El 48% de los juicios en Ñuble terminó con absoluciones

Por: Felipe Ahumada 11:05 AM 2018-07-15

El presidente de la Corte de Apelaciones de Chillán, ministro Darío Silva, rememora sus años como juez de Talca, antes de la puesta en marcha del sistema procesal penal vigente y dice que “los fiscales no hacen las investigaciones como las que se hacían antes y esto, como opinión personal, se debe a que el sistema actual es muy garantista. Cuando fui investigador y juez, en esos años era muy difícil que llegáramos a fallos absolutorios”.

Tal aseveración la hizo mientras sostenía un papel con las estadísticas de la Corte en la que se precisa que en 2017, de las 342 causas revisadas por el Tribunal de Alzada, 164 terminaron en absolución. Es decir, el 48%. Porcentaje inimaginable hasta hace  unos años, cuando entre los defensores que tramitaban causas penales en la jurisdicción, solía calificarse a los tribunales del ramo como los más duros y profiscales del país.

En lo que va del 2018, de 139 audiencias, 61 han terminado con acusados en libertad por absolución. Un 44%. Lo anterior incluye solo causas que han llegado a juicio y no se considera las otras investigaciones en que el propio Ministerio Público solicitó un sobreseimiento o el cierre de la investigación. Si se consideran exclusivamente aquellos delitos de alta conmoción pública o violentos, como robos con violencia, intimidación, robos de grandes sumas de dinero, homicidios o violaciones, en 2017 sumaron 101 audiencias.

Pero las absoluciones en este ítem superaron a las condenas, con 52 casos, esto es el 51,4% de los delitos graves.  En el semestre pasado, hubo 66 audiencias y 30 absoluciones. El 48%.

Orgullo en la Defensoría

La Defensoría Penal Pública (DPP) Regional expuso su cuenta pública en la ciudad de Los Ángeles. El defensor regional, Osvaldo Pizarro, destacó que de los 1.755 delitos que llegaron a juicio oral en la Región del Bío Bío en 2017, 852 finalizaron con el acusado absuelto. Ese 49% que representa el guarismo, deja a Bío Bío como la región con mayor porcentaje de absoluciones en el país.

“Esto obedece a una serie de estrategias que ha estado implementando la Defensoría Penal Pública en el país, y de la que lógicamente en Chillán también nos hemos hecho parte”, dice el jefe de la Defensoría de Chillán, Antonio Guerra.

El abogado especifica que dentro de lo mejorado destaca el que “constantemente estamos recibiendo la visita de Claudio Fierro, jefe de las actuaciones en la Corte de Apelaciones, o bien podemos destacar la asignación de causas complejas a nuestras unidades especializadas con todo el apoyo que eso significa”.

Rompiendo el mito que apunta a la DDP como la “defensora de los delincuentes”, en la cuenta pública expuso los perjuicios asociados a la cautelar de prisión preventiva, medida que en numerosas ocasiones logró ser revertida por los defensores.

Esos argumentos usan de base el que, según cifras de la OCDE, Chile es el país con la tasa más alta de encarcelados en América del Sur y cuarto a nivel mundial. 

En primer lugar está Estados Unidos, con 666 presos por cada 100 mil habitantes; le siguen Israel (265 por cada 100 mil), Turquía (254) y Chile (237).

“La prisión preventiva implica una reincidencia del 39,1%” explicó Pizarro, agregando que “es un 18,5% quienes cumplen con reclusiones nocturnas; 8,5% para quienes reciben el beneficio de remisión condicional de la pena; y un 6,9% para los adultos con libertad vigilada”.

¿Malas investigaciones?

Si se revisan las ponencias de los fiscales Álvaro Serrano y la de Mauricio Mieres durante sus discursos para postular al cargo de fiscal jefe de la Región de Ñuble, es claro que ambos critican la falta de trabajo en terreno tanto de fiscales como de las policías.

Es más, Mieres deja entrever que los fiscales no van a los “sitios del suceso” para robos menores y Serrano critica la “ausencia de los carabineros como testigos en las audiencias”, lo que debilita tanto las investigaciones como las posibidades de ganar un juicio.

Ya fue noticia el incidente que Serrano tuvo con un sargento segundo el jueves antepasado, luego que éste dijera “no recordar nada” sobre un procedimiento por violencia intrafamiliar que el mismo funcionario tomó, lo que significó que se absolviera al imputado y además se condenara en costas al Ministerio Público.

Existen casos aún peores, como el de la patrulla que ingresó a un domicilio a recuperar un celular robado, pero no le informó al fiscal que en ese mismo domicilio había más celulares, relojes y joyas escondidas; o el del homicidio de la Medialuna, en 2017, cuando una persona que había sido denunciada por portar arma blanca, y tras agredir a carabineros, fue sacado del recinto por los uniformados, pero no lo detuviero ni le quitaron el arma, ni le hicieron un control de identidad. Media cuadra más allá, mató a un transeúnte.

Pero “no se puede culpar a las policías, ellos hacen lo que los fiscales les ordenan”, dice el ministro Darío Silva.

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