Chillanejas buscan a sus hijos arrebatados al nacer

Por: Carolina Fuentealba Fotografía: Fernando Villa 10:10 AM 2018-07-02

El Hospital de Chillán es el tercero con más número de adopciones irregulares según informe de la justicia. 

Chillanejas aparecieron en el registro nacional creado por la agrupación. 

Valeria Romero busca a su hijo nacido el 3 de abril de 1998 en el Hospital de Chillán. 

María Contreras busca a su hijo nacido en 1990 en el mismo establecimiento de salud.

Ambas mujeres se cuentan entre las más de 90 que decidieron romper el silencio y abocarse a la búsqueda de sus hijos, arrancados de sus brazos al nacer, cuando escucharon por parte del personal de la época versiones que nunca quedaron del todo aclaradas y que en la práctica les significó nunca más poder ver a sus hijos. 

Sus casos están registrados en “Hijos y madres del silencio”, grupo que reúne en Facebook a unas 3.000 personas: hijos que buscan su origen biológico y madres que quieren reencontrase con hijos arrebatados.

Sin papeles que respalden su historia, muchas madres guardaron su dolor por años. Pero a medida que los primeros casos fueron haciéndose públicos y se formaron grupos de búsqueda en redes sociales muchas se dieron cuenta de que miles compartían su experiencia.

Efectivamente, muchos centros asistenciales en el país consignan casos de adopciones irregulares durante las décadas de los 70 y 80’.

De acuerdo a la investigación judicial que lleva adelante el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Carroza, solo en el Hospital de Chillán se registraron 28 casos convirtiendo al recinto hospitalario en el tercero a nivel nacional, después de los hospitales del Salvador, con 20 casos, San Juan de Dios (16) y San José (15).

“En el caso de Chillán es uno de los hospitales al que tenían acceso asistentes sociales, donde les dijeron a las mamás que sus hijos habían muerto y que ahora, años después, han aparecido preguntando por sus madres, se los llevaban también desde los hogares y en los hospitales funcionaban captadoras y ese actuar era sistemático en todos estos hospitales”, afirma Marisol Rodríguez, vocera de la agrupación.

Muchos de los casos fueron revelados por las fichas de la asistente social Telma Uribe, quien trabajaba con una sueca ligada a la diplomacia. 

La justicia está investigando si esta asistente social, de edad avanzada actualmente, lideraba una red de adopciones irregulares en los hospitales públicos o funcionarios y profesionales operaban en forma particular en cada hospital. 

Lo cierto, apunta Marisol Rodríguez, es que existen muchos más casos de los que se tiene registro. 

“Solo en Suecia se ha comprobado que hay 2.500 casos de hijos chilenos separados de sus madres al nacer, en Chillán si hay 28 casos, pueden haber muchos más”, afirma. 

De acuerdo a testimonios recogidos, Ninhue, San Carlos, Chillán, Chillán Viejo, Coelemu, El Carmen y Quirihue son las ciudades ñublensinas donde se contabilizaron los hechos ilegales.

Adopciones en democracia

Si bien el peak de casos denunciados por las madres se produjo durante la dictadura, en especial entre 1975 y 1984, llama la atención que en el caso de Chillán se cuentan casos bien adentro en los años 90, ya en plena democracia, uno de ellos, el que denuncia Valeria Romero, en 1998. 

De ahí que la agrupación “Hijos y Madres del Silencio” haya iniciado una campaña tendiente a interpelar a los propios establecimientos de salud. 

“Lo que nosotros necesitamos es que se abran los archivos, las fichas de los hospitales, que se haga esto público para que la gente que está fuera de Chile se de cuenta de que pudo ser una adopción ilegal”, clama Marisol Rodríguez.

El camino de la justicia

El juez especial de causas de derechos humanos Mario Carroza realiza desde enero una extensa investigación sobre sustracción de menores centrada en los años de la dictadura, aunque, ante nuevas denuncias, la amplió hasta 2000.

Si bien se ha descartado el secuestro de niños como método represivo, como sucedió en Argentina, se cree que las condiciones de esa época facilitaron el actuar de grupos dedicados a “captar” niños para enviarlos al extranjero con fines económicos.

La modalidad se asemeja a la registrada en España, donde acaba de abrirse el primer juicio por un caso de bebés robados a sus madres para ser entregados a familias adoptivas, en una práctica que comenzó bajo la dictadura de Francisco Franco (1939-1975).

“No hemos establecido algún patrón que diga (que hay) relación con alguna política estatal de represión, pareciera ser más bien una especie de asociación ilícita, una organización lucrativa respecto de la adopción de personas de manera irregular”, explica a AFP el abogado del Instituto Nacional de Derechos Humanos Pablo Rivera, que ha presentado denuncias a nombre de las madres.

Un rol protagónico lo jugaron asistentes sociales, religiosos, médicos o funcionarios de municipios u hospitales, que detectaban a madres vulnerables y luego sustraían a los niños o lograban bajo engaños que fueran dados en adopción.

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