a entregar la escritura”, explicó la abogada Jara.


Es más, dentro de la carpeta de antecedentes que recibió la Corte de Apelaciones figuraba dos certificados médicos que acreditaban que Manuel Bravo padecía de una depresión crónica grave lo que lo hacía afecto a la ingesta de cuatro medicamentos diferentes en forma diaria.


Sin embargo, tales argumentos no facultaban legalmente a Tejos para retener los documentos, por lo que sencillamente el notario obvió las formalidades legales al tiempo en que la abogada Jara consigió darle orden de no pago a los vale vista con que se cancelaba el contrato.


“Y supimos que Sanhueza los fue a cobrar igual, aunque por esta razón no le salieron a pago. Es por esta razón que el 6 de enero de este año el propio Manuel Bravo hizo la denuncia en la Fiscalía y al día siguiente interpusimos una querella por estafa en su contra”, apuntó la abogada.


Ratificación de la corte suprema
Sin dudas, el notario Tejos actuó a conciencia de que arriesgaba una fuerte sanción en su contra, porque la ley lo obliga inapelablemente a entregar y certificar las escrituras de compraventa cuando comprador y vendedor ya estamparon sus firmas y eso así había ocurrido.


Porque dentro de los argumentos que presentó a la Corte de Apelaciones estaba el saber que Manuel Bravo era paciente siquiátrico, lo que escapa de sus facultades como notario ya que no puede resolver como juez. Y finalmente, por retener las copias del contrato ilegalmente.


El Tribunal de Alzada, sin embargo, falló a favor de Tejos y dejó sin efecto la compraventa y sin sanción al notario.


Disconformes con el fallo, Sanhueza y Münzenmayer, apelaron a la Corte Suprema, sin embargo, el máximo tribunal ratificó el fallo de Apelaciones y el notario quedó sin sanción alguna, el video aún en las redes sociales y su autor siendo investigado por la PDI a petición del fiscal Mauricio Mieres, por el delito de estafa, la misma razón por la que se encausó una querella en su contra.


Sanhueza dijo a LA DISCUSIÓN que “esta causa aún no está terminada, se interpuso en enero un recurso de reclamación  y otro por prevaricación en contra del notario, porque ellos lo que en el fondo querían era que me rebajara 50 millones de la oferta original”. Finalmente, Sanhueza dice que aún no pierde la esperanza de que se valide el contrato de compraventa celebrado con Manuel Bravo.

Comentarios