Municipio sufre embargo por extracción ilegal de agua

Por: Felipe Ahumada Fotografía: Mauricio Ulloa 09:10 PM 2018-07-24

La Gobernación debió autorizar la fiscalización de la DGA con la Fuerza Pública al recinto municipal termal.

El municipio se abstuvo de hacer declaraciones públicas sobre este tema.

Una nueva ofensiva judicial sumó la pugna entre la Municipalidad de Chillán y la Junta de Vigilancia del Río Diguillín (JVRD) en conjunto con la Dirección General de Aguas (DGA).

Esto luego que por orden de la Corte Suprema se embargara una camioneta de propiedad del municipio por concepto de multas impagas, por la extracción no autorizadas de aguas de la cuenca del río Diguillín, para surtir el consumo de la industria turística instalada en la zona de las Termas de Chillán, concesionada por el municipio a privados.

La sanción fue anunciada con un documento timbrado por el Registro Civil con fecha de mayo de 2018, en la que se especifican los datos del móvil a embargar.

Esta serie de litigios tiene su raíz en 2014, año en que la JVRD interpuso un total de nueve demandas en contra de la Municipalidad chillaneja acusando sobre la extracción ilegal desde vertientes que deben escurrir al río Renegado, y por extensión, al Diguillín, pero en su lugar, las aguas son captadas y dirigidas por una tubería hacia el predio donde funciona el complejo turístico Termas de Chillán, de propiedad municipal, concesionado a Nevados de Chillán, aguas de la cual también se abastece el Gran Hotel Termas de Chillán, de ISN.

En 2016 la Corte de Apelaciones de Chillán dio la razón a la parte demandada, absolviendo al municipio de Chillán del cese de extracción. La defensa de la Municipalidad apuntaba a una utilización de ese caudal desde “tiempos inmemoriales”  (según consigna el escrito) y, en segundo término, que se estaba en proceso de regularización de a los menos 15 puntos de extracción.

No obstante la Junta de Vigilancia del Río Diguillín acudió a la Corte Suprema, que en noviembre de 2017 acogió el recurso de casación que presentó la JVRD y anuló la sentencia de la Corte de Apelaciones de Chillán. Además fijó una multa de 9 UTM por la extracción ilegal.

En fallo dividido (3 a 2) se tomó en cuenta que desde el año 1994 fue declarado como “agotado” el cauce del Diguillín, y que a juicio de los ministros del tribunal supremo, el proceso de regularización apelado eran solo “meras expectativas”, por lo  que tales argumentos no se tomaron en cuenta.

Acusan desacato

Pese a los respaldos judiciales y al fallo de la Corte Suprema, desde la JVRD acusan que la Municipalidad no ha dejado de extraer agua y que además, en la última oportunidad en que personal de la DGA fue a fiscalizar el cúmplase de la sentencia, los encargados del predio municipal le impidieron el paso a los inspectores.

“Frente a la contumacia de la Municipalidad vamos a tener que seguir realizando las gestiones necesarias. Ellos arrendaron el predio de las Termas Minerales de Chillán, pero no así el del uso del agua, y como indica el informe de la DGA, la concesionaria está haciendo uso de ellas, por lo tanto estamos ante un desacato contumaz por parte del alcalde y sus administradores”, advierte Francisco Saldías, de la Junta de Vigilancia del Río Diguillín.

Es más, Saldías aclaró que para que los inspectores de la DGA pudieran finalmente fiscalizar el cese a la extracción impuesta por la Corte Suprema, fue necesario conseguir, a través de la Gobernación, la presencia de carabineros.

El documento firmado por la gobernadora Paola Becker, el 4 de abril pasado, dejaba sin efecto la suspensión de esta ejecución, como lo había pedido el municipio, y autorizó la fiscalización de la DGA con auxilio de la Fuerza Pública.

“Multa fue pagada”

A través de un comunicado de prensa desde el municipio explicaron que “la multa fue pagada y se está pidiendo que se libere la medida cautelar sobre el vehículo, lo que está pendiente de resolución”, a la vez que se excusaron de referirse al resto de la disputa atendiendo que “se trata de materias que son objeto de acciones judiciales en tramitación”.

En respuesta desde la JVRD recordaron que las resoluciones de la Corte Suprema son inapelables y en cuanto a la multa, detallaron que “en efecto ellos pagaron la multa, pero en la Corte de Apelaciones y no en el Registro Civil, por lo que creemos que hubo algún error procesal”, dijo Juan Carlos Villagra, presidente de la Junta de Vigilancia.

Pese a lo anterior aclaró que no es intención de la JVRD dejar en un problema tan grave como la exclusión del agua a los centros recreacionales cordilleranos más importantes de Ñuble.

“Lo único que buscamos es que se respeten los derechos de los legítimos dueños. El caudal del Diguillín ya está agotado, por lo que no se pueden seguir vendiendo más derechos de uso, pero lo que sí se puede hacer es que cualquier particular o institución que necesite extraer aguas de este río pueda comprar parte de los derechos a algunos de sus dueños. De esa manera no se sobreexplota el recurso y todo quedaría resuelto de manera transparente y legal”, propuso.

Tal salida ya tiene un antecedente poco promisorio. En 2017 la JVRD le propuso una reunión al alcalde Sergio Zarzar para zanjar el problema por esta vía, “pero en vez de ir él personalmente, mandó a tres abogados y por supuesto que las negociaciones quedaron en nada. Al menos eso demuestra que nosotros estamos llanos a encontrar soluciones, dejando claro que el extraer agua sin tener el derecho a hacerlo no es viable ni ajustado a derecho”, repasó Francisco Saldías.

Cerca de 2 mil derechos

Conforme a los datos de la Dirección General de Aguas, son cerca de dos mil los regantes que a partir de la década de 1980 comenzaron a adquirir los derechos de extracción de aguas del Diguillín para el trabajo agrícola de sus predios.

Curiosamente uno de los trámites para la adquisición de estos derechos los comenzó a realizar el entonces alcalde de Chillán, Rosauro Martínez, con el objeto de asegurar el suministro a las Termas de Chillán.

“Pero no sabemos por qué estos trámites no siguieron su curso y al final no se concretaron. Tal vez por eso hubo confusión en la Municipalidad, en un comienzo, respecto a los derechos de extracción, pero lo cierto es que ahora ya está todo claro”, dice Juan Carlos Villagra.

Finalmente en la JVRD aclaran que no hay riesgo de sequía o que algunos regantes se queden sin el suministro necesario para subsistir como agricultores debido a esta extracción ilegal en la que ha estado incurriendo el municipio.

El punto es que hay personas que compraron sus derechos y ellos son los legítimos dueños. No es admisible que otras entidades pasen por alto esos derechos, menos aquella entidad que nos cobra patentes y permisos, multando a quienes no cumplen. Por eso y por todo el resto de los argumentos ya explicados es que la Corte Suprema nos dio la razón y ahora solo esperamos que el alcalde respete la resolución”, planteó Saldías.

Comentarios