[Editorial] Modernización municipal

Por: 11:30 AM 2016-05-05

En nuestro sistema político se da una abierta contradicción entre el deseo de entregar autonomía a los entes públicos más cercanos a la población -y que se supone conocen mejor sus necesidades- y una desconfianza respecto a la capacidad de gestión de los municipios.

En esta dicotomía se inscribe el recurrente debate en torno a las anacrónicas plantas de funcionarios municipales y a la falta de profesionales. La razón de ello es que mientras las necesidades de las comunas han ido creciendo y cambiando, las actuales plantas fueron fijadas por ley el año 1994, estableciendo que el 60% de los funcionarios de planta corresponden a cargos administrativos y auxiliares y solo el 20% a directivos y profesionales. 

Por otra parte, la frecuente queja de alcaldes que no pueden reemplazar a directivos y funcionarios de mal desempeño también se inscribe en este problema que tiene como principales expresiones la rigidez en la estructura y la inamovilidad de los funcionarios, amparada en el estatuto administrativo. 

Pero la escasa profesionalización no solo se debe a la rígida estructura de las plantas, sino que también a los poco competitivos sueldos que pueden pagar los municipios, no necesariamente por falta de recursos para ofrecer mejores remuneraciones, sino que debido a que éstos también se encuentran fijados por ley. 

En la actualidad los alcaldes, a través de la contratación de personal a honorarios, cuentan con algún grado de flexibilidad para que al margen de la estructura de plantas y escala de remuneraciones puedan contratar personal de acuerdo a sus necesidades, sin embargo estas contrataciones no han estado exentas de polémica y algunas incluso han sido cuestionadas por la Contraloría. 

Efectivamente, en algunos casos se ha utilizado este mecanismo para atraer profesionales con mejores sueldos a los municipios, mientras que en otros se ha visto la contratación de personas no tan necesarias para las labores propias del municipio o derechamente inútiles. Generalmente aquello esconde pago de favores políticos y a operadores que las autoridades necesitan para aspirar a la reelección, todo esto amparado en la casi nula exigencia de resultados ni rendición de cuentas, ya que las evaluaciones son poco rigurosas e incluso inexistentes. 

El proyecto de ley que modifica normas aplicables a funcionarios municipales y que actualmente se discute en el Congreso no elimina la actual inamovilidad laboral, que garantiza la pericia y la continuidad experta en el desempeño de complejas actividades, pero establece que un 75% de los nuevos cargos que se van a poder crear deberán ser profesionales, tal como lo propuso el Consejo Asesor Presidencial contra los Conflictos de Interés, el Tráfico de Influencias y la Corrupción, que encabezó el economista Eduardo Engel. Además, establece normas de responsabilidad fiscal y probidad para que los alcaldes no se descuadren en el gasto, ni usen los empleos municipales para el pago de favores políticos. 

Lamentablemente, la iniciativa que forma parte de la agenda descentralizadora del Gobierno, no considera espacios para el ascenso o descenso de los funcionarios sobre la base del mérito y evaluaciones objetivas y transparentes. 
Es de esperar que en la discusión legislativa se corrija esta debilidad que atenta contra la eficiencia del servicio público y vuelve incompleto este esfuerzo por modernizar a los municipios y transformarlos en empleadores competitivos. 
 

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