Así fueron embaucados los chillanejos que confiaron en AC Inversions

Por: Felipe Ahumada Fotografía: Agencia Uno 09:55 PM 2016-05-21

El artículo 39 de la Ley General de Bancos dice que ninguna persona natural o jurídica que no hubiera sido autorizada para ello por otra ley, podrá dedicarse al giro que ostentan los bancos o financieras.

Es decir si un particular le ofrece a terceros un negocio para generar renta a través de depósito de dineros y esta persona natural o jurídica no cuenta con la autorización de la Superintendencia de Bancos, sencillamente está cometiendo un delito.

Es por esta razón que algunos de los 21 chillanejos que ya estamparon una denuncia por estafa en contra de quienes trabajaban directa o indirectamente para AC Inversions, comenzaron a presentar querella no solo contra quienes figuran como dueños y copropietarios de la hoy famosa empresa que habría estafado a más 1.442 personas en Chile, si no en contra de quienes no siendo parte de los tres cabecillas (Patricio Santos, Camilo Cruz y Rodolfo Dubó, todos actualmente en prisión preventiva) cumplieron, a juicio de los querellantes, con la función de nexos o captadores dentro de la provincia y, por lo tanto, recibieron sus dineros.

Dentro de los afectados, todos personas con un poder adquisitivo superior al del chillanejo promedio, se cuentan agricultores, militares retirados, empresarios, médicos e incluso abogados de la plaza.

Uno de los abogados que ya presentó querellas es Ricardo Robles, quien si bien declinó referirse al tema argumentando que aún se estaba en una etapa procesal prematura, es la propia moción presentada por el profesional la que revela que fue otra abogada de la plaza quien figura como vínculo entre víctimas y victimarios.

Se trata de la colegiada Susana Jara, quien incluso formaba hasta solo unos días parte de la directiva del Colegio de Abogados de Chillán.

Conforme a la querella presentada por Robles en representación de una pareja de médicos extranjeros y un matrimonio compuesto por un médico traumatólogo y una químico analista, fueron los galenos quienes conocieron a Susana Jara cuando ella les ofreció a la venta unas parcelas camino a Huape.

Tras establecer un vínculo de confianza, según la misma documentación presentada por Robles y que hoy se encuentra en el 8º Juzgado de Garantía de Santiago, ella les habría presentado a Francisco Neira Galgani (un amigo de su infancia según el texto) para que facilitara las gestiones para invertir en AC Inversions con la promesa de reditar mensualmente entre el 4% y el 5% del total del dinero depositado, por lo que Neira también figura como querellado.

El matrimonio llegó a establecer contacto con Jara y Neira Galgani luego que sus colegas les dieran el dato que asomaba como un negocio redondo.

La suma depositada por los médicos fue de $65 millones, que se entregó en diversos cheques; mientras que -y por el mismo modo- el matrimonio chileno depositó $100 millones en total.

Para acreditar las denuncias en contra de ambos, Robles se vale de fotocopias de los cheques y de copias de los mensajes por Whatsapp que los médicos realizaban con Jara y Neira para hacer los seguimientos a los cheques depositados.

Si bien queda en constancia que durante los primeros cinco meses ambas parejas recibieron efectivamente depósitos de AC Inversions por los intereses acordados, en adelante no hubo más depósitos y el resto del dinero se perdió.

“De seguros y rentas a inversiones”
Consultada por LA DISCUSIÓN al respecto de esta querella, la abogada Susana Jara dice que ella también figura como querellante de los dueños de AC Inversions, “porque yo también deposité dinero y lo perdí”.

La abogada explica que ella nunca trabajó como captadora o nexo para la empresa de Santos, Cruz y Dubó, sino que “solo facilité mi oficina a Francisco Neira”.

De acuerdo a la abogada, Neira era consultor de seguros, rentas vitalicias y dentro de los servicios que ofrecía estaban las rentas de AC Inversions, proyecto que le daba a conocer luego de venderles u ofrecerles seguros, a quienes cumplían un perfil socioeconómico como el que se buscaba.

“Cuando yo supe esto, me di cuenta que había sido afectada porque también hice inversiones, y conozco el caso de otros tres abogados más que son familiares entre sí. Yo no soy parte de AC Inversiones, soy una víctima más”, sostiene.

La querella en su contra y su versión difieren también en la relación que tendría Neira con la empresa, ya que según los antecedentes que maneja el persecutor, Neira es empleado de Dubó, Cruz y Santos.

Mientras Jara limita su participación a la facilitación de su oficina, en la querella se propone que ella además habría recibido los cheques.

“Eso no es cierto”, recrimina la  jurista, por lo que está estudiando la posibilidad de contraatacar con una querella por imputación calumniosa.

En la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI certifican que de las 21 denuncias estampadas, se totalizan $268 millones en defraudaciones, sin embargo advierten que “hay más afectados, pero no denunciaron por vergüenza”.

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