Confirman inicio de obras de La Punilla para 2019

Por: Roberto Fernández Fotografía: Mauricio Ulloa 10:45 PM 2018-05-26

Las primeras obras del embalse La Punilla comenzarán a ejecutarse en el primer trimestre del próximo año, según se indica en el nuevo cronograma del proyecto, elaborado por el Ministerio de Obras Públicas, lo que confirma el plazo establecido al inicio de la concesión, pese al retraso observado en el proceso de relocalización de las familias de la zona A.

Se trata de la excavación y construcción de los túneles de desvío de las aguas, trabajos que se extenderán hasta fines de 2020. La construcción de la presa, en tanto, cuyo muro tendrá 137 metros de altura, comenzará el segundo semestre de 2020.

Lo que se observará este año, específicamente a partir del cuatro trimestre, será la instalación de faenas, vale decir, el establecimiento de las oficinas, bodegas, campamentos y las plantas de áridos.

De acuerdo a la última actualización del estado de avance del proyecto, fechada el 16 de mayo pasado, el MOP informó que el pasado 20 de marzo y de acuerdo a lo establecido en las bases de licitación, la sociedad concesionaria Astaldi hizo entrega de la ingeniería de detalle de las obras, las cuales se encuentran actualmente en etapa de revisión. Por otro lado, el concesionario se encuentra efectuando las gestiones para la tramitación de los permisos sectoriales que se requieren previo al inicio de las obras.

Relocalización de familias

La nueva carta Gantt, sin embargo, extiende el plazo para la relocalización de las primeras 31 familias, que son aquellas que viven en la zona A -donde comenzarán las obras-, dado que no se cumplió el plazo establecido anteriormente, según el cual, el pasado 3 de abril debía haberse completado el traslado y la implementación del Plan de Desarrollo Social (PDS), instrumento que contiene las medidas de compensación para la adquisición de predios y/o viviendas y el traslado de los afectados.

La Resolución de Calificación Ambiental (RCA) y el PDS entregado al concesionario, establece que este último debe implementar el citado Plan al total de 83 familias identificadas como residentes en la “Zona de afectación directa” del proyecto. Para ello se dispone, de acuerdo al contrato de concesión, de 300.000 UF ($8.100 millones) para su implementación.

Según las prioridades del cronograma del proyecto, la Zona de afectación directa se dividió en las siguientes tres zonas: la Zona A, que ya fue expropiada por la DOH, donde se ejecutarán las principales obras del embalse, se encontrarán los yacimientos y donde se encuentran 31 de las 83 familias afectadas por el megaproyecto según el catastro. Y por otro lado, las Zonas B1 y B2, que corresponden a los demás terrenos que serán inundados por el futuro embalse y donde residen las otras 52 familias.

Como se recordará, el embalse La Punilla se emplazará en la zona alta del río Ñuble e inundará un total de 1.700 hectáreas en las comunas de San Fabián y Coihueco.

Sin embargo, la megaobra que apuesta por dar seguridad de riego a 70 mil hectáreas exhibe un retraso en la relocalización de las familias, hecho que ha sido reconocido por el propio ministro de Obras Públicas, Juan Andrés Fontaine, aunque el secretario de Estado aseveró que ello no afectará el cumplimiento de los plazos de construcción.

Problemas de gestión social y denuncias de presiones contra la concesionaria que han hecho algunas familias han enturbiado el proceso, razón por la cual se estaría evaluando el desempeño del inspector fiscal de la obra. Tal es así que desde diciembre pasado a la fecha ninguna familia ha firmado el convenio.

De acuerdo al informe del MOP, a la fecha, la situación de las familias de la Zona A es la siguiente: 16 familias han accedido a la firma del convenio para coordinar el traslado y entrega de bonos para la adquisición de predios y viviendas según sea el caso; 14 familias que no acceden a la firma del convenio; y una persona como integrante único de una familia, falleció.

El rechazo a firmar dichos convenios responde a la disconformidad de las familias con los montos de los bonos establecidos para la adquisición de un inmueble, así como la ausencia de un plan de apoyo ganadero, que les permita continuar con su principal actividad económica: la crianza de animales.

La relocalización es, a juicio del diputado Frank Sauerbaum, el principal problema que enfrenta el proyecto. “Hay que evitar seguir escalando el conflicto y eso lo tienen claro en el MOP. Ellos están abocados a diseñar una estrategia que deje tranquilas a todas las partes, y también están conscientes de que lo que dice la RCA es el ‘desde’ (piso), que va a tener que respetar la empresa, desde ahí para arriba van a empezar otras solicitudes y es normal que así sea, hay que hacerse cargo de eso también”, y advirtió que han aparecido familias que no fueron catastradas y que también demandan ser compensadas. “Yo le he pedido al Gobierno que se haga cargo también de las otras solicitudes que finalmente pueden terminar entrampando el proyecto, porque se puede armar un conflicto social absolutamente innecesario ahí. Hay que ponerle prioridad”, expresó el parlamentario.

Para el alcalde de San Fabián, Claudio Almuna, el hecho que se haya reestructurado el cronograma de ejecución del proyecto es positivo, porque da mayor certeza y claridad a los actores involucrados sobre los plazos.

“Estamos ahora en la etapa de que una persona de Concesiones venga a la zona a trabajar con los afectados directos e indirectos algunas medidas que se ha pedido que se agilicen que están contempladas en la resolución de calificación ambiental”, comentó el jefe comunal.

Preocupación del ministro

Uno de los primeros temas que debió abordar el ministro de Obras Públicas al asumir en marzo fue la situación de La Punilla, razón por la cual en abril pasado anunció el envío de un asesor para recabar antecedentes. La medida, que fue aplaudida por actores locales, finalmente se tradujo en el envío de un profesional de la Dirección de Concesiones, quien visitó la zona este mes y presentó a Fontaine un diagnóstico detallado de los nudos del proyecto.

Para el secretario de Estado, no obstante, la demora en el traslado de las familias no afectará el cumplimiento de los plazos de la construcción, lo que queda de manifiesto en el nuevo cronograma del MOP, que mantuvo el plazo para el inicio de las obras.

Según el ministro, el tema crítico lo constituye la evaluación del estudio de impacto ambiental de la línea de transmisión eléctrica que se construirá para evacuar la energía que genere la central hidroeléctrica del embalse y que tendrá 23 kilómetros de longitud, entre La Punilla y San Fabián.

Ello, pues existe una cláusula de extinción anticipada del contrato en favor del concesionario, en caso de no obtenerse la RCA favorable para la línea de transmisión, que consiste en un plazo de 36 meses contados desde la publicación en el Diario Oficial de la adjudicación de la concesión (junio de 2016), para lo cual restan aún 13 meses.

En el marco de la evaluación en el SEA, la empresa tiene plazo hasta el 31 de mayo para presentar la segunda adenda con las respuestas a las nuevas observaciones y consultas de los servicios.

Comentarios