Contraloría instruye sumarios en el municipio de San Carlos y Vialidad

Por: Isabel Charlin 10:10 PM 2016-05-17

Con fecha 11 de mayo de 2016, Contraloría Regional emitió un informe respecto de la investigación especial realizada en el municipio de San Carlos, la que surgió a raíz de una denuncia de los concejales Lucrecia Flores,  Mario Sabag, César Ortiz, Héctor Guzmán y Roberto Tapia, quienes acusaron eventuales irregularidades en la compra de terrenos para la construcción de caminos por parte de la corporación edilicia.

Tras la investigación, el organismo constató que en la aprobación de las modificaciones del presupuesto municipal necesarias para solventar el gasto de la  compra de dos bienes raíces (uno para la  construcción de la  variante Llahuimávida, por $30 millones; y otro, para el ensanche de calle Tomás Yávar, por $55 millones), el Concejo no contó con los antecedentes que permitieran tomar una decisión informada respecto de dichas adquisiciones, por cuanto no existían tasaciones comerciales, estudios técnicos, de  factibilidad y económicos, que respaldaran las propuestas; así como las razones para no considerar lo establecido en el Plan Regulador Comunal de San Carlos. A esto se suma que no se respetó el plazo de cinco días que establece la ley para estos efectos.

En el informe, el municipio atribuye su accionar a que “la  naturaleza de  la negociación hacía necesario recurrir al trato o contratación directa, como lo fue  para ambos casos, con ofertas directas de los  particulares al municipio y altamente convenientes desde el punto de vista técnico y económico”, lo que fue rebatido por Contraloría, ya que de acuerdo a información del SII, los valores de los terrenos eran superiores a lo expuesto por la municipalidad.

Al mismo tiempo, según el informe, la Municipalidad de San Carlos, en ambas adquisiciones, no dio cumplimiento a lo establecido en la normativa, respecto de resguardar el  principio de probidad administrativa, al tiempo que el alcalde, Hugo Gebríe, no requirió de un nuevo acuerdo del Concejo Municipal respecto de la compra del terreno para el ensanche de calle Tomás Yávar, no obstante que la superficie adquirida fue inferior a la aprobada por  el Concejo, conservando el mismo precio de venta. 

Con todos estos antecedentes, Contraloría determinó instruir un proceso disciplinario, con el objeto de determinar las eventuales responsabilidades administrativas de todos aquellos funcionarios que intervinieron en los  hechos investigados.

Sumario en vialidad
La investigación arrojó también que la Dirección Regional de Vialidad utilizó fondos públicos en la construcción de un camino que no cumplía con los requisitos para ser considerado objeto de una inversión (camino variante Llahuimávida), incumpliendo el principio de legalidad del gasto. Al respecto, se  solicitó la instrucción de un sumario administrativo y la adopción de medidas tendientes a evitar que en lo sucesivo, se empleen fondos fiscales en la construcción de vías en las cuales no se ha acreditado fehacientemente que cumplan con los requisitos que establece la norma legal.

Además, de acuerdo a la información recabada por el órgano contralor durante la investigación, el municipio sancarlino utilizó maquinaria y recursos municipales en la construcción de una cancha de fútbol y una servidumbre de paso, ambas de propiedad particular, beneficiando con  esta última acción al jefe  comunal, quién es dueño de predios colindantes a dicha arteria. Al respecto, Contraloría Regional, en virtud de las  facultades que le otorga la ley, dará inicio a una investigación sumaria, con el  objeto de determinar las eventuales responsabilidades administrativas en los  hechos expuestos.

Respecto de la acusación de los concejales sobre la compra de terrenos colindantes al camino adquirido por el municipio, por parte del alcalde; y el presunto aporte de terreno de la autoridad edilicia a la Sociedad Agrícola, Comercial y Productora Don Alfredo Ltda., Contraloría no tuvo observaciones que formular.

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