¿El comienzo del fin de la era Aylwin en Chillán Viejo?

Por: Isabel Charlin Fotografía: La Discusión 09:00 PM 2018-05-20

Desde que comenzó la seguidilla de presentaciones ante Contraloría por parte de concejales de Chillán Viejo, allá por 2010, nunca se había estado ante una posibilidad cierta de lograr consenso para solicitar, como cuerpo colegiado, la destitución del alcalde, Felipe Aylwin, ante el Tribunal Regional Electoral (TER) del Bío Bío.

Fue la resolución del órgano contralor del 12 de febrero -que curiosamente, fue enviada a los concejales recién el 8 de mayo pasado-, la que los puso entre la espada y la pared: tras acreditar diversas faltas administrativas del alcalde Aylwin (ligadas al proselitismo político y la infracción a la legalidad del gasto), y sancionarlo con una multa (a la cual el jefe comunal apeló), Contraloría rectificó y mandató al Concejo de Chillán Viejo a pronunciarse sobre el particular, remitiéndose a un artículo de la ley 18.695 que apunta directamente a la destitución del alcalde en ejercicio.

Fue precisamente este “mandato” de Contraloría, el que fue tomado en cuenta por los ediles: si no actúan y llevan a cabo su labor fiscalizadora, también pueden ser acusados de notable abandono de deberes. 

Así lo entendió la concejala de RN, Susana Martínez, otrora aliada del alcalde Aylwin, quien en esta pasada, se ha mostrado más bien crítica.

“No hay mucho que conversar. Aquí hay que tomar una decisión como Concejo, quizás habrá algunos que no quieran, pero esto es algo que no podemos dejar pasar, es algo realmente grave y nosotros como concejales no podemos evadir nuestra responsabilidad”, sostuvo la edil, una de las firmantes, junto a Pablo Pérez (PPD), Jorge Del Pozo (PR) y Patricio San Martín (PR), de la propuesta de presentar un requerimiento ante el TER. 

“Es una situación grave, porque el hecho que Contraloría remita los antecedentes al Concejo, significa que nosotros debemos ahora tomar una decisión en conjunto”, aseveró Pablo Pérez, quien recordó además el contexto judicial que envuelve actualmente al alcalde y al municipio, por el caso desfalco.

Jorge Del Pozo, en tanto, planteó que “ya no nos podemos desentender de lo que está ocurriendo. Aquí Contraloría acreditó la responsabilidad administrativa del alcalde, por lo que tenemos una responsabilidad como concejales de sincerar nuestra posición”.

Sesión extraordinaria
Si bien los ediles habían solicitado poner en tabla la discusión y votación sobre el requerimiento para la próxima sesión ordinaria del 5 de junio; fue el propio alcalde Aylwin quien adelantó la citación, convocando a una sesión extraordinaria para este martes 22 de mayo, a las 15 horas, para abordar el tema.

No obstante los votos para aprobar la presentación estarían (se necesitan cuatro de los seis), hay dudas respecto del quórum para la sesión, que necesita de cuatro concejales para su realización.

También hay dudas en torno a las presiones que puedan estar recibiendo algunos ediles, que podrían incidir en una abstención o en un voto en contra. En el caso de los concejales Alejandra Martínez y Nelson Ferrada (ambos PS), es difícil que se pronuncien en contra del alcalde, por ser correligionarios y cercanos. Es más, Alejandra Martínez fue más bien cauta a la hora de recibir la resolución de Contraloría.

“Estamos pidiendo asesoría, consultando al director de Control y al secretario municipal para ver cómo se procede”, manifestó en dicha ocasión.

Los otros cuatro representantes chillanvejanos, en tanto, estarían a favor de recurrir al TER. Cabe recalcar que la presentación puede incluir dictámenes anteriores de Contraloría, y no remitirse exclusivamente a la resolución de febrero pasado.

Escenarios políticos
Si el Concejo aprueba o rechaza este martes concurrir al TER es más bien un voto político, pues si se rechaza, dos concejales por su cuenta pueden realizar de todas formas la presentación.

Una vez ingresado el requerimiento ante el órgano contralor, la experiencia muestra que el proceso podría tardar hasta un año. Un poco menos, si es que los antecedentes presentados son contundentes.

Cualquiera sea la determinación del TER, las partes pueden apelar al Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), órgano que tiene la última palabra. Eso sí, desde el momento en que el TER Bío Bío sanciona al alcalde con la destitución, éste es suspendido de sus funciones.

De ser ratificado el dictamen por el Tricel, es el Concejo el que define al sucesor(a) del jefe comunal, quien debe completar el período, hasta diciembre de 2020. En este caso, si el proceso tarda un año, el período correspondería a un año y medio de gestión, incluida la campaña municipal de 2020.

Para resultar electo alcalde por sus pares, un concejal debe convencer a otros tres, para así alcanzar cuatro votos (mayoría de seis). En caso de haber empate, es elegido alcalde quien obtuvo más votos en la última elección de concejales.

De inmediato surgen tres liderazgos que podrían generar consensos políticos al interior del Concejo: Jorge Del Pozo (PR), Pablo Pérez (PPD) y Susana Martínez (RN).

La definición de un nuevo alcalde para Chillán Viejo podría incluir, además, a los partidos y sus principales figuras en la región. 

El senador, Felipe Harboe, seguramente querrá potenciar a Pablo Pérez, en tanto Jorge Del Pozo ha retomado sus nexos con el diputado Carlos Abel Jarpa. 

No hay que olvidar que quien asuma, en caso de ser destituido Aylwin, deberá ser ratificado en las urnas en octubre de 2020.

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