Inequidad ambiental

Por: Fotografía: Mauricio Ulloa 2018-05-22

Nadie podría cuestionar que, a diferencia de hace una década, hoy la ciudadanía es más activa, más crítica y demandante respecto del estado de su entorno, y de sus efectos en la calidad de vida. Los resultados de la encuesta nacional 2018 elaborada por el Ministerio de Medio Ambiente (MMA) en Ñuble, así lo confirman; como también que, por lejos,  la principal preocupación de los consultados en las diferentes comunas de la nueva región, es la saturación del ambiente respirable.

La contaminación por uso de leña no solo afecta a Chillán y Chillán Viejo, que son lugares críticos, ratificados por un sistema de monitoreo de calidad del aire; existen otras comunas de Ñuble que están presentando elevados niveles de saturación, que incluso podrían ser mayores a los de la capital regional, pero no cuentan con equipos de medición, lo que termina condenándolas en el acceso a una política pública que proteja a su población, ya sea por la vía de declaraciones provenientes de la autoridad sanitaria o ambiental, o mediante un instrumento como el Plan de Descontaminación Ambiental (PDA) que actualmente rige en la capital regional. 

Es cosa de escuchar a sus vecinos, autoridades y profesionales de la salud para confirmar que en Coelemu, Quirihue, Bulnes y San Carlos, los niveles de polución por las emisiones que produce la combustión de biomasa, son altísimos y se ven alentados por una “cultura de la leña” y la ausencia de medidas que enfrenten el problema. En estas ciudades la informalidad en la comercialización del combustible es moneda corriente, mientras que la fiscalización de emisiones y multas, brillan por su ausencia. El problema, tal como ocurre también en Chillán es sistémico y se retroalimenta con la indiferencia de las autoridades locales y la falta de conciencia de la ciudadanía por utilizar leña certificada, seca y de calidad. 

No obstante, siendo relevante el aporte que se pueda hacer desde el nivel comunal y comunitario para disminuir la contaminación, se requiere que la autoridad ambiental, asuma su responsabilidad en este cuadro y propicie una mayor atención sobre estas ciudades y sus más de 100 mil habitantes. Dotarlas de instrumentos de medición que permitan generar información útil para orientar un posterior trabajo de prevención y fiscalización, debería ser un primer paso. 

Contar con más y mejor información abre expectativas de una prevención y control más eficientes, como también de mayores niveles de conciencia en la ciudadanía. 

La nueva autoridad ambiental tiene una gran tarea por delante, ya que no solo debe rectificar el mal funcionamiento del PDA de Chillán y Chillán Viejo,  sino también comenzar a poner atención sobre otras comunas de la región, igualmente amenazadas por el que hoy es el enemigo público número uno de la salud de los ñublesinos.  

El asunto es grave y a la vez complejo, ya que está asociado a prácticas extendidas que tienen implicancias económicas y sociales. Sin embargo, esas dificultades no pueden ser excusa para que el Estado no cumpla su rol de asegurar un aire limpio a todos los habitantes de este territorio. 

Si toleramos que exista un amplio sector de nuestra población que respira una atmosfera envenenada porque la política pública no ha sido capaz de visibilizar esa realidad, significa que implícitamente aceptamos que en la nueva región hay ciudadanos de primera y segunda clase. Es otra versión de la inequidad, esta vez ambiental. 

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