Control social

Por: 08:45 AM 2018-05-09

La polémica por las acusaciones de nepotismo en contra del Gobierno, ha generado el efecto buscado por la alicaída oposición, en cuanto a adquirir protagonismo mediático golpeando una de las peores prácticas de la política. Un fin cuestionable, proviniendo de un conglomerado que no puede alegar inocencia y grandes convicciones en este tema, pero que ha tenido la virtud de instalar en la agenda un fenómeno que existe en todos los niveles. 

En nuestro país este mal está profundamente enraizado e, indudablemente, es causa o motivo de muchos de los problemas que aquejan al sector público, porque, generalmente, los parientes y amigos de los funcionarios se valen de la influencia o de la intervención directa de los mismos para obtener prerrogativas, privilegios, prebendas, empleos y demás, lo que redunda en corrupción y abuso de poder.

Bajo el nepotismo, lo que impera son los vínculos de sangre, de afinidad o de amistad, y no el mérito, la excelencia y la honorabilidad. Luego, quienes obtienen los contratos, las concesiones, los puestos, los favores y las ventajas no son los que tienen la capacidad, la experiencia, la aptitud, el talento, el conocimiento y la ética, sino los que tienen el privilegio de ser parientes, amigos o allegados al político influyente o con poder.

Vemos, entonces, cómo los cónyuges, hijos, hermanos, primos, tíos, sobrinos, ahijados, financistas, etcétera, de los políticos que acceden al poder público -en el gobierno, municipalidades y entidades descentralizadas- son los primeros en ocupar cargos importantes, en obtener jugosos contratos y concesiones, en participar de amañadas negociaciones y en tener acceso a información privilegiada que les permite lucrar con ventaja.

En este tema la ingenuidad hace tanto daño como el cinismo y junto con la madurez de entender que en política siempre se buscará pagar favores, lo que hay que preguntarse es si las prácticas clientelares son avaladas por la democracia y sus actores. Si así fuera tenemos un problema mayor que solo el control social y la estricta rendición de cuentas podrán frenar antes de que sea demasiado tarde.

Evidentemente, llevará tiempo empoderar a la población en este nuevo rol que no tiene costumbre de ejercer, más aún cuando las señales que se emiten desde los propios fiscalizados son en algunos casos confusas, demasiado técnicas, tardías o simplemente negadas. 

En definitiva, este comportamiento -de muy bajo involucramiento de la ciudadanía en la fiscalización de sus autoridades y gran desconocimiento de los derechos que pueden ejercer para cumplir este rol- hace que nuestro país tenga un debilitado capital social, ya que uno de los pilares de las sociedades avanzadas es precisamente un fuerte compromiso de la comunidad en la gestión pública, lo que se logra a través de la fiscalización y el acceso a la información. 

A no dudarlo, el control social significa más honestidad y menos corrupción, más efectividad en la gestión pública y menos burocracia y negligencia. Virtudes, todas, deseables de un Estado moderno, o de cualquiera que pretenda serlo.  

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