Pago oportuno

Por: 09:50 AM 2018-06-27

Cuando cualquier chileno incurre en un atraso al pagar sus deudas se le castiga su morosidad con intereses y gastos de cobranza. ¿Por qué entonces la gran empresa no debiese estar sometida a las mismas reglas?

Las micro, pequeñas y medianas empresas generan prácticamente el 50% del total de trabajadores dependientes de nuestro país. Pese a su rol, para nadie es novedad que las grandes empresas, aquellas que facturan sobre $22.000 millones, imponen a las Pymes sus condiciones.

Uno de los ejemplos más ilustrativos es el pago de sus facturas en plazos que pueden llegar abusivamente hasta los 180 días. Las Pymes, en la gran mayoría de los casos, se ven obligadas a aceptar esas condiciones, ya que no pueden arriesgarse a perder a sus grandes clientes o los canales de comercialización de sus servicios o productos.

Pero mientras las Pymes perciben los ingresos de sus facturaciones en plazos de hasta 180 días, deben cumplir sus obligaciones tributarias y laborales cada 30. Así, se les produce una falta de liquidez que deben enfrentar recurriendo a mecanismos como los factoring, que les adelantan el monto de sus facturas, pero aplicándoles tasas de descuento. Incluso, se ha llegado al extremo del abuso, a través del sistema pronto pago, donde las grandes empresas ofrecen “adelantar” el pago de las facturas que ellas mismas adeudan, pero también con un descuento.

El actual Gobierno ingresó un proyecto de ley con el título “Pago Oportuno a las empresas proveedoras de bienes y servicios por parte de sus pares compradoras”, que se encuentra en segundo trámite constitucional en la Comisión de Economía de la Cámara y que fija en 60 días el plazo máximo de pago sin intereses, o menos si hay acuerdo entre las partes.

La iniciativa, si bien significa una superación de lo que hoy existe, está bastante lejos de lo que han recomendado especialistas y representantes gremiales de la Pymes, que han propuesto la aplicación del interés máximo convencional a los montos facturados que no se paguen dentro de los 30 días siguientes a la fecha de recepción de la respectiva factura.

Igualmente, han planteado limitar el acceso al crédito IVA, solo respecto de facturas pagadas, ya que actualmente nos encontramos ante el absurdo de que una empresa que paga las facturas a su proveedor en 60, 90 ó 120 días, tiene derecho a crédito IVA al mes siguiente al cual registró tales facturas en su contabilidad. Es decir, el Fisco de Chile otorga beneficios a empresas respecto de obligaciones que no han cumplido.

Además, el Gobierno debería analizar la posibilidad de establecer un registro público, a cargo del Ministerio de Economía, que dé cuenta de aquellas grandes empresas que tienen como práctica comercial postergar el pago de facturas a las Pymes, tal como la Dirección del Trabajo lleva un registro y publica el listado de empresas que han sido condenadas por prácticas antisindicales.

Es de esperar que esta iniciativa del Ejecutivo sea enriquecida en su debate parlamentario, pues la brecha entre lo propuesto y los cambios que se requieren es demasiado amplia y pone en duda el cumplimiento del objetivo que se busca, que es  incentivar el crecimiento y el empleo y terminar con prácticas que asfixian a pequeños empresarios y emprendedores, estresándolos cada mes por cumplir sus obligaciones tributarias y laborales porque la gran empresa no ha cumplido la principal: pagarles por su trabajo.

 

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