Cámaras de seguridad han generado 352 procedimientos

Por: Felipe Ahumada Fotografía: Mauricio Ulloa 07:25 AM 2018-08-20

Fue en mayo de 2016 cuan do la Municipalidad de Chillán inauguró, junto con los representantes de la Subsecretaría de Prevención del Delito, la Oficina Municipal de Seguridad (OMSE), cuya misión sería la gestión de recursos para instalar proyectos que apuntaban a mejorar la sensación de seguridad en la comuna.

Desde entonces la principal apuesta fue instalar luminarias y alarmas comunitarias en los sectores residenciales de mayor población, además de capacitaciones en “Escuelas para Líderes”.

Y en cuanto al centro, fuera de replanificar y engrosar la inspección municipal, la principal apuesta fue la de instalar cámaras de televigilancia, por $790 millones en la primera etapa.

La decisión se basó en la experiencia utilizada en otras comunas de Chile, como Las Condes. Heredaron la estrategia, pero también las dudas y las críticas iniciales respecto a la efectividad de estos implementos, es decir, bajar los delitos y las incivilidades.

Los números en Chillán son los siguientes: entre enero y agosto del 2017 hubo 431 denuncias por robos violentos, como los robos con violencia, los robos con intimidación y los por sorpresa. Estos dos últimos, son mayormente registrados en el centro.

En tanto, en los mismos ocho meses de 2018 las denuncias han sido 361, lo que representa un 17,3% menos que el año pasado.

En cuanto a las cámaras de televigilancia instaladas en el  centro, entre enero y diciembre del 2017 generaron 201 procedimientos, todos ellos captados desde la Central de Comunicaciones (Cenco) de Carabineros.

El desglose apunta que 95 fueron tomadas por Carabineros y 76 por la Policía de Investigaciones.  Otras 16 imágenes fueron utilizadas como medio de prueba por el Ministerio Público de Chillán; 13 por el Juzgado de Policía Local y una por el Juzgado de Familia.

En tanto, desde enero a agosto de 2018, las ahora 25 cámaras de televigilancia generaron 151 procedimientos (prácticamente la misma cantidad que se contó entre enero y agosto del 2017). 86 fueron derivados a Carabineros, 53 a la PDI, tres a la Fiscalía, siete al Juzgado de Policía Local y una a la Inspección Municipal.

Exigen más personal

Los proyectos se han seguido presentando en Consejo de Seguridad Comunal, por parte de la OMSE, y estos se han aprobado siempre por unanimidad, con los votos de la Fiscalía local, Carabineros, el Concejo Municipal, la PDI, representantes de la Gobernación, la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, el Senda, la Oficina de la Mujer, Sernatur y la delegación de Seguridad.  

Entre las ideas más conocidas, destaca el que “la meta del alcalde Zarzar es tener 60 cámaras de seguridad dentro de las cuatro avenidas, que es donde encontramos la mayoría de puntos críticos (o hotspot) de delitos de robos violentos o robos por sorpresa, entre una serie de incivilidades que afectan a peatones, comerciantes y clientes”, apuntó el encargado del a OMSE, Renán Cabezas.

A lo anterior se debe sumar otra cantidad de operativos masivos, ya comunes en Chillán, por lo que es aquí donde Carabineros ha deslizado una vital advertencia.

“Generalmente los procedimientos y otras actividades propuestas por la municipalidad requiere de la presencia de Carabineros y nosotros tenemos el personal para nuestra propia planificación. Esto, entendiendo que aún no llegan ni las patrullas municipales ni el dron que, según entendemos, ya están aprobados”, dice el mayor José Freire, jefe de la Segunda Comisaría de Carabineros de Chillán.

La autoridad policial pone la tilde, además, en temas que ya se han expuesto en forma pública por el mismo prefecto de Ñuble, Erik Flores, cuando respecto a la mayor cantidad de cámaras de televigilancia, advierten que “eso requiere de más personal para que las monitoree, ya que la efectividad de quien manipulas las cámaras baja mientras más pantallas tenga que estar mirando”.

Y se entiende que quien debe contratar a estas personas debe ser la municipalidad y no Carabineros.

Daniel Fuentes, sociólogo de la Universidad del Bío-Bío y experto en seguridad comunal, advierte que “una persona como máximo puede atender con cierta eficacia a un total de seis pantallas de monitoreo, más que eso lo más probable es que se le escapen situaciones importantes”.

En donde Carabineros y Fuentes parecieran discrepar  es en que “las personas que pueden manejar esas cámaras no solo podrían ser carabineros en retiro, sino que ex guardias de seguridad también”.

El sociólogo reconoce que “tal vez el que pongan a monitorear a excarabineros que hayan trabajado en el centro sí le da la ventaja de poder reconocer a los delincuentes y seguirlos a través de las pantallas, porque además ya les conoce a los cómplices y las formas de operar”.

En respuesta, Cabezas aclara que el convenio de comodato por las cámaras que hay entre Carabineros y la Municipalidad establece que en efecto es el municipio el que debe contratar al personal de monitoreo.

Por el proyecto de protección al casco histórico de la Subsecretaría de Prevención del Delito, “recibiremos cerca de $50 millones y con parte de ese presupuesto pretendemos comprar más cámaras, pero se contratará a personal de monitoreo, para que haya dos personas por turno. Hoy hay solo una por turno”.

Efectividad de operativos
La cantidad de operativos generados por las cámaras da cuenta solo de una parte de las efectividad de estos dispositivos.

Lo otro, y más importante,  es la cantidad de detenidos que estos permiten. Para medir eso se debe revisar esta vez las estadísticas del Juzgado de Garantía de Chillán, donde se realizan los controles de detención.

Si en 2017 hubo 1316 controles y formalizaciones por delitos de robos, incluyendo a los violentos, hurtos, en lugar habitado y no habitado; en lo que va del 2018 estos casos suman 1.124.

En este punto destaca el que los robos en lugar habitado y no habitado en 2018 ya son el total de lo registrado en 2017 (173 formalizaciones), entendiendo que estos delitos, al cometerse en sectores residenciales, no son captados por las cámaras del centro.

En 2017 los controles por  robos violentos fueron 106 y 80 este 2018.

“En el caso de los robos por sorpresa tenemos un aumento, pero principalmente por causa de denuncias de robos de celulares”, apunta el mayor Freire.

El uniformado comenta que “muchas de estas denuncias las hacen menores y mujeres porque en efecto se están robando más celulares por lo fáciles que son de reducir y por su alto costo, pero también es cierto que muchas de estas denuncias son falsas, ya que hay casas comerciales que como garantía ofrece entregar un aparato nuevo a quien sufre un robo violentos”.

Internet
El subprefecto de la PDI, Jorge Aguillón, jefe de la Brigada Investigadora de Robos, plantea que “los delincuentes siempre buscan hacer lo más fácil, por algo roban y no trabajan. Pero si saben que en el centro hay cada vez más cámaras, eso los disuade, lo que se refleja en una disminución de denuncias por robos en esta área, especialmente los robos con intimidación o por sorpresa o hurtos”.

Para Aguillón incluso las cámaras que pueden estar desconectadas sirven como elemento disuasor, “razón por lo que nosotros siempre le recomendamos a los empresarios que instalen circuitos cerrados en sus locales para prevenir robos”, dice.

Por lo tanto, asegura que “muchos aprendieron que era más rentable la estafa telefónica o la que se hace por redes sociales”.

De hecho comentó que “muchas de las personas que son detenidas por estafas de este tipo ya tenían antecedentes por hurto o robo”.

El comisario Elvis Aravena, de la Brigada de Delitos Económicos, agregó que “el delito que más ha aumentado en los últimos años es de la clonación de tarjetas”.

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