Necesaria protección

Por: 2018-06-11

Las distorsiones en el precio interno del trigo han sido una constante en los últimos años, que se ha acentuado con la importación de trigo por parte de los molinos, en un contexto de libertad de precios y liberalización de aranceles. 

Sin duda, los principales afectados son los agricultores, quienes han planteado en todos los tonos la necesidad de que el Estado intervenga el mercado para mejorar el bajo precio que se les paga. 

Su respuesta ha sido incorporar al juego a la oxidada estructura de Cotrisa (Comercializadora de Trigo S.A.), empresa controlada por Corfo y creada en 1986, que tiene por misión “apoyar el funcionamiento transparente y competitivo del mercado interno de granos” (trigo, maíz, arroz y avena). 

Pero en la práctica, dicha entidad no ha cumplido su objetivo y los molinos han adoptado prácticas que atentan contra la libre competencia y distorsionan los precios, ya que están importando trigo de heterogénea calidad, en la misma época de cosecha en Chile, con el objetivo de acumular stocks y presionar a la baja los precios del mercado interno. 

El escaso número de compradores (molinos y corredores) facilita la colusión para fijar los precios, frente a un atomizado grupo de pequeños productores sin poder de negociación. De esta forma, cada vez que los trigueros locales quieren poner su producción en el mercado, se encuentran con que los molinos ya han comprado trigo importado, curiosamente a un precio mayor al del grano chileno, con el objetivo estratégico ya mencionado. 

Ante ese escenario, los agricultores no tienen más opción que vender al bajo precio que les ofrecen, dada la premura con que necesitan recursos para pagar créditos y la escasa capacidad técnica para almacenarlo hasta el invierno, en que el valor de mercado sube. 

Por eso es clave el rol de Cotrisa, al menos, en la teoría, ya que si comprara a mayores precios enviaría una señal al mercado, pero en la práctica eso no ocurre, porque solo compra a pequeños productores, que son un porcentaje y porque actúa tardíamente, restándole fuerza al efecto que se quiere generar. 

Asimismo, el Estado debe abandonar su actitud purista frente al libre comercio y establecer barreras paraarancelarias, con el objetivo de proteger sectores sensibles de la economía, tal como lo hace Estados Unidos con su agricultura, mediante el uso de los llamados marketing orders, decretos que restringen el ingreso de productos en los períodos de cosecha en dicho país, aumentando las exigencias de calidad. 

Medidas como las antes señaladas y que vienen hace una década siendo planteadas –sin éxito- por los propios agricultores, son parte de un proyecto de acuerdo que la semana pasada un grupo de diputados presentó al Gobierno. Allí, precisamente, piden restringir las importaciones en época de cosecha y fortalecer Cotrisa, además de otras medidas novedosas, como la creación de programas que fomenten y permitan desarrollar derivados financieros para cultivos anuales. 

La competencia desleal y la incertidumbre de precios que provoca, han causado la pérdida de 100 mil hectáreas de trigo en una década, lo que resulta un total contrasentido con las ideas de seguridad alimentaria y desarrollo sustentable del sector agrario.

Si el país desea competir en las grandes lides de la industria alimentaria, debe fortalecer su agricultura, y eso, sin el impulso del Estado, solo será un sueño.

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