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Detalles del nuevo fondo de pérdidas y daños pactado en la COP27

El nuevo fondo que consiguió aprobar en la cumbre del clima de la ONU dará respuesta a las pérdidas y daños ocasionados por el cambio climático en los países más expuestos a sus efectos, aunque quedan pendientes algunas cuestiones sobre las que los negociadores no lograron consenso.

A falta de conocer sus detalles sobre cómo funcionará, quién deberá aportar dinero o cuándo exactamente estará totalmente operativo, la COP27 convino componer un Comité de Transición, de 24 miembros que deberán ser nominados en diciembre de 2022, que tendrá que tomar decisiones sobre el nuevo fondo para finales de 2023.

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Su aprobación fue el resultado de dos semanas de intensas negociaciones en las que los Estados más vulnerables ante los efectos adversos de la crisis climática lograron convencer a los países desarrollados de que tienen la responsabilidad moral de costear los daños económicos que les ocasiona el calentamiento global.

Al inicio de las negociaciones, la Unión Europea, Estados Unidos y Japón -entre otros- eran reacios a crear un fondo a corto plazo. Los primeros argüían que se tardaría años en ponerlo en marcha y eso retrasaría la movilización de dinero en tiempos que demandan respuestas urgentes.

En lugar de establecer un fondo ad hoc para pérdidas y daños, las economías más industrializadas proponían recurrir a los instrumentos financieros ya existentes bajo el paraguas de la Convención Marco de la ONU sobre Cambio Climático, pero finalmente, tras ver que los estados en desarrollo no desistían en reclamar un fondo nuevo, la UE cedió para desatascar el diálogo y presentó su propia propuesta de fondo.

La propuesta que plantearon los países del G77 y China se basaba en una clasificación de estados de 1992, de forma que todos los países considerados “en desarrollo” según el Anexo I de UNFCCC -entre los que se incluyen China, Catar, Arabia Saudí o Kuwait- pudieran acceder a la ayuda, y que los “desarrollados” fueran los donantes.

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