Fiscalía niega entrega de antecedentes a Pellegrin

Por: Nicole Contreras Fotografía: Fernando Villa 10:10 PM 2018-08-14

El lunes pasado, el obispo Carlos Pellegrin envió al vicario general de la Diócesis hasta la Fiscalía de Chillán para “obtener antecedentes” respecto a la denuncia por presunto abuso sexual que la fiscal de Bío Bío, Marcela Cartagena, anunció a través de un medio de comunicación el viernes pasado, lo que lo convierte en el tercer obispo chileno en ser investigado por delitos de este tipo. 

Sin embargo, la Fiscalía local negó la solicitud del Obispado chillanejo, decretando la secreto de la investigación durante 40 días. 

“A petición del obispo, el vicario general concurrió a la Fiscalía local con el objetivo de recabar los antecedentes respecto de la existencia de una denuncia divulgada por un medio de comunicación”, detalló el Obispado a través e un comunicado. 

“En la Fiscalía local se le informó al vicario general que no se le podían entregar dichos antecedentes al obispo, dado que se había decretado el secreto de la investigación por un plazo de 40 días. Hasta la fecha el obispo desconoce el tenor de la denuncia y los supuestos hechos que la fundamentarían”, precisaron. 

El viernes pasado en un punto de prensa, Carlos Pellegrin declaró que “desconozco la acusación, mi conciencia está limpia, no tengo memoria de que haya cometido algún delito”.

El obispo enfatizó en su deseo de conocer los antecedentes que le fueron negados. 

En la Red Laical Chillán ha sido cuestionada su permanencia en la investigación de casos de abusos por miembros del clero, al estar involucrado en una denuncia del mismo tipo. 

El Obispado actualmente lidera la investigación del sacerdote Luis Ricardo Montenegro por presunto abuso sexual a menor, y también la semana pasada el obispo recibió una nueva denuncia contra el sacerdote Osvaldo Salgado. 

Respecto de si debería matenerse al margen de sus funciones mientras dure la investigación, el abogado en Derecho, experto en Derecho Canónico de la Universidad Católica, Alejandro Álvarez, aseguró que la decisión debe ser tomada por el Papa, pero que se debe priorizar a las víctimas. 

“Toda denuncia debe ser investigada. La Iglesia debe colaborar con la justicia y sus requerimientos. El Papa como conductor de este proceso de reconversión de la Iglesia chilena, debe evaluar en su mérito todos los antecedentes y tomar las medidas que estime necesarias, teniendo como norte y prioridad a las víctimas”, precisó el abogado. 

Juan Alberto Arroyo 
No es la única diligencia que Fiscalía enfrentó ayer en el marco de presuntos abusos por miembros del clero en Ñuble. Los hechos se vinculan  al exsacerdote Juan Alberto Arroyo, que figura en la lista de religiosos sancionados por la Iglesia publicada a principios de agosto. La sanción de Arroyo habría sido producto de conductas impropias, luego de ser sorprendidos por alumnas del Colegio La Purísima viendo pornografía en su oficina en 2011. El Obispado inició una investigación que terminó con una sanción eclesiástica que lo apartó de su investidura. 

Sin embargo, el Obispado de Chillán habría estado en conocimiento de presuntos abusos por parte del sacerdote antes y después de enterarse de los hechos presenciados por las alumnas, no informando a la justicia ni asumiendo públicamente que la causa por la que apartó al sacerdote no era solo conductas impropias. 

A mediados de junio, una presunta víctima de Arroyo, interpuso una denuncia ante la PDI por haber recibido amenzas de muerte de parte del exsacerdote.

Al explicar que las amenazas eran producto de que el sacerdote pensaba que podía denunciarlo por haber abusado de él cuando era menor de edad, Fiscalía tomó el caso en el marco de las investigaciones que involucran al clero. 

Precisamente este martes, Juan Alberto Arroyo habría sido llamado por el fiscal Pablo Fritz a declarar como presunto autor de las amenazas de muerte. 

La posible víctima actualmente tiene 57 años, los hechos habrían ocurrido a fines de la década de los 70 cuando Arroyo era párroco de La Sagrada Familia.

La víctima tenía 16 años y los abusos se prolongaron durante tres años. 

“En la década de los 70 y 80, era sabido que él siempre llevaba a jóvenes menores de edad a la casa parroquial, y no eran pocas las veces en que salía a hacer misas en estado de ebriedad”, recuerdan de Arroyo los fieles de la parroquia. 

Arroyo, fue trasladado a la parroquia de El Carmen en los 80. También fue párroco en San Fabián. 

Conocimiento del Obispado
Aproximadamente en el año 95, la madre de la presunta víctima fue a entregar una carta a funcionarios del Obispado de la época relatando los hechos, pero no tuvo ninguna respuesta. La madre, según cuentan cercanos a la víctima, tomó la decisión porque Arroyo iba a ser traladado nuevamente a La Sagrada Familia.

“La comunidad se manifestó en contra de su llegada, se generó un movimiento de laicos, porque la gente se oponía a su regreso porque se sabían de otros casos de presuntos abusos que el sacerdote había cometido”, recuerda una fiel de la parroquia. 

En 2012, meses después de conocer las conductas impropias de Arroyo, familiares de la víctima fueron donde el vicario general de la época, Luis Concha a contar los hechos. Según los familiares, él les dijo que lo llevaran por escrito y firmado, y así lo hicieron. Sin embargo, nunca recibieron una respuesta del Obispado.

Luis Concha, según lo relatado por una fiel de la parroquia San Juan de Dios a LA DISCUSIÓN, tampoco tomó en cuenta los antecedentes del caso de Héctor Bravo cuando tuvo conocimiento en 2009, ya que pidió que lo llevaran por escrito. Él no negó los hechos, sino que afirmó que no los recordaba.

Familiares de la presunta víctima aseguran que aproximadamente hace un mes se reunió con la abogada Paula Cornejo, coordinadora de la oficina para atención a víctimas de abusos, relatando los hechos. 

Precisamente, la abogada en el punto de prensa para dar a conocer la oficina, la semana pasada anunció que en el tiempo que llevaba trabajando en el departamento hace aproximadamente un mes, había recibido dos denuncias relacionadas a Juan Alberto Arroyo. Sin embargo, Cornejo aseguró que solo estaban relacionadas a “conductas impropias” y “no involucraban a menores de edad”. 

Respecto a este caso, la Comisión Scicluna, encargada por el Papa y que investiga las denuncias formuladas contra sacerdotes, ya está en conocimiento de los antecedentes.

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