[Editorial] Probidad municipal al debe

Por: La Discusión 09:00 AM 2016-05-14

Los municipios son especialmente importantes para la vida cotidiana de las personas. Son la cara más visible del Estado para la inmensa mayoría, contribuyendo a cubrir sus necesidades e impactando sobre su calidad de vida. Por lo mismo cobra gran relevancia información recogida por la Contraloría General de la República, el Consejo para la Transparencia y la Subsecretaría de Desarrollo Regional, que sugiere varios factores de riesgo de corrupción a nivel municipal.


El informe advierte sobre el amplio margen de discrecionalidad de los alcaldes, quienes manejan gran cantidad de recursos públicos asociados a sus múltiples y diversas funciones. También de la falta de estándares adecuados de cumplimiento sobre ejecución presupuestaria y administración financiera, de la existencia de pagos por honorarios asociados a programas con designación por parte de alcaldes prácticamente sin control y el insuficiente cumplimiento de las reglas sobre transparencia y la falta de controles adecuados en áreas sensibles.


Los casos que hemos conocido en la provincia sobre uso irregular de recursos fiscales para campañas políticas y decenas de denuncias e investigaciones sobre preferencias a ciertos proveedores y no pago de servicios y cotizaciones a funcionarios, ilustran la relevancia de varios de los riesgos anteriores.


Expertos chilenos y extranjeros coinciden en que donde se encuentran los mayores niveles de corrupción en el Estado chileno es a nivel de gobiernos municipales y anticipan que el tema se puede volver aún más importante con la agenda de descentralización que impulsa el Gobierno, pues un proceso de descentralización exitoso debe ir más allá de transferir autoridad, funciones y recursos a las autoridades locales, y también debe fortalecer el marco institucional de transparencia y probidad en los gobiernos municipales. 


Por todo lo anterior, resulta preocupante el significativo atraso que evidencia la agenda legislativa del Ejecutivo en esta materia, pese a que fue uno de los cinco temas centrales fijados por el Consejo Asesor Presidencial contra los Conflictos de Interés, el Tráfico de Influencias y la Corrupción, convocado por la propia Presidenta Michelle Bachelet. 


Fueron en total 26 las propuestas generadas para enfrentar la corrupción en este campo, destacando la obligatoriedad de las declaraciones de intereses y patrimonio, la transparencia de los créditos incobrables y las deudas municipales, además de establecer estándares mucho más exigentes en materia de gestión e información financiera. Respecto de compras y adquisiciones, se proponen varias medidas para fortalecer los procedimientos y mejorar su control y fiscalización y con el objeto de evitar que fondos municipales se destinen a financiar operadores políticos y campañas electorales, se propuso limitar la contratación de personal a honorarios asociados a programas municipales y prohibirla seis meses antes de una elección municipal. Lamentablemente, según el último reporte del Observatorio Anticorrupción de la Fundación Ciudadano Inteligente, 21 de ellas no han experimentado progreso alguno, tres se encuentran incompletas y solo dos -de alcance menor- se han implementado.


Muy poco para un tema en que los avances son inversamente proporcionales a la recurrencia del discurso y donde la evidencia sobra para concluir que la corrupción es más que una amenaza para los gobiernos que son la base de la democracia y el vínculo más cercano de la gente con el servicio público.

 

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