Ñuble: porcentaje de objetores al aborto duplica promedio país

Por: Jorge Chávez Fotografía: Mauricio Ulloa 10:50 PM 2018-05-06

A la ya difícil decisión que, por razones médicas o a raíz de haber sufrido ataque sexual, adoptan algunas mujeres de interrumpir su embarazo, muchas veces se le suman externalidades que hacen aún más traumático el pedregoso camino que tienen por delante; el rechazo familiar y la falta de recursos para realizarse el procedimiento, cumpliendo estándares mínimos de salubridad.

Hasta hace siete meses aquellas víctimas que, tras un aberrante episodio, quedaron embarazadas y no querían llevar consigo el resultado de aquel infortunado hecho, dependían de cuánto dinero tenían para abortar en condiciones óptimas y sin que corra peligro sus vidas, fuera de la ley.

Es un secreto a voces que en Chile las mujeres de mejor posición económica acudían a clínicas y gineco-obstetras de cabecera para que, de manera segura y confidencial, interrumpieran el proceso de gestación con la garantía de estar recibiendo un servicio de calidad, al cual no todas tenían acceso. De hecho, la clandestinidad con la que se practicaba el procedimiento a las mujeres con pocos recursos daba cuenta de una marcada y hasta peligrosa inequidad, la cual se proyectó combatir con una legislación. Asimismo, la visión del Ejecutivo, en el pasado gobierno, apuntó a empoderar a la mujer despenalizando la acción médica.

Hasta inicios de abril pasado la Ley de Aborto en Tres Causales, promulgada el 23 de septiembre del 2017, permitió 111 procedimientos en todo el país, según el balance del Ministerio de Salud (Minsal). En el 23,4% del total de casos (26) la razón fue violación sexual, un 31,5% (35) se dio por inviabilidad fetal y el 45% (50) se dio a raíz de que el embarazo estaba poniendo en riesgo la vida de la madre.

Los establecimientos de salud objetores institucionales de conciencia suman al menos ocho a nivel nacional, mientras que los médicos de la red pública que manifestaron su postura personal contraria a la normativa, alcanzan los 306 (31,5%) de un universo  de 971.

Realidad ñublensina
Los recintos asistenciales del Servicio de Salud Ñuble (SSÑ), con instalaciones adecuadas para la aplicación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, son el Hospital de San Carlos y el Hospital Clínico Herminda Martín (HCHM) de Chillán; ambos locales tienen habilitados policlínicos de Alto Riesgo Obstétrico (ARO), equipamiento necesario y fundamental para la práctica de las prestaciones garantizadas por la ley.

De acuerdo a la información actualizada presentada por la repartición pública del sistema de Redes Asistenciales, de los 34 gineco-obstetras que  trabajan en los dos centro de salud cabeceras de las provincias de Diguillín y Punilla, 21 de ellos han presentado su objeción de conciencia al menos en una de las tres causales de la legislación, representando un 61,7% del personal, cifra que prácticamente duplica el promedio país.

Respecto a las intervenciones médicas, en el poco más de medio año de vigencia de la normativa tres mujeres han solicitado la prestación, según resgistros del SSÑ.  Dos de ellas invocaron la causal dos (inviabilidad fetal) y una la tercera causal (embarazo resultado de una violación).

De acuerdo a los antecedentes que maneja el Colegio Médico de Chile entregados  días atrás, hasta el momento seis centros médicos del país han hecho pública su objeción de conciencia institucional a propósito de la ley (las clínicas de la Universidad de Los Andes, Red UC-Christus, Alemana de Osorno, Indisa y los hospitales privados parroquial de San Bernardo y de Panguipulli) y dos más estarían en proceso.

En la capital de Ñuble los establecimientos privados aptos para la práctica de la intervención médica, la Clínica Chillán y Las Amapolas, no se han adherido institucionalmente a la objeción de la legislación. De manera extraoficial, desde el primer establecimiento indicaron que al no haberse emitido públicamente un documento expresando oposición a la legislación, en rigor depende de los profesionales el que adhieran o no a las prestaciones.

En el caso de Las Amapolas, pese a que LA DISCUSIÓN intentó de manera formal conocer detalles sobre su realidad en el contexto de la Ley de Aborto en Tres Causales, en la oficina de la Asistencia de Gerencia y Dirección Técnica se excusaron de entregar información alguna debido a que la jefatura se iba a ausentar del país.

Garantía
El director del SSÑ, Iván Paul, aclara que en cualquiera de las tres causales la red asistencial, en sus distintos niveles de atención (desde los centros de atención primaria, de especialidades o de urgencia), está coordinada para brindar atención integral y acompañamiento a las mujeres, comprendidas en algunas de las tres situaciones.

“Para resguardar su seguridad y la continuidad de su atención, en caso de ser necesaria la derivación de la usuaria entre centros de salud, será coordinada y asistida resguardando en todo momento su confidencialidad. La atención de todas y cada una de las pacientes está garantizada”, explica.

El funcionario detalla que, en la red de salud, los equipos  se han preparado para dar cumplimiento a la legislación que aborda tres casos muy precisos y difíciles de tomar  para las mujeres.

“Esto implica, por un lado, la adecuada confidencialidad, protección y acompañamiento y por otro, la garantía efectiva de que el procedimiento de salud se realizará en las condiciones de seguridad, oportunidad, dignidad y apoyo que corresponde”, añade Iván Paul.

Apoyo
El director del HCHM, Rodrigo Avendaño, asegura que, tal como lo establece la norma, está constituido adecuadamente el equipo profesional, integrado por psicólogo y trabajador social, para realizar el programa de acompañamiento al que tienen derecho las mujeres que se encuentren en alguna de las causales de interrupción voluntaria del embarazo, independiente de su decisión de continuarlo o de interrumpirlo, ya que se respeta su autonomía.

“El programa incluye acciones de acogida y apoyo biopsicosocial, y se debe ofrecer a toda mujer una vez constituida la causal, considerando que solo se realiza en la medida en que ella lo autorice expresamente”, refiere el profesional.

El médico precisa que, con el objetivo de fortalecer la información sobre la aplicación de la Ley 21.030, se encuentran capacitados profesionales (médicos, matronas y psicólogos) de la plataforma de asistencia telefónica Salud Responde, los que además brindan soporte en caso de crisis junto con dar orientación para el acceso a atención de salud especializada a la mujer, sea adolescente o adulta la que consulte.

Argumentos
Desde el SSÑ enfatizan que la paciente que invoque la ley en busca del servicio, debe manifestar en forma expresa, previa y por escrito, su voluntad de interrumpir el embarazo en los tres casos garantizados legalmente.

Causal uno: Peligro para la vida de la mujer. La expresión “riesgo vital” significa que se permite la interrupción para poner fin a un embarazo que llevará a la muerte a la madre si no se interviene. Debe contar con el respectivo diagnóstico médico.

Causal dos: Inviabilidad fetal de carácter letal. Opera exclusivamente en aquellos casos en que el diagnóstico médico determina que el embrión o feto padece una alteración congénita o genética de carácter letal, que lo hace incompatible con la vida fuera del útero materno. Se debe contar con dos diagnósticos concordantes de médicos especialistas.

Causal tres: Embarazo resultado de una violación. En esta situación un equipo de salud, especialmente conformado para estos efectos, confirmará que el embarazo es producto de una violación e informando por escrito a la mujer (o a su representante legal, en caso que sea menor de edad) y al jefe del establecimiento hospitalario o clínica particular donde se solicita la interrupción.

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